14/09/21

El Estado ya maneja la hidrovía, pero Jan de Nul y Emepa no se van

El sábado arrancó la concesión de AGP y el cobro estatal de peajes. Tras 25 años, permanecen las socias de Hidrovía SA. Traspaso de personal y bonos especiales.

Por Antonio Rossi



En una muestra más del accionar contradictorio y zigzagueante que tiene a la hora de manejar los temas relevantes, el Gobierno dio inicio a la estatización transitoria de la hidrovía Paraguay-Paraná contratando en forma directa a las empresas privadas que desde mediados de los 90 estuvieron a cargo de las obras de dragado y balizamiento de la autopista fluvial.

Designada como la nueva concesionaria estatal a partir del último sábado, la Administración General de Puertos (AGP) negocia contrarreloj para mantener las condiciones de navegabilidad del corredor fluvial con la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa, las dos compañías que integraban la operadora saliente, Hidrovía SA.

Sin buques ni equipos para encarar por su cuenta las tareas de dragado y balizamiento, el organismo portuario conducido por el santacruceño José Beni apunta a prorrogar la actividad de ambas compañías por medio de dos contrataciones separadas que quedarían formalizadas en los próximos días.

El nuevo esquema operativo, con el cual se prevé garantizar la profundidad del calado y el sistema de señalamiento de la principal vía navegable del país, fue anticipado dos días antes de las PASO por el funcionariado de Transporte y la AGP al sindicato de dragado y balizamiento que lidera Juan Carlos Schmid.

Tras el mensaje bajado desde la cartera encabezada por Alexis Guerrera y el ente portuario, representantes del gremio procedieron a comunicar las nuevas coordenadas al personal de Hidrovía SA, que desde hace varios días venían reclamando precisiones y respuestas ante la finalización del contrato de la concesionaria privada.

Según la información que recibieron quienes trabajan en Hidrovía SA, las obras de dragado quedarán en manos de la firma Compañía Sudamericana del grupo Jan de Nul. El personal de Hidrovía SA que realiza esas tareas pasará a la nueva empresa, que les reconocerá todos los años de antigüedad laboral. Además, cobrarán un bono especial a modo de premio, cuyo monto se definirá en los próximos días. Quienes están próximos a jubilarse podrán dejar de trabajar y cobrarán una indemnización del 100%. En tanto, la planta afectada al balizado y señalamiento se incorporaría a la unidad de negocios de Emepa que ha venido integrando el consorcio desde hace un cuarto de siglo. El pase se haría bajo las mismas condiciones fijadas para sus pares del dragado.

En ambos casos, las contrataciones directas de la AGP serían por un plazo inicial de tres meses, para dar paso luego a una “licitación corta” para seleccionar a las nuevas operadoras que, en principio, permanecerían hasta setiembre del próximo año.

Presencia cuestionada

A diferencia de Jan de Nul, cuya continuidad al frente del dragado no genera objeciones, la presencia de Emepa va camino a generar ruido por los marcados cuestionamientos que viene recibiendo desde el año pasado desde el ala dura del kirchnerismo.

Con el ahora ministro de Defensa, Jorge Taiana, a la cabeza, los sectores que impulsaban una mayor injerencia estatal en el manejo de la hidrovía tienen en la mira al dueño de Emepa, Gabriel Romero, quien en la denominada “Causa de los cuadernos” declaró como arrepentido haber pagado 600.000 dólares de soborno por el decreto 113/2010, por el cual el gobierno de Cristina Kirchner le habría prorrogado la concesión en la década pasada.

El plan inicial de la AGP para reemplazar a Emepa al término de la concesión de Hidrovía SA contemplaba la contratación de una UTE conformada por las empresas Pentamar, Hydra y Sade Electromecánica, que operan actualmente el servicio balizamiento en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.

Esa jugada no se pudo concretar por problemas de papeles e insolvencias patrimoniales y a la AGP no le quedó otra alternativa que recurrir a Emepa para no dejar a la deriva y sin atención el sistema de señalamiento y de ayuda a la navegación de los barcos que se movilizan por la hidrovía.

En cambio, donde no hubo ninguna clase de problemas ni de demoras ha sido en la implementación del nuevo mecanismo de recaudación estatal de los peajes fluviales que en los últimos 25 años fueron a parar a la caja de la concesionaria privada.

La AGP se adelantó a los hechos y a mediados de agosto montó las bases del sistema que, desde el primer minuto del sábado, les permite cobrar los peajes en el corredor fluvial que concentra el 85% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores.

Según las nuevas reglas de juego, las agencias marítimas y compañías navieras tienen que darse de alta como nuevos clientes del organismo portuario y abonar los peajes en una cuenta específica del Banco Nación.

Con esa recaudación, deberá pagar las obras y tareas contratadas con Jan de Nul y Emepa y transferir el 0,5% al nuevo “ente de control y gestión de la vía navegable”, que tras haber sido creado por decreto a fines de agosto estaría plenamente operativo en un plazo de tres meses.

Nota Editada en Letra P