Por Antonio Rossi
El rechazo que sufrió en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022 dejó al Gobierno sin un instrumento legal que había introducido a último momento y que estaba destinado a sentar las bases y el marco normativo de la prometida y demorada segmentación tarifaria prevista para los usuarios residenciales de los servicios públicos.
Para superar ese traspié y poder contar con el sustento legal que permita avanzar sin contratiempos con las modificaciones tarifarias, el funcionariado del área energética que comanda Darío Martínez ya tendría en las gateras un nuevo proyecto de ley específico para ser enviado a las sesiones extraordinarias del Congreso, que el Ejecutivo se apresta a convocar por estas horas.
El borrador que circula en las oficinas de la secretaría de Energía contiene prácticamente los mismos enunciados y alcances que figuraban en el artículo 145 del fallido Presupuesto 2022 que quedó en el camino la semana pasada.
Había sido incorporado por legisladores oficialistas unas horas antes de que se aprobara el dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda junto con otros 55 artículos y planillas anexas que introducían una parva de nuevas obras para determinadas provincias, desgravaciones impositivas sectoriales, subas de tasas y un refuerzo de partidas para ser distribuidas de manera discrecional.
En lo esencial, el artículo 145 le delegaba al Poder Ejecutivo las facultades para poder implementar un programa de “segmentación tarifaria en los servicios públicos con el fin de garantizar la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva”. Esa potestad se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se encontraran finalizadas y en curso las renegociaciones tarifarias integrales (RTI) que están fijadas en el DNU 1020/20 y que deben llevar adelante las intervenciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que conducen respectivamente los técnicos kirchneristas Soledad Manín y Federico Bernal.
El nuevo proyecto habilita a la Secretaría de Energía a avanzar con la creación de un Registro de Capacidad Económica de Usuarias y Usuarios de Servicios Públicos como instrumento para la evaluación y valoración de precios y tarifas.
El texto en danza establece que el Gobierno tendrá que cumplir dos funciones salientes. La primera consiste en “generar mecanismos de eficiencia creciente en la asignación de los recursos públicos desarrollando mecanismos que asignen manera focalizada los subsidios tarifarios a la demanda de los usuarios y de grupos sociales que efectivamente lo necesiten”.
La segunda tarea asignada es la de “ejecutar un proceso de segmentación de precios y tarifas en función de las características y capacidades socioeconómicas, patrimoniales, regionales y de nivel de ingresos de los usuarios”. Para alcanzar este objetivo, las autoridades de Energía deberán tener en cuenta “el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a los servicios públicos”.
Anunciada hace más de un año, la segmentación tarifaria para los servicios de luz, gas y agua potable que están bajo la órbita del Gobierno todavía no tiene un formato claro de implementación ni una fecha cierta de entrada en vigencia.
Si bien casi todas las semanas el área energética consigna que está trabajando en el tema, hasta ahora no se conocen mayores precisiones sobre los porcentajes de aumentos y la cantidad de clientes que se verán afectados por la reducción o eliminación de los subsidios que reciben actualmente.
Con el envío del proyecto de ley al Congreso, la administración de Alberto Fernández busca ahora que los bloques legislativos de Juntos por el Cambio se vean involucrados en la cuestión y no tengan otra alternativa que avalar los cambios y aumentos que sobrevendrán con la segmentación tarifaria. De esa manera, el costo político que implicará la decisión de quitar subsidios y ajustar tarifas sería compartido con la oposición y no recaería por completo sobre las espaldas del Gobierno.
Usinas limitadas
Mientras se prolonga la espera en torno a la segmentación tarifaria, un informe producido por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) encendió las luces de alerta en el sector eléctrico.
La empresa encargada del manejo operativo y las transacciones comerciales del sistema eléctrico nacional advirtió que para 2022 se proyecta un mayor requerimiento de usinas térmicas y combustibles más caros para poder atender la demanda.
Tras analizar el comportamiento del sector gasífero previsto para el próximo año, los equipos técnicos de Cammesa destacaron que “las bajas en las inyecciones de la cuenta norte y las importaciones de Bolivia dejan sin posibilidad de operar a las centrales eléctricas de alto rendimiento en el área del NOA”.
En la región del Litoral, los menores ingresos bolivianos y la saturación de los gasoductos que vienen de la cuenca neuquina “impactan en una menor disponibilidad de gas para los ciclos combinados más eficientes que se ven obligados a utilizar gasoil durante el otoño con el consiguiente incremento de horas equivalentes de operación y aumento de frecuencia entre los mantenimientos”.
El informe también resaltó que “el equipamiento térmico disponible con combustible alternativo no sería suficiente para cubrir la demanda si en el mes de mayo se registran días fríos sin que esté disponible el barco regasificador de Bahía Blanca”.
Hasta ahora, la programación oficial de Energía prevé tener de regreso y conectado el barco de GNL en el puerto bahiense solo entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Frente eso, desde Cammesa alertaron que “las situaciones extremas que plantea la demanda y los altos consumos de combustibles alternativos previstos para mayo y setiembre podrían verse moderados si se contara con una ventana más amplia de disponibilidad del regasificador de Bahía Blanca”.
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