Por Antonio Rossi
La falta de coordinación y las contradicciones internas que arrastra la administración de Alberto Fernández terminaron por congelar hasta nuevo aviso las inversiones en exploración de hidrocarburos off shore que iban a concretarse a partir de octubre.
Pese a los mensajes que le bajaron los funcionarios de Energía para recordarle que se trata de una “cuestión clave y estratégica” para el desarrollo del sector; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, decidió postergar sin fecha el permiso ambiental requerido por las petroleras que se adjudicaron los relevamientos de prospección sísmica en el Mar Argentino.
La decisión del área de Cabandié se conoció en medio de la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en las PASO y a solo dos días de que Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaran oficialmente el envío al Congreso de la nueva ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que, en un capítulo específico, alienta la búsqueda de petróleo y gas en las cuencas marinas.
Tras haber convocado en julio a una audiencia pública virtual, donde la petrolera noruega Equinor defendió su proyecto de exploración off shore ante más de 400 participantes y referentes de organizaciones ecologistas que se manifestaron en contra, ahora el ministerio de Ambiente resolvió “suspender los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta tanto se reciban las respuestas de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia”.
Para justificar la suspensión, los funcionarios de la cartera ambiental destacaron que la situación planteada requiere “la intervención de distintas áreas del organismo y del Gobierno para analizar cada una de las exposiciones recogidas en la audiencia por lo que resulta necesario contar con un plazo más extenso y razonable con el fin de poder recabar la debida información".
Si bien lo que ha quedado paralizado ahora son las prospecciones sísmicas en tres áreas de Equinor que están localizadas a 307 kilómetros de costa de Mar del Plata y a 433 kilómetros de Necochea; lo que realmente está en riesgo de perderse es un paquete más significativo de 724 millones de dólares de inversiones comprometidas en 18 áreas de exploración off shore que fueron adjudicadas en mayo de 2019 por el gobierno de Mauricio Macri.
Los bloques en juego se encuentran en las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste y abarcan una superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados que nunca ha sido explorada. Quedaron en manos de las empresas locales YPF, Pluspetrol y Tecpetrol y las grandes petroleras que tallan en el mercado mundial Shell, Qatar Petroleum, Exxon Mobil, Total, BP, Wintershall, Mitsui, ENI, Tullow y Equinor.
Las concesiones fueron otorgadas por cuatro años y pueden extenderse por un período similar en el cual las petroleras tienen que avanzar con la perforación de un pozo. Si un bloque resulta comercialmente viable, la empresa que lo exploró accede a un permiso de producción por un lapso de 35 años.
Hasta fines de 2019, los permisos ambientales para las obras e inversiones petroleras eran otorgados por el área de Energía. Un mes antes de dejar la Casa Rosada a manos de la actual administración del Frente de Todos, el gobierno de Macri aprobó un nuevo procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que deben obtener todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio y costa afuera.
Por medio de una norma conjunta, se estableció que las áreas de Energía y de Ambiente son las autoridades de aplicación y ambas deben participar en la EIA. No obstante, se dejó bajo la órbita de los funcionarios de la cartera ambiental la convocatoria a audiencia pública, la elaboración del Informe Técnico Final y la emisión de la DIA que aprueba o rechaza cada proyecto.
Impacto en Vaca Muerta
Para las petroleras, la demora originada en la suspensión de los plazos de la evaluación del impacto ambiental hará más difícil y compleja la llegada de nuevas inversiones externas destinadas a incrementar tanto producción de Vaca Muerta, como la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
Lo que más llama la atención a los directivos de las petroleras es el llamativo silencio del secretario de Energía, Darío Martínez, quien no ha salido a defender públicamente los trabajos y las inversiones comprometidas en las áreas marinas que son a puro riesgo privado y no implican desembolsos para el Estado.
La única voz oficial de Energía que se escuchó en los últimos días a favor del inicio de los relevamientos de exploración sísmica ha sido la de Maggie Videla, la subsecretaría de Hidrocarburos.
En una reunión plenaria de la comisiones de Minería y Presupuesto del Senado donde acudió a explicar los alcances de la nueva ley de hidrocarburos, la funcionaria rechazó las críticas a los proyectos off shore destacando que no van a afectar a los pesqueros y a las costas de Mar de Plata porque se localizan a más de 300 kilómetros mar adentro.
En tanto, el exsecretario de Energía y titular del Instituto General Mosconi, Jorge Lapeña, advirtió que el país necesita reemplazar con urgencia sus yacimientos más viejos y caros por los nuevos y más productivos que podrían encontrarse en las cuencas marinas.
“El Gobierno -según el ex funcionario radical- el Gobierno tiene que dejar el doble discurso y resolver si va apuntalar la búsqueda de petróleo en el mar con los resguardos ambientales del caso o va a ponerle un cepo definitivo para complacer a los que reclaman una postura extrema de los acuerdos internacionales de “descarbonización” y transición energética".
Nota Editada en LetraP
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