Por Antonio Rossi
Contrarreloj y en medio de una fuerte embestida del ala kirchnerista de la coalición gobernante que bregaba por una estatización de los servicios, el Gobierno resolvió prorrogar este jueves en forma “excepcional y temporaria” la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay que está en manos de la operadora integrada por el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa, y por la que moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.
En vísperas de que expire el contrato vigente con la empresa Hidrovía SA, la administración de Alberto Fernández decidió extender la concesión por la vía de una resolución del ministerio de Transporte que tiene la particularidad de haber sido refrendada por el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
A solo 24 horas de que el Presidente le encomendara en forma transitoria “la firma y la atención del despacho” de la cartera de Transporte, Katopodis debutó en su nuevo rol con la rúbrica de una medida que tiene un fuerte contenido político y económico y que puertas adentro del Gobierno promete seguir generando ruido y cuestionamientos.
La prórroga que favorece a la sociedad de Jan de Nul y Emepa fue fijada por un plazo inicial de 90 días hábiles y empezará a correr desde el 1 de mayo. Si bien no lo establece expresamente, los fundamentos de la medida abren la puerta a otras extensiones similares hasta tanto se conozca al nuevo concesionario privado que surgirá de la licitación internacional que se pondrá en marcha a mediados de julio.
Para justificar la extensión contractual aprobada por medio de la resolución 129 de la cartera de Transporte, el Gobierno echó mano a dos argumentos relevantes.
En primer lugar, a que “las actividades previstas en la concesión resultan fundamentales para garantizar la libre navegación en todos los cursos fluviales que conforman la vía navegable troncal” y que tal situación de emergencia “debe ser atendida por el Estado sin dilación a los fines de garantizar los servicios a su cargo, el desarrollo económico en su conjunto y las fuentes de trabajo involucradas”.
Tras reconocer “la insuficiencia de recursos del Estado para asumir la ejecución de los trabajos de dragado, balizamiento y operación de la principal vía navegable del país”, la resolución publicada en el Boletín Oficial en los primeros minutos de este jueves destaca que “la medida constituye una prerrogativa del poder concedente de carácter razonable, transitorio y contingente para poder atender un caso extraordinario que compromete los intereses públicos y estratégicos del país”.
Tal como informó Letra P, a principios de abril el entonces titular de Transporte, Mario Meoni, había obtenido la vía libre de la Casa Rosada para avanzar con una prórroga transitoria a la actual operadora de la hidrovía durante el tiempo que demandará el proceso licitatorio para adjudicar el mantenimiento y la ampliación del corredor fluvial a un nuevo concesionario.
La adopción de esa medida se vio demorada más de lo aconsejable por las trabas administrativas registradas en la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero y por la conmoción interna generada la semana pasada tras el trágico deceso de Meoni en un accidente automovilístico.
Otro motivo que fue retrasando la oficialización de la prórroga fueron las diferencias planteadas en los despachos oficiales entre quienes consideraban que la prolongación contractual debía salir por decreto y los funcionarios que sostenían que la cartera de Transporte estaba habilitada para sacarla por medio de una resolución, tal como se terminó concretando con la firma del ministro "transitorio” Katopodis.
Larga vida
La extensión de la concesión acaparó fuertes críticas provenientes de las filas kirchneristas con el senador nacional Jorge Taiana a la cabeza que, bajo la bandera de la soberanía nacional, impulsan un mayor protagonismo estatal en el manejo y control de la hidrovía.
Además de tratar de ganar espacio en el sector naviero y portuario, la movida impulsada por el kirchnerismo buscaba correr anticipadamente del negocio al dueño de Emepa, Gabriel Romero, quien en la denominada “Causa de los Cuadernos” declaró como arrepentido haber pagado 600.000 dólares de soborno por el decreto 113/2010, por el cual el gobierno de Cristina Kirchner le había prorrogado la concesión por 11 años más.
Privatizada durante la gestión menemista, la operación de la autopista fluvial que enlaza los principales puertos del Litoral y bonaerenses con la salida atlántica había quedado a cargo de Hidrovía S.A. en los primeros meses de 1995.
El contrato iba a durar inicialmente solo una década, pero tras cuatro renegociaciones registradas en 1997, 2002, 2005 y 2010; la concesionaria logró mantener su presencia durante un período que ya lleva acumulado un cuarto de siglo y que ahora ha sumado una nueva prórroga que podría estirarse hasta 2022.
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