21/02/21

El monstruo del aumento del gas tiene dos cabezas

Por la interna entre Energía y el ente regulador, se organizan dos audiencias públicas distintas para definir los incrementos en las boletas de los usuarios.

Por Antonio Rossi


La cada vez más evidente disparidad de criterios que existe por el ajuste tarifario en las facturas de gas entre el interventor del ente regulador, Federico Bernal, y el tándem que forman el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, va camino a generar una insólita situación.

Tal como se perfila el panorama, la definición del aumento de tarifas, que debe comenzar a regir en marzo, se concretaría tras la realización de dos audiencias públicas que llevarán adelante por separado dos estamentos energéticos de la administración de Alberto Fernández.

Una de ellas será piloteada por la secretaría que conduce Martínez y la subsecretaría de Hidrocarburos dirigida por Maggie Videla. Ya fue convocada para el 15 de marzo para tratar qué porción del precio del gas natural van a afrontar los usuarios y qué parte cubrirá el Estado con el pago de subsidios a las petroleras.

La otra audiencia pública es la que tiene en las gateras el interventor del Enargas. Se anunciaría en los próximos días para la segunda quincena de marzo. En este caso, se tratarán los aumentos transitorios destinados a recomponer los ingresos específicos de las distribuidoras (Valor Agregado de Distribución) y las transportadoras (Valor Agregado de Transporte).

La convocatoria a dos audiencias públicas en lugar de una sola, tal como ocurrió en 2016 en una revisión tarifaria similar a la actual, no hace más que poner sobre el tapete la disputa interna y la falta de coordinación que viene arrastrando el Gobierno desde fines del año pasado entre la dupla Guzmán-Martínez y Bernal, quien llegó a ese cargo impulsado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Divergencias

Los motivos de las divergencias son básicamente dos: la instrumentación del Plan Gas 2020-2024, que Economía y Energía acordaron con las petroleras para reactivar la producción local, reducir las importaciones y garantizar el abastecimiento interno, y el alcance del aumento transitorio de tarifas que el gobierno tiene que autorizar para este año.

Bernal se opuso de entrada al esquema de “estímulo productivo” con subsidios del Estado que contempla el Plan Gas 2020-2024. Sus objeciones y las de otros referentes energéticos del Instituto Patria no fueron tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha el plan.

Con respecto a los ajustes tarifarios en juego, las diferencias se focalizan en la magnitud de las subas finales que registrarán las facturas de los usuarios residenciales y pymes.

Tal como reconoció hace unos días en una entrevista en C5N, Guzmán es partidario de aplicar un incremento promedio final del 29% que siga la línea de la inflación prevista en el Presupuesto. Según el planteo del ministro y de los funcionarios de Energía, el 66% de los ingresos adicionales que se origen por ese aumento se destinarían a elevar la porción del precio de gas que está a cargo de los usuarios. En tanto, la recaudación restante iría a oxigenar las cajas de las distribuidoras y transportadoras que tienen sus ingresos congelados desde abril de 2019.

Actualmente, los hogares y pymes siguen pagando por el gas el mismo valor fijado hace casi dos años que equivale, a los valores oficiales actuales, a casi 2,10 dólares por millón de BTU, la unidad de medida inglesa que se utiliza en el sector. Y el Estado se encarga de cubrir con subsidios la diferencia entre ese valor y el nuevo precio promedio del Plan Gas 2020-2024, de 3,50 dólares por MMBTU que fue reconocido a las petroleras en la megasubasta de diciembre pasado.

Con el esquema de ajuste que promueven Guzmán y Martínez, los usuarios pasarían a abonar por el gas un valor que oscila entre los 2,70 y 2,80 dólares por MMBTU, lo cual implicaría para el Estado una reducción en los desembolsos de subsidios del orden de los 600 millones de dólares anuales.

Por su parte, Bernal y su equipo del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) que desembarcó en el Enargas sostienen que el incremento tarifario final en la facturas debe ubicarse entre el 7% y 8%. Esa recomposición tarifaria se volcaría en su totalidad a las distribuidoras y transportadoras que verían mejorados sus ingresos específicos en alrededor de un 25%.

El timonel del Enargas, que es el responsable de ponerle el gancho a las resoluciones que autorizan los aumentos, se resiste a convalidar un ajuste superior al 8% que incluya un segmento destinado a los productores de gas. En caso de tener que aprobarlo, busca que ante la opinión pública quede claro que lo hace obligado por una decisión de Guzmán y Martínez, que son los que deberían afrontar el costo político de esa medida.

Nota editada en LetraP