Por Antonio Rossi
En medio de los cortes de cinta y anuncios de obras que viene realizando en tono electoral, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se apresta a convalidar el primer aumento tarifario de su gestión para los peajes de las rutas nacionales y los accesos metropolitanos.
Tras haber dado por cumplida la “consulta ciudadana virtual” que fue convocada para tratar la modificación de los peajes, la administración de Alberto Fernández autorizó un ajuste promedio del 9,9% que entrará vigencia a partir del próximo jueves.
El aumento actualizará parcialmente los valores de los peajes que estaban en el freezer desde el primer trimestre de 2019. Recaerá sobre quienes utilicen las rutas nacionales que absorbió la empresa estatal Corredores Viales, la autovía mesopotámica que opera la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay y los accesos Norte y Oeste que controlan Ausol y GCO del grupo español Abertis.
A diferencia de la promocionada y masiva audiencia pública que había llevado adelante el interventor kirchnerista del Enargas, Federico Bernal, para debatir el aumento en las boletas gasíferas; el mecanismo de “participación ciudadana” que implementó el titular de Vialidad Nacional, el massista Gustavo Arrieta, mostró dos características salientes: una acotada difusión pública y una definición de antemano de los aumentos, que quedaron plasmados en las resoluciones con los nuevos cuadros tarifarios que ya se encuentran redactadas desde mediados de mayo.
La consulta virtual por la cual solo se podían presentar propuestas y objeciones por medio de un formulario web o a través de correos electrónicos, concluyó la semana pasada y no resulta vinculante para los funcionarios. Formalmente, la instancia participativa concluye con un informe final que reseña el contenido de las presentaciones para que sea incorporado al expediente de los aumentos.
Esa limitación convierte a este tipo de consulta en algo meramente decorativo y sin efecto práctico, como quedó reflejado en las escasas presentaciones que hicieron las asociaciones de usuarios, entidades profesionales y transportistas de cargas y pasajeros. El planteo más duro contra el formato de la consulta y la decisión de ajustar los peajes provino del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) que encabeza Ricardo Lasca.
Tras rechazar los aumentos “por carecer de fundamentos técnicos y económicos”, el Conaduv calificó la consulta como un “desagradable show y una burla" para los usuarios y la usuarias que "ven imposibilitado el debate y el intercambio de opiniones para poder aportar datos y pruebas que sirvan de guía a las autoridades que ya decidieron y aprobaron los nuevos cuadros tarifarios”.
La entidad de usuarios viales solicitó la urgente sanción de un “marco regulatorio específico” para las rutas concesionadas y advirtió que “el pago del peaje debe ser una contraprestación por un beneficio o servicio que presta el concesionario y no un cargo económico o impuesto al tránsito como rige actualmente”.
Junto con el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, el Conaduv reclamó la eliminación del sistema tarifario vigente, la reasignación de una porción del Impuesto a los Combustibles para la red vial y que se autorice el cobro de peajes una vez que concluyan las obras nuevas de rutas y autopistas con sus correspondientes caminos alternativos.
Lejos de Larreta y del Indec
Más allá de los cuestionamientos, el aumento del 9,9% para los peajes que están bajo la esfera nacional representan tanto para las concesionarias privadas como para la estatal Corredores Viales, conducida por Gonzalo Atanasof, un exiguo paliativo frente al desborde de los precios registrado en los últimos meses que dejó en el olvido la proyección inflacionaria del 29% que estaba prevista en el Presupuesto.
Bien lejos del ajuste del 80% que entre enero y abril aprobó la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta para las autopistas urbanas, el incremento para los peajes nacionales se alineó con la pauta de ajuste inferior al 10% que impuso el kirchnerismo en la coalición de gobierno para los servicios de gas y electricidad.
Ese porcentaje mínimo de aumento, que se había definido a principios de mayo, volvió a quedar empequeñecido en los últimos días con las nuevas subas salariales superiores al 40% que han obtenido los principales gremios en las paritarias avaladas por los funcionarios nacionales.
Si bien destacaron que hubo “una alteración significativa de precios en los rubros de explotación, conservación y mantenimiento”, los funcionarios de Vialidad admitieron que las nuevas tarifas “resultan inferiores a las variaciones del índice de precios (IPC) del último bienio y no se ajustan a los mecanismos de actualización previstos en los contratos”. Sobre el reconocimiento de este último punto, hay quienes consideran que podría volverse en contra del Gobierno cuando llegue el momento de regularizar los contratos y las empresas reclamen los costos atrasados y los aumentos tarifarios pendientes.
Cambio en AUBASA
A poco más de seis meses de haber sido desplazado de la presidencia de la ferroviaria estatal ADIF, el massista Ricardo Lissalde volvió a la función pública en la administración provincial de Axel Kicillof.
Tras la salida de Javier Osuna, quien retornó a la intendencia de General Las Heras, Lissalde asumió como nuevo presidente de AUBASA, la estatal bonaerense que opera y mantiene la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2 y la red atlántica de las rutas 11, 36, 56, 63 y 74.
Escribano público, exconcejal de Saladillo y exsenador provincial; la llegada de Lissalde a AUBASA respondió a un cambio de figuras digitado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para mantener los espacios de poder conseguidos en el gobierno bonaerense.
Nota Editada en Letra P
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país