Por Antonio Rossi
La disputa planteada entre las concesionarias del puerto de la ciudad de Buenos Aires y el ministerio de Transporte comandado por el massista Alexis Guerrera sigue subiendo de tono con acciones que van perfilando un sendero cada vez más sinuoso y conflictivo.
A las pocas horas de que la Justicia suspendiera las prórrogas contractuales que la Administración General de Puertos (AGP) les había otorgado a las empresas TRP y APM, el titular de la cartera de Transporte suscribió una polémica resolución que, tras pasar por alto el fallo judicial, volvió a extender los plazos contractuales de las terminales portuarias capitalinas que están bajo la operación de esas concesionarias.
La movida de Guerrera fue llevada adelante con una llamativa desprolijidad administrativa que, según consideran algunos especialistas del sector, podría ocasionarle un serio dolor de cabeza si una de las terminales afectadas decide impulsar una nueva demanda judicial por el carácter arbitrario e ilegítimo que tendría la resolución.
Con fecha 28 de septiembre, el ministro de Transporte firmó la resolución 345 por la cual prorrogó por anticipado las concesiones de TRP y APM que vencen en mayo del próximo año hasta el 31 de mayo de 2024. Curiosamente y pese a ser un tema de transcendencia para el ámbito económico y político, Guerrera dispuso que esa resolución no se dé a conocer en el Boletín Oficial y que solo se comunique a las empresas.
Al día siguiente, el miércoles 29 de septiembre, e inmediatamente después de que se conociera el fallo del juez federal contencioso administrativo Enrique Alonso Regueira, Guerrera le puso el gancho a la resolución 346 que contiene tres medidas salientes: deroga la resolución 345 que había aprobado 24 horas antes, ratifica la prórroga adelantada hasta 2024 de las dos concesionarias y ordena —esta vez sí— que se haga pública en el Boletín Oficial antes de pasar al archivo.
Tal como había informado Letra P, la pelea legal por el negocio portuario capitalino está planteada entre las empresas privadas Bactssa (la concesionaria de la terminal 5 controlada por el holding asiático Hutchinson Ports); TRP (la operadora de las terminales 1, 2 y 3 que maneja el holding estatal Dubai Ports World, asociado con el grupo local Román) y APM (la adjudicataria de la terminal 4 del grupo danés Maersk). En tanto, del lado oficial, los protagonistas centrales son el organismo portuario piloteado por el santacruceño José Beni, y el ministerio de Transporte.
A principios de mayo y dando por hecho que a mediados de ese mes iba a expirar el contrato de Bactssa, la AGP tomó la decisión de concederles a TRP y APM una nueva prórroga de sus concesiones hasta 2024. Fue a modo de compensación por el personal y los servicios de Bactssa que, supuestamente, iban a ser absorbidos por las dos concesionarias.
El panorama previsto por la AGP se trastocó por completo cuando a pocas horas de que venza su concesión, que no había sido prorrogada por las autoridades, la directiva de Bactssa obtuvo un amparo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le permitió seguir en actividad por un plazo inicial de seis meses, mientras se resuelve la cuestión de fondo vinculada con su pedido de extensión contractual para quedar en igualdad de condiciones con las otras dos concesionarias del puerto.
Tras los nuevos planteos y elementos de prueba que presentó en la causa el equipo letrado de Bactssa, la semana pasada el juez Alonso Regueira resolvió suspender las dos prórrogas contractuales que había otorgado la AGP y determinó que cualquier medida tendiente a extender las concesiones tiene que abarcar a las tres operadoras por igual y bajo las mismas condiciones.
Doble prórroga replicada
Sin tener en cuenta ese fallo, Guerrera decidió replicar la doble prórroga a TRP y APM con el argumento de que aún necesita más tiempo para poder concluir con la documentación necesaria para llamar a una nueva licitación, seleccionar las ofertas, realizar los inventarios y adjudicar las terminales a las futuras operadoras.
La controvertida resolución 346 aún no fue publicada en el Boletín Oficial. Pero desde el jueves pasado, tanto TRP, como APM salieron a comunicarles a las navieras y empresas de comercio exterior que ya tenían sus concesiones extendidas y que iban a seguir prestando operando en el puerto hasta mediados de 2024.
La que puso el grito en el cielo fue Bactssa, la operadora de la terminal 5 que tiene a su favor el paraguas de una cautelar para continuar operando, en principio, hasta el 30 de marzo del próximo año.
Por medio de una nota a la comunidad portuaria, la empresa comunicó que ya ha solicitado al ministerio de Transporte una “aclaración urgente, plena y suficiente de esta oscura situación planteada”. Tras resaltar que la polémica resolución 346 aún no fue publicada y no se encuentra vigente, Bactssa destacó que las concesiones de sus competidoras concluyen el 31 de mayo de 2022.
“La presunta resolución ministerial aludida por TRP y APM resulta antijurídica e ilegítima porque estaría violando la medida cautelar dictada el 29 de septiembre pasado. Y en caso de ser publicada, la cartera de Transporte estaría desconociendo abiertamente la decisión judicial al intentar replicar el mismo esquema viciado, arbitrario e ilegítimo que fue reprochado por el juez”, advirtió el comunicado de Bactssa que va camino a redoblar su ofensiva judicial contra las medidas tomadas por Beni y Guerrera.
Nota Editada en LetraP
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