05/12/21

La manta corta del Gobierno para descongelar los boletos en el AMBA

El Presupuesto 2022 prevé menos subsidios y desfrizar pasajes de trenes y colectivos para bajar el déficit. La presión del FMI, las provincias y los bolsillos.

Por Antonio Rossi



Si hay algo de lo que están seguros en el ministerio de Transporte que conduce el massista Alexis Guerrera es que en 2022 no se podrá mantener el congelamiento que reinó en el sector durante 2020 y este año. En la misma sintonía que los aumentos que vienen para los servicios de energía eléctrica y gas, ya sea por la tan prometida “segmentación tarifaria” o por los compromisos asumidos con las concesionarias, la administración de Alberto Fernández ya tendría en carpeta sacar del freezer a los boletos de colectivos y trenes de la región metropolitana.

Si bien nadie se arriesga a precisar cuándo será el momento de la primera actualización tarifaria que implementaría el Gobierno para los pasajes del AMBA, los equipos técnicos oficiales que intervienen en el tema estiman que los ajustes podrían estar en la calle durante el primer cuatrimestre del próximo año.

En cuanto a los posibles incrementos, agregan que hay que seguir las pistas que aparecen en el proyecto de Presupuesto 2022 que el ministro de Economía, Martín Guzmán, remitió al Congreso. Ahí se prevé para el transporte público del área metropolitana un desembolso mensual de $ 22.600 millones de subsidios, unos $ 2.000 millones más que la suma que se transfiere actualmente. De mantenerse las compensaciones tal como están pautadas, la cartera de Guerrera tendría que aprobar un ajuste en los boletos de colectivos del orden del 60% para poder compensar la diferencia de costos que reclaman las empresas y cubrir la variación inflacionaria del 33% estimada por Economía para el próximo año.

Por más que para afuera el “relato oficial” pregone que no está bajo análisis un reacomodamiento tarifario, en los pasillos de Transporte reconocen que enfrentan una doble presión para descongelar los pasajes de colectivos y trenes que proviene del lado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los gobiernos provinciales y municipales.

Para cerrar la restructuración de la deuda con el FMI, ya se da por descontado que el Gobierno tendrá que adoptar una serie de medidas tendientes a bajar el déficit fiscal y una de ellas pasa por la reducción de los subsidios tarifarios.

La asistencia económica para las líneas de colectivos y los ramales ferroviarios representa alrededor del 20% de la masa total de subsidios que se destinan a los servicios públicos. Aunque la mayor parte de las transferencias van a parar a los sectores eléctrico y gasífero, en la Casa Rosada tienen en claro que no podrán dejar de lado al transporte a la hora de mostrar su voluntad de achicar el rojo fiscal ante el funcionariado del Fondo.

El otro factor que empuja para retocar las tarifas de transporte del AMBA sale de las autoridades y líneas de micros del interior del país que reclaman una mayor simetría en el reparto de las ayudas económicas.

El principal argumento de las administraciones provinciales y locales es que, gracias a los subsidios de la Nación, en los colectivos porteños y bonaerenses del Conurbano se paga, en promedio, solo el 15% del valor real del boleto de colectivo, mientras que las personas que usan el servicio en el interior tienen que afrontar entre el 50% y 60% del costo de cada traslado. Sostienen que en el AMBA la mayoría de los pasajes cuestan entre 18 y 21 pesos por viaje mientras que en el resto del país los boletos urbanos oscilan entre 40 y 62 pesos.

Para contrarrestar ese planteo y justificar la poda de subsidios que tienen prevista para 2022, a la administración nacional no le quedaría otra salida que ajustar las tarifas del AMBA para que la brecha con el interior no siga creciendo.

Según las planillas del Presupuesto 2022, las líneas urbanas del interior van a recibir el próximo año una compensación global de $ 27.000 millones. Esa suma representa $ 1.000 millones menos que la asistencia tarifaria total que la Nación terminará de girarles este año.

Si se toman en cuenta la inflación cercana al 50% que dejará 2021, los subsidios a las líneas provinciales deberían trepar el próximo año a casi $ 41.000 millones. Como la Nación ya bajó el mensaje de que no actualizará la ayuda económica, a las autoridades del interior les quedarían dos caminos: sacar recursos de sus cajas para cubrir la diferencia o autorizar una suba tarifaria en los boletos no inferior al 50%.

Repunte condicionado

Por el lado de los ómnibus de larga distancia, el panorama se perfila algo más despejado y a la espera de una medida clave del ministerio de Transporte que arrastra una llamativa demora.

El levantamiento de las restricciones de circulación, los beneficios del plan Previaje y la eliminación del pago en cuotas con tarjetas de los vuelos al exterior van camino a generar un fuerte repunte en la venta doméstica de pasajes de ómnibus durante la temporada veraniega. Tras haber estado entre los sectores más golpeados por la pandemia, el empresariado del sector proyecta trabajar hasta marzo casi a pleno para poder recuperar entre el 80 y 90% del nivel de ocupación que tenían antes de la crisis sanitaria.

El problema que enfrenta es la falta de actualización oficial de la “Base Tarifaria de Aplicación” (BTA) que se toma como referencia para definir los precios de los pasajes.

Creada en 2009, la BTA establece los factores de variación correspondientes a las tarifas máximas y mínimas y los descuentos temporales que se pueden aplicar en las distintas categorías de servicio.

En la práctica, casi todas las empresas han procedido a ajustar sus tarifas por encima de los valores permitidos por la última BTA que fue aprobada a fines de 2018 por la gestión macrista.

Si bien recibieron el visto bueno de palabra del funcionariado de Transporte para incrementar los pasajes en función de las subas de costos y las variaciones inflacionarias registradas en los últimos tres años, las firmas operadoras de larga distancia quieren que se regularice la situación cuanto antes para evitar sorpresas y eventuales sanciones económicas de la CNRT, el ente regulador que conduce el massista platense José Arteaga.

Nota Editada en LetraP