17/09/21

Las claves y omisiones energéticas del Presupuesto de Guzmán

El proyecto enviado al Congreso recorta subsidios pero no clarifica los alcances de los ajustes tarifarios. Fondos para petroleras, represas y un gasoducto.

Por Antonio Rossi



Presentado pocos minutos antes de que expire el plazo legal y en medio de la crisis política que ha puesto al Gobierno al borde de una ruptura interna, el Presupuesto 2022 que el ministro de Economía, Martín Guzmán, remitió al Congreso contiene un capítulo energético conformado con varias definiciones y omisiones llamativas.

Más allá de los principales lineamientos –crecimiento económico del 4%, inflación del 33%, déficit fiscal primario del 3,6% del PBI y un dólar a 131,10 pesos en diciembre de 2022–, el proyecto de Presupuesto para el próximo año plantea una marcada reducción de los subsidios a los servicios públicos que afectarían principalmente a las tarifas de los sectores eléctrico y gasífero.

De acuerdo con los cálculos realizados por el área técnica del Palacio de Hacienda, los subsidios tarifarios que este año treparán al 2,2% del PBI bajarán en 2022 a un nivel inicial del 1,8% del PBI. De ese total, 1,4% corresponderán a los servicios energéticos y 0,4% a los medios de transporte.

En el caso del sector energético, el Presupuesto contempla una poda adicional equivalente al 0,3% del PBI una vez que se implemente el nuevo y tan anunciado esquema de segmentación de subsidios que regirá para las facturas domiciliarias según los niveles socioeconómicos. Estas reducciones de los aportes económicos estatales tendrán como contrapartida un ajuste tarifario en los servicios de energía eléctrica y gas que, como mínimo, debería seguir la inflación estimada del 33% anual si se aplica de manera uniforme.

A eso se agregarán los aumentos derivados de la “segmentación de subsidios” que no fueron incluidos en el Presupuesto y podrían implicar, según los números preliminares que manejan especialistas del sector, subas del 70% al 150% para los hogares de mayores ingresos.

En el caso específico del servicio eléctrico, las planillas anexas del proyecto ingresado en la Cámara de Diputados muestran que, pese a los aumentos tarifarios en juego, los subsidios destinados a atender los desequilibrios que arrastra la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) seguirán en niveles estratosféricos y totalizarán 609.197 millones de pesos. Con esos fondos, el Gobierno apunta a mantener la “sustentabilidad del mercado eléctrico” y afrontar el 57% de los costos mayoristas de la generación que no son cubiertos con las tarifas que pagan los usuarios y las usuarias.

Pese a que ya superan los 230.000 millones de pesos, el Presupuesto omitió cualquier referencia a las deudas que arrastran las distribuidoras y cooperativas con Cammesa que, lejos de achicarse, van camino a seguir creciendo por los congelamientos tarifarios que limitan sus ingresos y la subas de los gastos operativos y laborales que jaquean sus cajas.

En lo que respecta al servicio de gas natural, el proyecto dispone un desembolso de 28.972 millones de pesos para saldar las compensaciones económicas derivadas de los descuentos tarifarios diferenciales de hasta el 50% que fueron otorgados a clientes domiciliarios de la región patagónica y de la mayor parte de las provincias incluidas en ley de régimen de zonas frías que fue aprobada a mediados de este año.

Para los hogares que consumen gas envasado en garrafas, el Presupuesto prevé elevar la cobertura del subsidio social de 2,6 millones a 3 millones de hogares y ampliar el universo beneficiario a clubes de barrio, empresas recuperadas y cooperativas. En tanto, para las distribuidoras de gas, que este año recibieron solo un aumento promedio del 7% y hasta ahora no tienen confirmada ninguna mejora para el próximo, figura una partida de “apoyo financiero” de 5.200 millones de pesos.

Plan Gas y usinas santacruceñas

Por su parte, los precios garantizados a las productoras en el marco de los estímulos del Plan Gas 2020-2024 implicarán para el próximo año el pago de 82.000 millones de pesos. En el terreno de las grandes obras, sobresale la construcción de la primera etapa del gasoducto denominado Néstor Kirchner que unirá Tratayén, en la cuenca neuquina, con la localidad bonaerense de Salliqueló. La partida asignada es de 57.000 millones de pesos y para esta obra la administración de Alberto Fernández ya tiene firmado un memorándum de entendimiento (MOU) con las empresas chinas Powerchina y Shanghai Electric que quedaron a cargo de los estudios de factibilidad.

En el área eléctrica, se destacan los aportes para continuar con las obras de las represas santacruceñas que quedaron en manos del grupo chino Gezhouba y la empresa local Electroingeniería. La partida reservada para ese megaproyecto hidroeléctrico es de 21.974 millones de pesos, una cifra similar a la girada por el Gobierno unos días antes de las PASO para que el consorcio constructor pudiera ponerse al día con los contratistas y proveedores que venían reclamando por facturas impagas desde los primeros meses del año.

La encargada de pagar las obras de las represas es la empresa estatal IEASA que el próximo año contará con 348.000 millones de pesos. El 62% de los ingresos provendrán de la venta del gas y GNL que importa para abastecer el mercado local y el 38% restante serán transferencias del Tesoro Nacional para cubrir sus gastos corrientes y las inversiones previstas en las centrales patagónicas.

Para Nucleoeléctrica Argentina, la otra empresa estatal que opera las usinas atómicas de Atucha I, Atucha II y Embalse, las proyecciones presupuestarias señalan que en 2022 acumulará un rojo de 6.800 millones de pesos, con un gasto total de operación y mantenimiento de 80.100 millones de pesos y un ingreso por venta de energía de 73.300 millones de pesos.

En tanto, en la lista de las omisiones aparecen dos cuestiones clave que Economía pasó por alto y pueden alterar las cuentas energéticas: el impacto fiscal de la nueva ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas presentada este miércoles y las revisiones tarifarias integrales (RTI) que están pautadas para el próximo año con las eléctricas y gasíferas.

Nota Editada en Letra P