Por Antonio Rossi
Ligadas a la actividad petrolera y al crecimiento de la producción de Vaca Muerta, las licitaciones de obras públicas financiadas por organismos internacionales que tiene en agenda la provincia de Neuquén han acaparado la atención de varias constructoras y empresas de ingeniería del resto del país. Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos provinciales donde hay igualdad de condiciones para participar en las lizas licitatorias, los oferentes que no tienen raíces neuquinas corren con una marcada desventaja a la hora de competir con las empresas locales.
Pese a que no existe en forma oficial, la administración encabezada por Omar Gutiérrez aplica en las licitaciones más importantes una especie muy particular de “compre y contrate neuquino” que favorece a las constructoras del lugar.
El proceso licitatorio más relevante que tiene en curso actualmente la provincia es el correspondiente a las obras de pavimentación de las rutas 7, 17 y la vinculación en el tramo urbano a la localidad de Añelo. Dichas obras forman parte del denominado “Corredor Petrolero”, la red vial con eje en Añelo que recorre la principal región hidrocarburífera y abarca la autovía del Norte y las rutas provinciales 7, 8, 51, 17 y 67.
La encargada de llevar adelante las licitaciones nacionales e internacionales del Corredor Petrolero es la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), que está bajo el mando de Jorge Ferrería. Para la ejecución de las obras, la provincia cuenta con un crédito de 300 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina, la ex Corporación Andina de Fomento (CAF).
En el caso de las obras de las rutas 7, 17 y la vinculación con Añelo, lo que está en juego es un contrato por 2.474 millones de pesos que ha despertado el interés de varias constructoras locales y los cuestionamientos de aquellas que no tienen domicilio en la provincia.
Las quejas se focalizan en las disposiciones del pliego de bases y condiciones que establecen que las empresas deben alcanzar un puntaje mínimo de 80 puntos para ser aceptadas como “oferentes”.
Las constructoras neuquinas tienen de arranque una asignación de 50 puntos, mientras que para las restantes solo rigen 20 puntos. En el caso específico de las Pymes, las localizadas en territorio neuquino pueden aportar 30 puntos, mientras que las provenientes de otras provincias no suman punto alguno.
A eso se agrega otra ventaja por el lado de los balances. Las empresas que tengan sus balances y estados contables certificados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén podrán acreditar 20 puntos. En tanto, las que certifiquen en otras jurisdicciones solo pueden sumar 10 puntos.
De esta manera, buena parte de las constructoras neuquinas con antecedentes viales pueden acceder sin mayores inconvenientes a la calificación mínima. En cambio, las empresas de otras provincias están obligadas a buscar un socio local para poder alcanzar el puntaje mínimo que les permita pasar a la segunda instancia clave de presentación de las ofertas económicas. Los detractores del régimen de condiciones impuestas en el distrito patagónico aducen que las obras financiadas por organismos internacionales debería exigir, en teoría, la realizacion de licitaciones lo más competitivas posibles por razones de transparencia e igualdad de condiciones.
La incidencia de las reglas de juego neuquinas se hizo evidente en las recientes adjudicaciones de las obras de pavimentación y mejoras de las rutas petroleras 65 y 67 que quedaron en manos de constructoras neuquinas. En el caso de la ruta provincial 65, la ganadora del contrato de 2.900 millones de pesos fue CN Sapag, fundada hace más de 30 años por Carlos Natalio "Nuno" Sapag, fallecido en 2015 y hermano de Jorge Sapag, exgobernador y hombre fuerte del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia hace 60 años. En tanto, los trabajos por casi 1.000 millones de pesos de la ruta provincial 67 terminaron en manos de las locales Perfil SRL y Servipet SA.
Nota Editada en Letra P