Por Antonio Rossi
Tras haber sido tildado como “uno de los malos de la película” desde las filas kirchneristas y tener el boleto picado, el Grupo Emepa piloteado por el empresario radical Gabriel Romero logró transformarse en los últimos días en un jugador irremplazable para la administración de Alberto Fernández.
Empresa Metalúrgica Patricias Argentinas (Emepa), el holding nacido en la década del 80 de unos talleres ferroviarios de Chascomús, va camino a obtener del Gobierno nuevas prórrogas contractuales que le permitirán seguir al frente de dos negocios clave surgidos de la marea privatizadora menemista.
Por un lado, la Administración de General de Puertos (AGP) conducida por el santacruceño José Beni se apresta a contratar en forma directa a la empresa de Romero para que continúe manejando el balizamiento en la hidrovía Paraguay-Paraná. Por otro lado, la cartera de Transporte que encabeza el massista Alexis Guerrera decidió extenderle la concesión a Ferrovías, la operadora ferroviaria del grupo, para que siga operando desde octubre y por varios meses más los trenes de pasajeros de la línea Belgrano Norte.
Asociada con el grupo dragador belga Jan de Nul, Emepa había logrado quedarse con la concesión de la principal vía navegable del país en los primeros meses de 1995. El contrato inicial iba a durar solo una década, pero tras cuatro renegociaciones registradas en 1997, 2002, 2005 y 2010, la concesionaria privada Hidrovía SA siguió a cargo del dragado y el señalamiento mediante el cobro de peajes a los barcos durante 26 años.
Tras las elecciones de 2019 ganadas por el Frente de Todos, Romero quedó en la mira de las huestes K por haber declarado en la denominada Causa de los cuadernos el pago de un soborno de U$S600.000 por el decreto 113/2010, por el cual el gobierno de Cristina Kirchner le había extendido la concesión a Hidrovía SA.
Luego de varias idas y vueltas y una breve prórroga dispuesta en el mes mayo, el actual gobierno decidió dar por terminado el contrato con Hidrovía SA y otorgarle a la AGP una concesión temporaria del corredor fluvial por 12 meses, que empezó a correr desde el 11 de setiembre junto con la recaudación estatal de los peajes. Sin dragas ni equipos propios y sin tiempo para llamar a una licitación pública antes de asumir el rol de “nuevo concesionario transitorio”, el organismo portuario decidió salir del paso recontratando en forma directa y por separado a las dos empresas que conformaban la operadora saliente.
En la última semana, la AGP formalizó un nuevo contrato para el dragado de la hidrovía con la Compañía Sudamericana de Dragados –la empresa local de Jan de Nul—que se extenderá hasta el 20 de enero de 2022. Al mismo tiempo, dispuso el llamado a una licitación pública nacional “corta” para seleccionar a la operadora que deberá encargarse del dragado entre el 20 de enero y el 19 de julio del próximo año.
Ese mismo esquema tiene previsto implementar la AGP con Emepa para el sistema de balizamiento en los próximos días. Será un nuevo contrato directo hasta el 20 de enero y la convocatoria a otra licitación corta para elegir a la balizadora de la hidrovía que prestará sus servicios durante los primeros siete meses de 2022.
En ambos casos, la AGP dejó la puerta abierta para prorrogar la permanencia de las empresas que resulten ganadoras en caso de que se atrase la prometida licitación pública internacional que llevará adelante el nuevo Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable para elegir al nuevo concesionario privado que debería hacerse cargo de la hidrovía desde setiembre del próximo año.
Estatización frenada
Por el lado de los trenes, la ferroviaria del grupo Romero-Emepa seguirá manejando los servicios de pasajeros del Belgrano Norte por un nuevo período que podría extenderse hasta abril de 2023.
A pocos días de que expire la última prórroga vigente, el ministerio dirigido por Guerrera resolvió volver a extender la concesión de Ferrovías y –tal como anticipó Letra P– patear para más adelante la estatización que tiene en carpeta para la línea de trocha angosta que une Retiro con Pilar.
Por medio de un acta-acuerdo suscripta con la empresa, las autoridades de Transporte procedieron a ampliar a partir de octubre el plazo de la concesión por un máximo de 18 meses durante el cual se podrá concretar el traspaso al Estado en cualquier momento.
Junto con la extensión de Ferrovías, Transporte también prorrogó bajo las mismas condiciones la concesión de la línea Urquiza que está en manos de la empresa Metrovías del grupo Roggio.
Concesionados en 1994, los ferrocarriles metropolitanos Belgrano Norte y Urquiza son los únicos que aún permanecen en manos privadas y no están bajo la órbita de la SOFSE, la operadora estatal de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.
La decisión política de estatizar los trenes que corren Ferrovías y Metrovías había sido tomada a principios de año por el entonces ministro de Transporte Mario Meoni. Tras su trágico deceso y el arribo de Guerrera a mediados de junio, la medida quedó en suspenso. Durante la campaña electoral, Transporte optó por mantener la cuestión en stand by para no generar mayores ruidos con la oposición. Ahora, la intención oficial sería esperar hasta los primeros meses de 2022 para avanzar con la absorción de las dos líneas privadas de pasajeros que quedan en pie.
Nota Editada en LetraP