Por Antonio Rossi
En las últimas licitaciones de obras públicas de organismos nacionales y de la provincia de Buenos Aires se viene registrando un fenómeno llamativo: una buena cantidad de las ofertas en juego se ubican muy por de debajo de los presupuestos oficiales fijados como referencia.
En algunas convocatorias, las cotizaciones presentan una baja promedio del 15%, pero en otros casos las diferencias negativas con los valores previstos por los funcionarios llegan al 36%.
En países normales, con índices inflacionarios anuales de un dígito y sin restricciones fiscales, esa situación no llamaría la atención y sería atribuida a la competencia natural entre las compañías constructoras, pero en la Argentina actual, con los precios que crecen entre el 36% y 50% anual y presupuestos limitados para obras de infraestructura, las ofertas “recortadas” han comenzado a encender las luces de alerta entre las autoridades que tienen que adjudicar los contratos y las empresas del sector.
Una rápida y simple explicación del fenómeno sería que los equipos técnicos oficiales que elaboran los presupuestos de las obras se equivocaron feo y calcularon precios muy elevados, pero, a juzgar por lo que opinan especialistas en la materia, lejos de estar inflados, los valores de referencia se ajustan a la realidad y en algunos casos ya han quedado atrasados por las demoras que arrastran los procesos licitatorios.
Tanto las autoridades del sector como varias constructoras reconocen, en estricto off the record, que las “ofertas anormalmente bajas” responden a otro motivo. Se trata de jugadas extremas de determinadas empresas que presentan ofertas desproporcionadas para poder quedarse con las obras, cobrar los anticipos y reclamar luego de algunos meses una “redeterminación de precios” para no paralizar los trabajos que no se pueden cubrir con las cotizaciones iniciales.
Una de las primeras reacciones oficiales ante la aparición de estos casos de “ofertas temerarias” tuvo lugar en la ADIF, la firma estatal encargada de las obras de infraestructura ferroviaria. El directorio de la empresa, que preside el massista Alexis Guerrera, resolvió rechazar la oferta más baja del “Paso Bajo Nivel de Junín” por haber perforado el piso inferior del 15% que estaba establecido en las reglas licitatorias.
La obra para mejorar el tránsito céntrico en esa ciudad se licitó con un margen de aceptación de ofertas de -10% y +30% respecto del presupuesto oficial de referencia, fijado en 943 millones de pesos más IVA. Se presentaron seis oferentes (Pietrobón-Sabavisa; Vial Agro; Esuco; Centro Construcciones-Wei Maker; OCSA y la UTE Tecma-Pose) con cotizaciones que estuvieron por debajo del presupuesto. Ante esa situación, la ADIF decidió llamar a una mejora de ofertas ampliando el borde negativo de -10% a -15%. En esa nueva instancia, Tecma-Pose presentó una oferta con una baja del 20% frente a las restantes competidoras, que arrimaron nuevas cotizaciones con descuentos del orden del 15% que no superaron el tope negativo.
Tras aplicar el reglamento, la ADIF declaró inadmisible la presentación de Tecma-Pose y comenzó a analizar con lupa las restantes ofertas que quedaron cabeza a cabeza y con precios casi idénticos.
Paraguas en el Roca
Por su parte, en el Ministerio de Transporte, los equipos que pilotean el “Proyecto de Mejora Integral del ramal Constitución-La Plata del Ferrocarril Roca” salieron a abrir el paraguas para no toparse con ofertas exageradamente bajas.
Las obras de modernización del ramal a la capital bonaerense están pendientes desde hace varios años. El último intento de licitación tuvo lugar en 2017, con una línea de crédito del BID que estaba aprobada desde 2013. En abril de 2019, en plena crisis económica y financiera, el exministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich resolvió paralizar el proyecto y dejar sin efecto las cuatro ofertas que se habían presentado en el llamado licitatorio.
En octubre pasado, la cartera de Meoni reflotó la iniciativa y lanzó una nueva licitación para adjudicar las obras en dos tramos (Lote 1: Sector Avellaneda-City Bell y Vía Circuito y Lote 2: Sector City Bell-La Plata) con un presupuesto total de 4.800 millones de pesos.
Ante la recepción de ofertas agendada para el jueves 4 de febrero, la cartera conducida por el massista Mario Meoni decidió introducir una addenda en los pliegos que establece que serán rechazadas todas las propuestas económicas que superen los límites de -10% y + 30% del presupuesto oficial.
Licitaciones bonaerenses
En el territorio bonaerense, los casos más relevantes de ofertas excesivamente bajas se registran en las licitaciones que tiene en marcha la Dirección de Vialidad Provincial.
Se trata de obras de reconstrucciones de rutas, ensanches y pavimentación de banquinas en los partidos de Azul, Salto, Rojas, Chivilcoy, Escobar, Baradero, La Plata y Berazategui.
En el caso de la ruta provincial 51, la DVBA, comandada por Raúl Constantino (exdirector de Obras Públicas del municipio santacruceño de Las Heras y exsupervisor del Órgano de Control de Concesiones Viales), se apresta a adjudicar tres tramos que recibieron ofertas muy alejadas de los valores previstos por la provincia. En el tramo I, la oferta de la empresa Coarco fue un 36% inferior al presupuesto de referencia. En el tramo II, la cotización de Marcalba quedó un 31% abajo y en el tramo III, la oferta de Paolini resultó un 26% menos que la valuación oficial de las obras.
La próxima semana se conocerán las ofertas por del tramo Azul-Tapalqué, donde compiten 10 empresas (Rovial, C&E– Kavos, Vial Agro, Pose, Paolini, Plantel, Marcalba, Construmex, ICF y Fontana Nicastro) y no se descarta que aparezcan cotizaciones entre 20 y 25 por ciento inferiores a los valores presupuestados.
Ante la proliferación de ofertas con precios que resultan significativamente bajos, la Delegación Provincial de la Cámara Argentina de la Construcción les solicitó a las autoridades de Vialidad que extremen los controles para constatar si todas las empresas que se presentan en las licitaciones cuentan con los equipamientos esenciales que exigen los pliegos para poder quedarse con las obras.
Según las bases y condiciones de la DVBA, para participar en las licitaciones las constructoras deben tener disponible una planta de asfalto para cada una de las obras que vayan a ofertar. Ese equipamiento debe estar libre de otros compromisos al momento de presentar las ofertas y listo para ser trasladado si la empresa se queda con el contrato de la obra.
En el ámbito de las constructoras bonaerenses, existe la firme sospecha de que varias empresas estarían consignando el uso de una misma planta asfáltica en varias licitaciones a la vez. De esa manera, logran eludir la exigencia del pliego de disponer de un equipo mezclador de asfaltos específico y exclusivo para cada obra, lo cual tiende a desvirtuar la competencia en igualdad de condiciones con los restantes oferentes que se apegan a las reglas de juego.
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