Por Antonio Rossi
Tras casi cinco meses de demora, el Gobierno logró evitar sobre la hora un paro de colectivos de corta y media distancia que amenazó con dejar sin servicios a todas las ciudades del interior del país. La medida de fuerza, dispuesta por el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo por la equiparación de los salarios de los choferes del interior con los del AMBA, fue levantada tras la aparición de una partida extra de 8.000 millones de pesos destinada a reforzar los subsidios nacionales que reciben las líneas provinciales y municipales.
Comprometida por escrito a fines de junio por la cartera de Transporte que comanda el massista Alexis Guerrera, la implementación de la nueva ayuda económica para los colectivos del interior se retrasó más de la cuenta en el ministerio de Economía de Martín Guzmán. Pese a los reiterados pedidos de Transporte para resolver el trámite, los funcionarios del Palacio de Hacienda se resistían a convalidar el incremento de subsidios con el argumento de que las provincias y los municipios debían hacerse cargo de ese desembolso destinado a cubrir la última actualización salarial acordada para los choferes.
El paro anunciado por el líder histórico de la UTA, Roberto Fernández, ante la falta de pago de los aumentos pactados en las líneas del interior permitió a las autoridades de Transporte reinstalar el tema dentro del Gobierno, para que Guzmán procediera a autorizar el envío de los fondos en juego.
El visto bueno oficial para destrabar el salvataje a los colectivos que operan fuera de la región metropolitana del AMBA llegó por medio del DNU 809 con el cual la administración de Alberto Fernández concretó la decimoctava ampliación presupuestaria del año por un total de 1,25 billones de pesos.
Entremezclado en el decreto ómnibus que contiene casi 800 páginas de anexos con reasignaciones y refuerzos de partidas orientadas básicamente a atender los gastos electorales derivados del “plan platita”, el Gobierno aprobó la elevación del Fondo de Compensación para los colectivos del interior a la suma anual de 28.000 millones de pesos.
Inicialmente, el Gobierno había aprobado para 2021 una compensación tarifaria anual para el interior de 20.000 millones de pesos. Tras la última paritaria salarial, Transporte aceptó incrementar esa suma anual en un 40% para que las empresas provinciales y municipales pasaran a recibir cada 30 días un subsidio del orden de los 2.500 millones de pesos en los últimos meses del año.
Con los fondos destrabados de la Nación, el gremio de choferes del interior quedaría ahora equiparado con sus pares del AMBA con un sueldo básico de 100.000 pesos y el cobro de una nueva suma no remunerativa de reajuste que se definirá en diciembre.
Tranquilidad momentánea
Lejos de resolver los problemas de fondo, el aumento de los subsidios para las líneas del interior representa un parche transitorio que le permite a la administración nacional ganar algo de tranquilidad hasta el momento en que el Congreso comience a tratar la aprobación del Presupuesto 2022.
El proyecto de Presupuesto enviado por Guzmán prevé para el próximo año un giro de subsidios de 27.000 millones de pesos para las empresas del interior, unos 1.000 millones menos que la suma que recibirán a lo largo de este año.
Las máximas autoridades provinciales y municipales ya manifestaron su rechazo a ese recorte y anticiparon que irán a la carga por una mayor asistencia de subsidios nacionales para no tener que aplicar fuertes aumentos en los boletos y para mantener una relación de igualdad con el AMBA, donde quienes usan el servicio pagan, en promedio, solo el 15% de la tarifa real de los colectivos.
Tal como anticipó Letra P, las autoridades provinciales y locales que integran el Consejo Federal de Transporte (Cofetra) impulsan el proyecto de ley elaborado por el diputado del Frente de Todos de Entre Ríos Marcelo Casaretto, que establece para 2022 un reparto de subsidios al interior de 55.000 millones de pesos.
La iniciativa prevé la transferencia a las provincias de 20.000 millones de pesos anuales que saldrían del impuesto al gasoil “para ser destinados a la compra de combustible y la renovación de flotas con prevalencia de vehículos ecológicos”. A esa suma se agregaría otro aporte del Tesoro Nacional de 35.000 millones de pesos para compensar los mayores costos operativos y salariales de las líneas urbanas y de media distancia.
A ese proyecto se sumó en los últimos días otra iniciativa oficialista en la Cámara baja que podría convertirse en un nuevo factor de presión para que las autoridades nacionales sigan engordando los subsidios. Firmado por las legisladoras kirchneristas Fernanda Vallejo, Ana Gaillard, Blanca Osuna y Rosana Bertone junto con sus colegas Eber Pérez Plaza y Ariel Rauschenberger, el proyecto ingresado dos días antes de las elecciones legislativas promueve la creación de un “boleto estudiantil y educativo gratuito” que podrá ser utilizado en todo el territorio nacional.
Tras reflotar otras iniciativas que no prosperaron, el nuevo proyecto beneficia a la totalidad del estudiantado de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario de establecimientos públicos y privados que podrán viajar gratis en colectivos, trenes, subterráneos y lanchas fluviales.
Actualmente varias provincias ya tienen implementado un boleto educativo gratuito que cubren con recursos propios. Si se aprueba el proyecto, la Nación tendría que asumir todos los costos y subsidios de los pasajes gratuitos que ya existen y los de aquellas jurisdicciones que aún no tienen vigente esta modalidad que permite viajar sin pagar a quienes estudian.
Nota Editada en LetraP
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