Por Antonio Rossi
Semioculto en medio de la campaña electoral, un nuevo contrapunto interno empezará a ganar la atención en el área energética cuando se aquieten las aguas de la contienda en las urnas.
La tensa relación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios kirchneristas que gestionan las áreas con competencia sobre la energía eléctrica y el gas, que tuvo su pico máximo a fines de abril cuando el titular de Hacienda no pudo desplazar del cargo al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se reavivó en los últimos días al conocerse los primeros borradores del Presupuesto 2022 que el Gobierno debe remitir al Congreso tres días después de las PASO.
El cortocircuito se dio en torno a dos cuestiones significativas: la magnitud de los ajustes tarifarios que el Ejecutivo deberá resolver el próximo año para los servicios de luz y gas, y el pago de las deudas a las productoras de gas por la devaluación de 2018, que quedaron como herencia de la gestión macrista.
Siguiendo las indicaciones del ministro, el área técnica de Economía elaboró una primera versión del proyecto de Presupuesto con dos hipótesis de recomposiciones tarifarias que oscilaban entre el 35% y 50% para las facturas eléctrica y gasífera.
Con esos aumentos, Guzmán apunta a alivianar la carga fiscal de los subsidios energéticos que este año se encaminan a superar los 9.000 millones de dólares. Además, con las subas de tarifas en juego, el equipo económico busca adelantarse a una de las medidas concretas de recorte del gasto público que exigirán los representantes del FMI para la renegociación de la deuda que debe cerrarse antes de marzo próximo.
No bien trascendieron los números y porcentajes que barajaba Guzmán, tanto en Energía Eléctrica como en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que comanda Federico Bernal se escucharon fuertes objeciones a las actualizaciones tarifarias previstas para 2022.
Para el funcionariado, fuente de consulta permanente de la vicepresidenta Cristina Kirchner, las boletas residenciales de luz y gas deberían tener un mínimo aumento, en línea con el registrado este año, que no superó el 10%, y atado a las revisiones tarifarias integrales (RTI) que el Gobierno y las operadoras privadas tienen que acordar antes de diciembre de 2022.
Devaluación macrista
El segundo punto conflictivo emergió entre Guzmán y Bernal por la cancelación de las deudas acumuladas con las petroleras por las compensaciones derivadas del impacto devaluatorio de 2018 que habían sido reconocidas por la administración macrista. Se trata de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) surgidas por la dolarización tarifaria del gas que había aprobado el exministro de Energía, Juan José Aranguren.
Inicialmente, por las subas del dólar que se fueron registrando desde mediados de 2018 entre los precios pactados por las productoras y distribuidoras, las DDA iban a ser trasladadas en pesos a los usuarios en 24 cuotas mensuales. Tras el escándalo político que generó la medida, el gobierno de Mauricio Macri decidió dar marcha atrás y transferir la deuda al Estado. Por medio del decreto 1053/2018, resolvió cancelar ese compromiso en 30 cuotas mensuales y consecutivas, de las cuales solo pagó la primera en los últimos días de su mandato.
A mediados de 2020, el actual ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el entonces secretario de Energía Sergio Lanziani habían acordado con las petroleras liquidar las seis cuotas correspondientes al período enero-junio de ese año con un pago total de 3.400 millones de pesos que tenía como principales beneficiarios a YPF (1.491 millones), Total (517 millones), PAE (301 millones) y Pampa Energía (267 millones).
Cuando llegó el momento de efectuar las transferencias, Lanziani argumentó que no podía liberar los pagos por una demanda judicial que había promovido Bernal contra los exfuncionarios y reguladores macristas que implementaron el esquema de dolarización tarifaria.
El interventor del Enargas acudió a la Justicia en junio del año pasado para que se investigue si las autoridades energéticas del anterior gobierno incurrieron en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública” cuando a principios de 2018 aprobaron un nuevo esquema de tarifas dolarizadas para el servicio de gas natural.
En su denuncia, Bernal planteó que Aranguren y la directiva de entonces del Enargas intervinieron de manera ilegal para favorecer a las productoras de gas “con una deliberada concertación de precios que se trasladó a las tarifas finales y provocó un perjuicio económico al Estado y a los usuarios de 561 millones de dólares”.
Tras haber frenado durante más de un año los pagos de las DDA, Guzmán y el actual titular de Energía, Darío Martínez, retomaron el tema con las petroleras y, según distintas fuentes, habrían llegado a un preacuerdo para empezar a cancelar esa deuda el con la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto del próximo año.
Enterado de esa movida y con el fin de trabar los pagos, Bernal volvió a mover sus fichas con una ampliación de la denuncia penal contra Aranguren y exautoridades del Enargas que había impulsado el año pasado en el juzgado federal que subroga Sebastián Casanello.
El titular del ente regulador destacó que “con nuevas investigaciones realizadas por personal técnico y jurídico del organismo se pudo confirmar que a comienzos del año 2018, los exdirectores del Enargas utilizaron el sistema de las DDA a fin de asegurarle ganancias en dólares a las empresas firmantes de los acuerdos que habían violado el marco regulatorio”.
Según la presentación elevada por Bernal, “los exdirectores del ente realizaron una utilización ilegal del sistema de las DDA en perjuicio de usuarios y usuarias con la finalidad de garantizarle ganancias en dólares a las empresas, un hecho inédito en la historia de la comercialización del gas en la República Argentina”.
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