Por Antonio Rossi
Más allá de los planteos y posiciones que se expongan en las audiencias públicas para analizar la actualización de las facturas domiciliarias de las empresas eléctricas que comienzan este lunes, la administración de Alberto Fernández ya tendría definido el nuevo régimen transitorio de tarifas y subsidios que entrará en vigencia en las próximas semanas para Edenor y Edesur.
El fin del congelamiento tarifario que arrastran desde hace dos años las principales distribuidoras eléctricas del país se concretaría mediante un combo de medidas que incluye un aumento final en las facturas de los hogares del 9% promedio, una actualización estacional y el desembolso de nuevos aportes económicos del Estado para obras prioritarias destinadas a garantizar y mejorar la prestación del servicio.
La reconfiguración tarifaria que barajan los técnicos de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que comanda Federico Basualdo, y del ENRE, a cargo de Soledad Manín, prevé la aprobación de un aumento inicial para Edenor y Edesur que tenga el menor impacto posible en los usuarios de cara a la campaña electoral que está a la vuelta de la esquina. Esta definición corona largos meses de discusiones internas en el Frente de Todos, que tuvieron como vocero de una postura cambiante al secretario de Energía, Darío Martínez, y deja archivada la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán, que buscaba alinear la suba con el índice de precios.
Transición
Los nuevos cuadros tarifarios se darán a conocer en la segunda semana de abril y regirán durante un período de transición que se extenderá hasta los primeros meses de 2023. Aún resta definir si se aplicarán en forma retroactiva al 1 de abril o si entrarán en vigencia a partir de mayo.
De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, se incorporará una cláusula de adecuación semestral de los ingresos de las distribuidoras que empezará a correr después de las elecciones legislativas de octubre y estará atado a la variación de los costos, los flujos de fondos y la ejecución de las obras programadas. Según la visión oficial, los aumentos que se otorguen permitirán a las distribuidoras cubrir los costos operativos y los gastos de mantenimiento de las condiciones de seguridad.
En tanto, las inversiones orientadas a la expansión y mejora del servicio serán financiadas con recursos que aportará el Estado hasta que se ponga en marcha la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) prevista para 2023. Los fondos estatales se canalizarían por medio de un mecanismo de características similares al plan “Más Cerca Eléctrico” implementado entre 2013 y 2015 con la participación de los municipios del Conurbano.
La aplicación de este esquema tarifario implica que, puertas adentro de la coalición gobernante, terminó prevaleciendo la postura de los ajustes mínimos y mayores aportes estatales que impulsan los funcionarios energéticos que comulgan con el Instituto Patria. El que salió perdiendo, en tanto, es Guzmán, partidario de una actualización tarifaria cercana al 30% que estuviera alineada con la pauta inflacionaria y el nivel de subsidios que figuran en el Presupuesto.
Anticipando la hoja de ruta que seguirá el gobierno nacional, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, comunicó este viernes el descongelamiento de las tarifas eléctricas de la provincia con un esquema muy parecido al que se prevé autorizar para Edenor y Edesur.
Con las habituales críticas a las gestiones de Mauricio Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal, Kicillof anunció un incremento final del 7% en las facturas residenciales bonaerenses. Esa suba -que para comercios e industrias sería superior al 20%- regirá desde el 1 de abril y la aplicarán todas las cooperativas eléctricas de la provincia y las distribuidoras privadas Edelap, Edes, Edea y Eden que están bajo el control de la firma DESA.
Junto con el aumento tarifario que la administración bonaerense decidió en forma unilateral y sin convocar a audiencia pública, Kicillof y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, también anunciaron que la provincia de ahora en adelante va a tener una fuerte intervención en la definición y ejecución de las inversiones que se requieren para mantener y mejorar el servicio eléctrico.
Audiencias en continuado
Convocadas por la intervención del ENRE, este lunes tendrá lugar la primera de las dos tandas de audiencias públicas destinadas a tratar los nuevos cuadros tarifarios de transición que se aprobarán para las empresas eléctricas de transporte y distribución que están bajo la órbita del gobierno nacional.
La primera audiencia del lunes por la mañana será la correspondiente a Transener, la transportista más importante del país cuya control accionario se reparten en partes iguales el grupo privado Pampa Energía y la estatal IEASA. Por la tarde se realizarán tres audiencias simultáneas para analizar los aumentos de las transportistas regionales Transba, Distrocuyo, Transnoa, Transnea, Epen, Transpa y Transco.
A diferencias de las distribuidoras que representan alrededor del 35% de la factura eléctrica, las transportistas tienen una injerencia mínima que no supera el 1,5% del valor total que pagan los usuarios. Las empresas solicitaron mejorar sus ingresos entre el 50% y 90%. En principio, la decisión oficial sería reconocerles una actualización del orden del 25%, que tendría una incidencia final en las facturas del 0,3%. Además, el Estado financiaría las obras que están en carpeta para garantizar la prestación del servicio.
El martes, en tanto, llegará el plato fuerte con la audiencia que tratará los ajustes tarifarios para Edenor y Edesur. En este caso, el alcance de los aumentos en juego generó un fuerte cruce entre las empresas y el ente regulador. Según las distribuidoras, los aumentos solicitados tendrían un impacto final en las boletas del 28% al 34%. En cambio, los técnicos del ENRE sostienen que las tarifas que piden las distribuidoras tienen una incidencia final en las facturas que oscila entre el 81% y 157%.
Más allá de la disputa por la forma de calcular los aumentos, lo que viene en camino es la aprobación de un nuevo cuadro tarifario que representará una mejora del 25% al 28% en los ingresos de las empresas y una suba final inferior al 10% para los usuarios porteños y del Gran Buenos Aires.
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