El proyecto de ley para la promoción de inversiones hidrocarburíferas, que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas semanas y cuya letra chica no ha querido difundir públicamente, sigue acumulando rechazos y cuestionamientos entre los principales jugadores del sector y los centros de estudios energéticos.
A los reparos planteados por la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), el gobernador neuquino, Omar Gutierréz y el director de Hidrocarburos de Mendoza, Estanislao Schilardi; se ha sumado ahora una crítica declaración de tres entidades de profesionales que denuncian el ocultamiento del proyecto y el riesgo de una “dolarización” de la energía en los próximos dos décadas.
Por medio de un documento conjunto el IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz), el Grupo Bolívar y el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) advirtieron que la decisión oficial de no dar la versión final del proyecto de ley constituye un hecho “de suma gravedad que impide el debate de una legislación fundamental para el futuro de la energía y no permite analizar previamente las consecuencias negativas que podría tener para el conjunto de la ciudadanía”.
El documento destacó que “según lo poco que ha trascendido por los medios, el proyecto establece un sistema de producción y comercialización de gas y petróleo por 20 años, lo cual resulta un período demasiado largo para establecerlo sin consensos previos, especialmente si viene apadrinado por un sector empresarial que ha contribuido en exceso a su configuración, y pretendería continuar beneficiándose de las riquezas del subsuelo argentino, y la renta petrolera asociada, por todo ese lapso”.
“Lo alarmante de este misterioso proyecto es la dolarización definitiva de la energía por los próximos 20 años, consolidando la incipiente experiencia en tal sentido de los Planes Gas que fueron hasta ahora por tres o cuatro años. Además compromete el futuro de la economía nacional al ratificar la tendencia a su dolarización, que con esta decisión sería inevitable, ya que la energía por su importancia es un insumo central de ese proceso, particularmente el gas natural en la economía familiar, la generación de electricidad, la producción industrial y la industria petroquímica”, remarcó el documento de las tres entidades.
Tras convocar a un amplio debate popular sobre los alcances del proyecto, la declaración de los miembros del IESO, Grupo Bolívar y el IPyPP señaló que “si bien vemos bien el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y de los yacimientos no convencionales como parte de una transición hacia las energías renovables, ese proceso no puede ser un apresurado giro al extractivismo sin los condicionantes que supone la participación de la sociedad en los beneficios de esas riquezas naturales”.
Una de las primeras objeciones que cosechó el nuevo régimen de inversiones hidrocarburíferas que impulsa la administración de Alberto Fernández provino de las provincias petroleras agrupadas en la OFEPHI.
El comité ejecutivo de esa entidad reclamó a las autoridades energéticas poder conocer el texto completo de la iniciativa antes de que sea enviado al Congreso para poder emitir una opinión previa que refleje la posición y las aspiraciones de los gobiernos provinciales.
El reclamo estuvo precedido de otros pedidos similares que se presentaron sin éxito en los últimos meses en nombre de las provincias que son las titulares del dominio de recursos hidrocarburíferos.
Al planteo del organismo federal se agregaron las expresiones del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez en contra de una disminución impositiva que afecte las finanzas de las provincias.
“Una ley nacional no puede vulnerar las autonomías impositivas provinciales. Nosotros tenemos una de las alícuotas más bajas de Ingresos Brutos, con el 3%, y no estamos dispuestos a resignar recursos para los neuquinos”, afirmó Gutiérrez.
Sostuvo que las provincias “tienen que tener una silla en cualquiera de las comisiones que el régimen de inversiones pretenda crear y tanto Neuquén, como la Ofephi, tienen que ser contemplados en la evaluación de los proyectos que podrían tener algún tratamiento especial”.
Tras indicar que “la seguridad jurídica es clave para las 41 concesiones no convencionales que tiene la provincia en Vaca Muerta”, Gutiérrez señaló que “el nivel de regalías que la Nación quiere recortar ya actualmente es uno de los bajos del mundo”.
Por su parte, el director de Hidrocarburos de Mendoza, Estanislao Schilardi, pidió que “el nuevo proyecto sea más federal y contemple incentivos para las pymes locales y los pequeños productores del sector”.
“La forma en la que está redactado el proyecto generará mayor concentración de beneficios en las cuencas con mayores posibilidades de exportar, que son las que tienen caminos, cercanía a puertos y mayor volumen de producción”, alertó el funcionario cuyano.
La norma en juego contempla un régimen de promoción de inversiones petroleras para los próximos 20 años que busca básicamente potenciar la explotación no convencional de Vaca Muerta.
El proyecto establece un régimen de promoción para la exploración y producción de petróleo y otro relacionado con la producción de gas natural con incentivos para el compromiso de abastecimiento del mercado interno por parte de las productoras y la determinación de exportaciones garantizadas en función del incremento de la producción que registren las empresas beneficiarias.
También contiene capítulos específicos para la promoción de grandes obras de infraestructura y proyectos especiales, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos off shore.
En el caso del petróleo, el proyecto le garantiza a las empresas, en una primera etapa, poder exportar hasta un 20% del excedente que obtengan sobre el promedio de la producción habitual de los últimos años con una libre disponibilidad de divisas equivalente al 50% de esas ventas.
Nota Editada en Informador Público
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