Por Antonio Rossi
Mientras todas las miradas y la atención de las empresas y de los usuarios y usuarias están enfocadas en las audiencias públicas que en los próximos días abordarán los aumentos en juego para las facturas de luz y gas, la administración de Alberto Fernández comenzó a preparar el terreno para avanzar con el descongelamiento tarifario de otro servicio público esencial.
Con muy bajo perfil y mirando de reojo los tiempos electorales, el Gobierno tiene bajo análisis una nueva propuesta de ajuste de tarifas destinada a actualizar los ingresos operativos de la empresa estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), cuya conducción está en manos de la exdiputada provincial bonaerense Malena Galmarini.
El nuevo esquema –que está siendo tratado en el ámbito del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)– prevé varios cambios tarifarios universales junto con otras medidas que apuntan a “recategorizar” los valores facturados en varias zonas geográficas que tienen sus registros catastrales desactualizados desde hace varias décadas.
La estructura tarifaria en danza contempla, esencialmente, una serie escalonada de aumentos en las boletas del 10% por bimestre durante un año, una suba del 56% en el cargo fijo y un reordenamiento del programa de tarifa social” que beneficiará a 250.000 hogares de bajos recursos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Una vez que los funcionarios del ERAS y los representantes de los consumidores que integran la Sindicatura de Usuarios del ente regulador concluyan con los estudios y análisis de los nuevos cuadros tarifarios, el trámite pasará a la órbita del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien tendrá resolver en qué momento se llamará a audiencia pública para tratar los aumentos en juego.
Todo indica que antes de tomar una decisión, Katopodis esperará el visto bueno de la Casa Rosada y la Jefatura de Gabinete que previamente deberán evaluar el escenario político y las posturas encontradas que se registran dentro de la coalición gobernante sobre el futuro de las tarifas.
Al igual que en los casos de energía eléctrica y gas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, es partidario de que todos los servicios públicos ajusten sus tarifas en torno del 29% anual para que sigan la variación inflacionaria prevista en el Presupuesto y no tener que incrementar los desembolsos de subsidios. Esa postura choca con la posición que vienen sosteniendo los técnicos y funcionarios encolumnados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quienes las subas tarifarias deberían ubicarse por debajo del 10% con el fin de morigerar al mínimo el impacto en el bolsillo de la ciudadanía durante la campaña electoral.
Los números
De acuerdo con la información obtenida por Letra P, el esquema de actualización tarifaria para los servicios de agua potable y saneamiento que presta la empresa AySA en la Capital Federal y 26 partidos del Conurbano contiene cuatro puntos relevantes.
-Un aumento general del 10% por bimestre durante un año en el denominado “Coeficiente de actualización K” que implicará al final de ese período una suba acumulada del 77%.
-Un ajuste del cargo fijo de las boletas del orden 56%.
-La modificación de los coeficientes tarifarios de Puerto Madero y otros 10 sectores residenciales que se encuentran desactualizados y no tienen incorporados los cambios inmobiliarios y urbanísticos que se registraron en los últimos 40 años. Con esta medida se busca corregir los numerosos casos detectados de viviendas y departamentos que aún siguen figurando y pagando como si fueran baldíos.
-Una recomposición del programa de tarifa social para garantizar el acceso a los servicios a los hogares “afectados por la situación económica y social y aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad estructural”. Para este fin se prevé un presupuesto inicial de 1.429 millones de pesos para subsidiar los servicios de un universo de 250.000 hogares.
A la hora de justificar los aumentos, desde AySA destacaron tres datos salientes. En primer lugar, que los ingresos se encuentran congelados desde hace 22 meses. En segundo lugar, que los gastos adicionales derivados de la pandemia se cubrieron con una mayor asistencia económica estatal, lo cual agravó de manera notoria la brecha entre ingresos tarifarios y costos operativos. Por último, que las subas autorizadas durante la gestión macrista fueron muy leves y ni siquiera alcanzaron para compensar el impacto en los costos que tuvo la empresa por el “tarifazo” eléctrico superior al 2.000 % registrado en el período 2015-2019.
Apoyo y reparos
La propuesta para descongelar las tarifas de los técnicos de AySA fue elevada al ERAS a fines de diciembre. Luego de revisar las proyecciones y los alcances de los aumentos requeridos, los funcionarios del organismo regulador, que preside el sociólogo Walter Méndez, elaboraron un resumen ejecutivo favorable que fue puesto a consideración de las 26 asociaciones defensoras de los consumidores que integran la Sindicatura de Usuarios del ente.
Dicho resumen destaca que “los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico financiero en el marco regulatorio (ley 26.221) por cuanto los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios”.
El informe oficial sostiene que “si bien la propuesta implica un incremento de los ingresos de la empresa, los mismos no resultan suficientes para el sostenimiento operativo del servicio, debiéndose considerar para ello aportes adicionales por parte del Estado”.
Según los cálculos del ERAS, el ajuste tarifario que impulsa la empresa le generará ingresos por 45.986 millones de pesos con los cuales podrá afrontar el 84,5% de los gastos de operación. Si a eso se agregan los egresos en mejora y mantenimiento de los servicios, los ingresos por las nuevas tarifas solo alcanzarán para cubrir el 55,6% de los gastos de AySA.
En lo que respecta a la Tarifa Social, el informe de los reguladores advierte que “para asegurar el financiamiento a largo plazo" se debería fondear dicho programa "a través del aporte de los tesoros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires”.
Los primeros reparos a las correcciones tarifarias de AySA provinieron de la titular de ADECUA, Sandra González, y del director de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada. Ambos coincidieron en destacar que, por la crisis económica y la emergencia sanitaria, la mayor parte de los usuarios no están en condiciones de afrontar los aumentos pautados. Y que si la empresa quiere mejorar sus ingresos, lo que debería hacer es avanzar con una segmentación tarifaria por niveles de ingresos tanto en la capital porteña,como en los principales partidos bonaerenses donde las casas lujosas pagan por los servicios de agua potable y cloacas la misma tarifa que las viviendas de clase media y de zonas carenciadas.
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