22/04/22

Bernal desafía a Guzmán y le corre el arco al ajuste de tarifas del gas

El Enargas quiere sumar una cuarta audiencia pública a las tres fijadas en mayo para aumentar las boletas residenciales. Peligra el plazo pactado con el FMI.

Por Antonio Rossi



Amparado en un argumento normativo y regulatorio que fue la base de una de las denuncias penales que llevó adelante el año pasado contra el exministro macrista Juan José Aranguren, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, se apresta a abrir un nuevo capítulo conflictivo en la disputa interna que se registra en el área energética entre el ala kirchnerista del Gobierno y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por caminos administrativos y, por ahora, sin generar mucho ruido en la tensa relación que sobrevuela en la coalición gobernante, la intervención del ente gasífero le hizo saber al titular de Haciendoa y al secretario de Energía, Darío Martínez, que será necesario llamar a una nueva audiencia pública para las tarifas del gas luego de que concluyan las tres que ya fueron convocadas para los primeros días de mayo.

De concretarse, sería la cuarta audiencia pública que la administración de Alberto Fernández se vería forzada a implementar para poder aplicar los aumentos tarifarios y la poda de subsidios que forman parte de los compromisos incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La conducción del Enargas sostiene que cualquier variación en el valor del gas que aprueben las autoridades energéticas por quita de subsidios o para trasladar los mayores costos de los precios internacionales no puede descargarse en forma directa a las tarifas residenciales.

Esa transferencia, denominada en la jerga técnica pass through, tiene que ser autorizada con resoluciones del ente regulador una vez que se haya realizado una audiencia pública específica para exponer los alcances de los aumentos en juego y receptar los planteos de usuarios y usuarias.

Con el fin de poner en práctica el recorte del gasto en subsidios tarifarios comprometido con el Fondo, Guzmán y Martínez convocaron a tres audiencias destinadas a tratar los nuevos precios mayoristas de la energía eléctrica y el gas y la quita segmentada de las compensaciones económicas que viene aportando el Estado para quienes usan esos servicios.

La primera quedó agendada para el 10 de mayo para analizar “los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST)”. La segunda tendrá lugar un día después y será para el tratamiento de los “nuevos valores de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST)”. La tercera se concretará el 12 de mayo y se orientará a tratar “la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y energía eléctrica para el bienio 2022-2023”.

Pese al reclamo que habían elevado las entidades de usuarios para que se desarrollen de manera presencial y presididas por Guzmán, el Gobierno decidió que las tres audiencias se realicen en forma virtual por la plataforma Webex y bajo la batuta de la Secretaría de Energía de Martínez.

 

Antecedentes y demoras

La postura de Bernal y del área jurídica del Enargas acerca de la necesidad de efectuar una nueva audiencia antes de convalidar el pase a tarifas de los incrementos que definan para el gas no es nada nueva y tiene dos antecedentes en el último año.

El primero se había registrado en marzo de 2021, cuando se puso en marcha el mecanismo para el primer aumento tarifario de gas de la administración Fernández. En ese momento, el Enargas, que había llamado a una audiencia para tratar una recomposición transitoria en los ingresos específicos de las distribuidoras y transportadoras, le había advertido a Guzmán que si se ajustaban los subsidios y la porción del gas natural que debía pagar la clientela residencial iba a tener que realizar otra audiencia para autorizar esas modificaciones.

La misma situación se repitió en enero de este año ante el anuncio de Economía de que iba a aplicar una corrección en el valor del gas que pagaban las casas particulares con el fin de empezar a achicar subsidios. En esa ocasión, Bernal volvió a insistir en que no podía evitarse el llamado a una audiencia pública específica antes de que el ente proceda a aprobar los nuevos cuadros tarifarios.

Si bien hasta ahora el Enargas le ha transmitido su planteo a Economía y Energía por canales informales, no se descarta que en las próximas horas esa posición quede plasmada en una nota oficial dirigida a Guzmán y Martínez.

Si Bernal, que cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, avanza finalmente con la realización de una nueva audiencia después del 12 de mayo, el Gobierno corre el riesgo de no poder cumplir con el compromiso asumido con el Fondo de aumentar las tarifas a partir del 1 de junio.

Según los plazos legales en juego, el Enargas debe llamar a audiencia pública con una antelación de 30 días y una vez efectuada la misma tiene otros 20 días más para confeccionar el informe final y aprobar los nuevos cuadros tarifarios. Con viento a favor, ese trámite podría terminarse a mediados de julio, 45 días más tarde que la fecha pactada con el FMI y justo cuando el invierno golpea fuerte sobre los consumos residenciales.

Nota editada en Letra P