14/01/22

Con Aníbal recargado, el Gobierno pone en la mira a Edenor y Edesur

Nueva ofensiva oficial contra las eléctricas del AMBA para esquivar la bronca del público. Aumentos demorados y obras a cargo del Estado.

Por Antonio Rossi



Tras haber sido sorprendido con la guardia baja y sin reflejos iniciales para atender los reclamos de la gente, el Gobierno salió a contrarrestar el costo político del masivo apagón del martes y a abrir el paraguas por las próximas interrupciones del servicio eléctrico que se esperan durante el verano con una estrategia confrontativa que descarga toda la responsabilidad de los cortes en las distribuidoras Edenor y Edesur.

La postura oficial, que apunta a esquivar la bronca de los varios miles de usuarios de la región metropolitana que diariamente se ven afectados por la falta de electricidad, muestra que terminó imponiéndose internamente el sector más duro e ideologizado que encarna el equipo del área energética que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la cabeza destacando que, “a pesar de los enormes tarifazos, en los últimos cuatro años (por los del gobierno de Cambiemos) no se invirtió ni un peso, ni un paquete de caramelos”; las autoridades energéticas comenzaron a desplegar una nueva línea de acción basada en tres puntos relevantes.

El primero consiste en atribuir la culpa de los cortes y las deficiencias del suministro eléctrico tanto a la empresa Edenor (controlada desde el año pasado por el trío de Vila-Manzano-Filiberti), como a Edesur, la distribuidora piloteada por el grupo italiano ENEL.

En ese sentido, el relato oficial sostiene que los problemas de abastecimiento no se deben tanto al mayor consumo hogareño por las altas temperaturas, sino a la reactivación económica que demanda más energía que las distribuidoras no pueden suministrar por sus fallas operativas y por no haber concretado las inversiones que tenían comprometidas en los últimos años.

El segundo punto derivado de la situación extrema y conflictiva que generaron los cortes implicaría la decisión de retrasar hasta marzo o abril la convocatoria a las audiencias públicas que se deben llevar adelante para poder aumentar las tarifas.

A fines de diciembre, la secretaría de Energía, comandada por Darío Martínez, y la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Federico Basualdo, habían anunciado que los incrementos tarifarios en los servicios de gas y electricidad iban a oscilar entre el 17% y 20%.

A diferencia del Enargas, conducido por Federico Bernal, que realizará la audiencia pública el lunes con el fin de aprobar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas a partir de marzo, el ENRE, manejado por la interventora Soledad Manin, tiene frenada esa instancia y en las últimas horas ya habría empezado a “recalcular” los ajustes previstos para Edenor y Edesur con un porcentaje más bajo del orden del 10% promedio.

Inversiones estatales

El tercer factor de la nueva hoja de ruta trazada por el equipo energético está relacionado con la ejecución de las obras e inversiones atrasadas que se deben concretar para mejorar y garantizar un normal funcionamiento de las redes de distribución del AMBA, donde se concentra el 40% del consumo eléctrico del país.

En vez de dejar esas inversiones a cargo de las distribuidoras e incluirlas en las “Revisiones Tarifarias Integrales” (RTI) que se tiene que cerrar antes de que finalice 2022, ahora el área de Energía impulsa un nuevo esquema por el cual quedarían en manos del Estado. De esa manera, los aumentos tarifarios que habría que otorgar a Edenor y Edesur se reducirían sensiblemente al no tener que afrontar las obras más grandes y costosas.

Un indicio de este cambio se registró el jueves en medio del virtual asueto para el sector público y las restricciones a las grandes industrias que dispuso el Gobierno para morigerar los cortes ante el récord de consumo eléctrico que produjo la ola de calor. Martínez y Basualdo anunciaron un acuerdo con la compañía China Electric Power Equipment and Technology (CET) para avanzar con el diseño de ingeniería y la financiación de un paquete de obras por US$ 1.100 millones destinado a la primera etapa del “Proyecto de mejoramiento de la Red Nacional 500 kV del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Descompresión y deudas acumuladas

Tras tomar nota de la nueva postura oficial, puertas adentro de las distribuidoras estiman que el problema de los cortes y la presión del Gobierno van camino a descomprimirse con la llegada de las lluvias y el descenso de las temperaturas que se registrarán a partir del domingo.

Con respecto a los dardos lanzados desde despachos oficiales, consideran que forman parte de un “acting” transitorio para eludir el impacto social de los cortes y no una postura definitiva.

Además, retrucan los dichos de Aníbal Fernández. “No puede venir ahora a decir que no hubo inversiones, porque, desde la estatización de las AFJP en 2008, el Estado tiene sus representantes en los directorios que conocen los números y las obras que hicieron las empresas”.

En cuanto a los ajustes tarifarios que reclaman para actualizar sus ingresos específicos, las dos empresas coinciden en advertir que, cuanto más se demoren los aumentos, mayores serán los desequilibrios económicos que arrastran y que desde hace varios meses vienen cubriendo con la plata que dejan de pagarle a Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico con la cual acumulan una deuda conjunta que ya supera los 100.000 millones de pesos.

Nota Editada en Letra P