Por Antonio Rossi
El sector del Gobierno que maneja el área energética y responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a cantar retruco con un informe oficial que rechaza la aplicación del ajuste tarifario que la Casa Rosada acordó con el FMI. Lo hizo pocas horas después del ultimátum lanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien afirmó que, a partir de ahora, va a "gestionar con gente que esté alineada con el programa económico”. También, tras el apoyo de su par de Seguridad, Aníbal Fernández, quien sostuvo que “los que no están de acuerdo con la política económica no deberían estorbar”.
Ranqueando al tope del estorbómetro de funcionarios no alineados con el plan del egresado de Columbia y por medio de una nota remitida al titular del área, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, desaconsejó la revisión tarifaria que impulsa Guzmán a partir de junio y advirtió que los aumentos y la quita de subsidios para los hogares, comercios e industrias “no contemplan el principio de gradualidad fijado por la Corte Suprema” y, tal como están planteados, “serían un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de los costos”.
La divulgación del informe girado al despacho del secretario de Energía, Darío Martínez, ha vuelto a poner sobre el tapete la tirante relación que mantiene el ala kirchnerista con el titular de Economía por la instrumentación del compromiso tarifario asumido con el Fondo.
Con el fin de reducir el déficit fiscal, la administración de Alberto Fernández acordó con los equipos técnicos del FMI un esquema de quita de subsidios y actualización tarifaria para el segmento residencial que prevé tres niveles de ajustes. Para usuarios de mayor poder adquisitivo, que en el caso de Edenor y Edesur representan el 10% de la clientela hogareña, habrá una poda total de los subsidios vigentes. Para los quienes reciben el beneficio de la tarifa social, el incremento tarifario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Por último, para los restantes clientes residenciales de ingresos medios que no tienen beneficios sociales, el aumento anual previsto en las facturas finales alcanzará al 80% del CVS de 2021.
Con la mira puesta en la audiencia pública convocada para principios de mayo, hace 10 días la cartera de Economía le había solicitado a Energía que elabore un “informe técnico a fin de fundamentar la propuesta de adecuación del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica mayorista que regirá a partir de junio”.
En respuesta a ese pedido, la subsecretaría comandada por Basualdo y la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que pilotea la camporista Soledad Manín confeccionaron un informe de 24 páginas donde quedaron marcados los distintos impactos negativos que los aumentos provocarán en los gastos de las personas usuarias del servicio y en las cuentas de las distribuidoras eléctricas del interior del país.
El trabajo entregado en medio del cimbronazo que produjo la difusión del índice inflacionario de marzo, el más alto de los últimos 20 años, alertó que las subas estacionales para clientes residenciales del AMBA que pierdan los subsidios podrían superar el 400%. En el caso de los comercios e industrias que ya vienen pagando la tarifa plena, los incrementos del invierno escalarían por encima del 90%.
El informe destacó que “los usuarios residenciales que tengan el tope de ajuste del 80% del CVS sufrirán un impacto acumulado en facturas en el mes de junio del 65%, lo que podría derivar en situaciones complejas con su pago hacia el interior de este amplio segmento de hogares”. Señaló también que “la aplicación de los incrementos propuestos tanto para el segmento comercial como industrial atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos”.
El análisis advirtió que “el incremento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones, lo que redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema mayorista”.
Tarifa social y definiciones pendientes
Al profundizar el impacto que tendrán los incrementos en el interior del país, el funcionariado kirchnerista remarcó que “se advierte claramente que hay un riesgo real de que la cadena de pagos de las distribuidoras provinciales se vuelva a deteriorar, atento que será muy difícil que, por arriba de los coeficientes de aumentos, esas empresas tengan margen para continuar incrementando las tarifas con el objetivo de cubrir sus costos operativos”.
Con respecto a la tarifa social, el documento consignó que “la propuesta de aplicar el 40% del CVS en las facturas parece no considerar la reglamentación y la financiación que tiene actualmente este segmento de usuarios. Desde 2019 se dispuso que cada jurisdicción defina la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales y se haga cargo de dichos subsidios”.
Por último, dejó expuestos los principales escollos y las indefiniciones que ponen en duda la anunciada quita total de subsidios para clientes residenciales que poseen mayor capacidad de pago. Tras recordar que la titularidad de los servicios se encuentra desactualizada en todo el país, el informe resaltó que aún no sabe cuáles serán los criterios objetivos y las bases de datos que se utilizarán para poder identificar a esos usuarios de altos ingresos.
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