02/01/22

Guerrera suma otro revés judicial en la disputa por el puerto de Buenos Aires

Con duros cuestionamientos, un fallo de Cámara exhortó al Ministerio de Transporte a resolver el conflicto con las terminales porteñas. Prórrogas en la mira.

Por Antonio Rossi



La administración de Alberto Fernández sumó un nuevo revés judicial en el conflicto, iniciado a mediados de 2021, entre las concesionarias del puerto de Buenos Aires y las autoridades nacionales del sector que dependen del Ministerio de Transporte comandado por el massista Alexis Guerrera. Tras desechar una apelación presentada por los letrados oficiales, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia del juez Enrique Regueira que había ordenado a los funcionarios nacionales poner en igualdad de condiciones a las tres concesionarias privadas del puerto capitalino.

Difundida en la última semana del año, la resolución de la Sala IV suscripta por los camaristas Marcelo Duffy y Jorge Eduardo Morán cuestionó las sucesivas demoras y dilaciones que arrastra la prometida licitación del puerto de Buenos Aires y exhortó a la cartera encabezada por Guerrera a poner fin a las “controversias en pugna” manteniendo en una situación de igualdad a las actuales operadoras con el otorgamiento de prórrogas contractuales de similares características y duración.

Tal como había informado Letra P, la pelea legal por el negocio portuario capitalino quedó entablada entre las empresas privadas Bactssa (concesionaria de la terminal 5 controlada por el holding asiático Hutchinson Ports); TRP (la operadora de las terminales 1, 2 y 3 que maneja el holding estatal Dubai Ports World, asociado con el grupo local Román) y APM (adjudicataria de la terminal 4 del grupo danés Maersk). Del lado oficial, los protagonistas centrales son la Administración General de Puertos (AGP), piloteada por el santacruceño José Beni, y el Ministerio de Transporte.

A principios de mayo y dando por hecho que a mediados de ese mes iba a expirar el contrato de Bactssa, la AGP tomó la decisión de concederles a TRP y APM una nueva prórroga de sus concesiones hasta 2024. Fue a modo de compensación por el personal y los servicios de Bactssa que, supuestamente, iban a ser absorbidos por las dos concesionarias.

A escasas horas de que expire su concesión, que no había sido prorrogada por la AGP, los directivos de Bactssa obtuvieron un amparo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que les permitió seguir en actividad hasta que se resuelva la cuestión de fondo vinculada con su pedido de extensión contractual para quedar en igualdad de condiciones con las otras dos concesionarias.

Tras esa decisión de la Cámara, a fines de setiembre, el juez Regueira resolvió suspender las dos prórrogas contractuales que había otorgado la AGP a TRP y APM y determinó que cualquier medida tendiente a extender las concesiones tenía que abarcar a las tres operadoras por igual y bajo las mismas condiciones. El fallo del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 le otorgó a la AGP un período inicial de seis meses -que se extiende hasta el 30 de marzo próximo- para que proceda a ubicar a las tres concesionarias en un mismo cuadro de igualdad operativa.

Luego de ese traspié judicial, la cartera de Transporte tomó dos medidas. Por un lado, mandó a la AGP a apelar los alcances del fallo de Regueira. Y por otro lado, sacó la polémica resolución 346 mediante la cual volvió a prorrogar por anticipado las concesiones de TRP y APM que vencen en mayo próximo hasta mediados de 2024. Guerrera justificó esta decisión-- que por ahora deja afuera a Bactssa --con el argumento de que necesita más tiempo para poder concluir con la documentación necesaria que permita llamar a una nueva licitación, seleccionar las ofertas y adjudicar las terminales a las futuras operadoras.

Rechazo y tirón de orejas

La apelación que impulsaron los letrados del organismo portuario se topó con un duro e inusual rechazo de los camaristas del fuero Contencioso Administrativo.

Los magistrados no sólo dejaron mal parados a los abogados oficiales, sino que además pusieron en duda sus capacidades profesionales para defender los intereses del Estado.

El fallo desbarató la presentación oficial destacando que “no puede considerarse válidamente cumplida si se observa que la crítica expuesta por el organismo estatal se circunscribe a la formulación de afirmaciones y consideraciones genéricas, sin mayor precisión ni vinculación con las constancias del proceso, lo que les confiere un carácter decididamente dogmático y, por ende, inhábil a los fines pretendidos”.

Con respecto al accionar de los representantes de la AGP, los jueces advirtieron que “no está de más recordar que la defensa del Estado en juicio constituye una labor de eximia trascendencia, honor y elevada responsabilidad, porque involucra la protección de bienes e intereses de importancia para la República. Por tal motivo, debe ser ejercida con profesionalismo y seriedad, en consonancia con la relevancia que naturalmente ostenta; máxime, cuando se acude a instancias federales superiores como sucede en el caso”.

En cuanto a la gestión desplegada por el Gobierno en el sector, los camaristas Duffy y Morán remarcaron que “el Tribunal no puede dejar de advertir, ni pasar por alto, el dilatado trámite que ha tenido a la fecha la concesión del puerto capitalino -aun a pesar de la complejidad técnica que exhibe la materia-, así como las distintas medidas y contramarchas que se han adoptado, lo cual indudablemente no sólo afecta el interés público comprometido, sino que conspira contra el adecuado desenvolvimiento de un bien del dominio público de la mayor trascendencia para la República, como es el Puerto de Buenos Aires, en su calidad de única jurisdicción portuaria federal”.

Nota Editada en Letra P