Por Antonio Rossi
La licitación “corta” del dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná va camino a ingresar en una semana clave en la que las autoridades del Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos (AGP) deberán tomar una decisión de fondo para definir quién se hará cargo del mantenimiento de la principal vía navegable troncal (VNT) del país.
Al titular de la cartera de Transporte, el massista Alexis Guerrera, y al timonel del organismo portuario, el santacruceño José Beni, se les agotan los tiempos para poder sacar al proceso licitatorio del dragado del pantano legal en el que ha caído tras la impugnación presentada por uno de los tres grupos oferentes que había sido descalificado por la comisión evaluadora.
Tras hacerse cargo en setiembre pasado del corredor navegable y del cobro de los peajes, la AGP resolvió contratar en forma directa y por un plazo inicial de 90 días a las dos empresas que conformaban la operadora saliente de Hidrovía S.A. Por un lado, le dio las obras de dragado a la Compañía Sudamericana de Dragados (CDS) del grupo belga Jan de Nul; y por otro, dejó el sistema de balizamiento en manos de la local Emepa S.A.
Luego de esa movida, el ente portuario estatal puso en marcha las denominadas “licitaciones cortas” con el fin de adjudicar los trabajos de dragado y balizamiento por un plazo inicial de nueve meses. En la licitación del dragado está en juego un contrato temporario hasta setiembre valuado oficialmente en US$ 97 millones y se presentaron cuatro oferentes: CDS-Jan de Nul; Boskalis; Rodhe Nielsen- Emepa y el consorcio integrado por Dredging International, CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus.
A principios de febrero, la comisión evaluadora de las ofertas de la AGP emitió un dictamen por el cual dejó a CDS como la única habilitada para pasar a la segunda instancia clave de apertura de la propuesta económica y eventual adjudicación del contrato. Según la ponderación oficial, los otros tres consorcios quedaron descalificados por no haber cumplido con la totalidad de los capítulos y puntos específicos que exigían los pliegos licitatorios.
Boskalis fue descalificada por no cumplir con los siguientes ítem: Plan de Trabajos y Memoria Descriptiva, Listado de Personal, Curriculum Vitae de Profesionales y Técnicos, Disponibilidad de Equipos, Información Técnica y Competencia Técnica. En el caso de Rodhe Nielsen-Emepa, según el informe del equipo evaluador los incumplimientos se registraron en “Competencia Técnica, Plan de Trabajos, Memoria Descriptiva y Disponibilidad e información de equipos”. En tanto, el grupo Dredging International-CCCC-Servimagnus quedó relegado al no poder garantizar la disponibilidad de equipos y no acreditar la competencia técnica requerida.
Tras tomar nota del análisis oficial y previo a que sea ratificado por una resolución de la AGP, el tándem de Rodhe Nielsen y Emepa depositó los 800.000 dólares que exigían los pliegos y procedió a impugnar formalmente la decisión de la comisión evaluadora que lo había marginado de la licitación.
La dupla de Dredging International-CCCC y Servimagnus también salió a manifestar su rechazo con la evaluación de la AGP. Lo hizo por medio de una carta a Guerrera y una solicitada en medios nacionales, en la que planteó su disconformidad por la calificación negativa de los antecedentes técnicos del grupo que formuló el ente portuario. Si bien hasta ahora no impugnó formalmente su eliminación, el consorcio dejó la puerta abierta para concretar esa movida una vez que se confirme y oficialice el dictamen de la comisión evaluadora.
En tanto, la única competidora que, por el momento, no ha mostrado intenciones de objetar la tarjeta roja que la dejó a un costado es la holandesa Boskalis.
Encrucijada
En medio de la doble y marcada presión que vienen ejerciendo las entidades agroexportadoras y el sindicato del sector conducido por Juan Carlos Schmid para que se destrabe la situación, ahora la administración nacional tiene que resolver entre dos salidas a la encrucijada y avanzar con la licitación que tendría que haber estado terminada a fines de enero.
La opción A pasa por rechazar la impugnación de Rhode Nielsen-Emepa y avanzar con la apertura y posterior adjudicación del contrato a CDS, la única empresa que quedó en carrera.
En este caso, la AGP tendría que ratificar el dictamen que le cerró el paso al grupo impugnante, que ya ha dado señales de no querer abandonar la pelea fácilmente. Tal como se perfila el panorama, no se descarta que ante un nuevo revés decida llevar su reclamo al terreno judicial, lo cual podría implicar un nuevo y prolongado problema para el Gobierno.
La opción B, en tanto, contemplaría dar de baja lo actuado hasta ahora y convocar a una nueva licitación con otras reglas de juego para evaluar los antecedentes y propuestas técnicas de los oferentes. Ante esta situación, la que podría sentirse perjudicada y presentar algún tipo de reclamo sería CSD que, en la visión del área técnica de la AGP, es la única que tiene los papeles en regla y ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el llamado licitatorio.
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