Por Antonio Rossi
La licitación “corta” del dragado y mantenimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná que lleva adelante la Administración General de Puertos (AGP) transita a paso lento y para conocer al ganador de la contienda habrá que esperar hasta la primera semana de marzo.
Si bien la agenda inicial apuntaba a tener definida la adjudicación para mediados de enero, los contratiempos generados con los técnicos que se contagiaron de Covid-19 en las últimas semanas y la compleja tarea que implica el análisis detallado de las ofertas llevaron al organismo portuario a estirar los plazos licitatorios y mantener en pie la contratación exprés del dragado que había cerrado en 2021 con la filial local del grupo belga Jan de Nul.
Mientras busca acelerar la evaluación de las ofertas, la AGP conducida por el santacruceño José Beni se topó con un inesperado reclamo ambiental proveniente de la Asamblea Vecinal de Ramallo. Miembros de la agrupación y de entidades ecologistas de esa ciudad bonaerense realizaron la semana pasada una suerte “piquete náutico” en la bajada Sotovento de la hidrovía en protesta por el cambio registrado en la traza del dragado que provoca una erosión no prevista de las playas y afecta los deportes en el río y los emprendimientos turísticos del lugar. Según denunciaron los vecinos, la AGP modificó la traza de vía navegable donde operan las dragas sin haber realizado los estudios de impacto ambiental previos que exigen las normas vigentes.
Tras hacerse cargo en setiembre pasado del corredor navegable y del cobro de los peajes, Beni resolvió contratar en forma directa y por un plazo inicial de 90 días a las dos empresas que conformaban la operadora saliente de Hidrovía S.A. Por un lado, le dio las obras de dragado a Compañía Sudamericana de Dragados (CDS) del grupo Jan de Nul. Por otro lado, dejó el sistema de balizamiento en manos de la local Emepa S.A.
Luego de esa movida, el ente portuario estatal puso en marcha las denominadas “licitaciones cortas” con el fin de adjudicar los trabajos de dragado y balizamiento entre enero y setiembre de este año por medio de una competencia de ofertas.
La pelea por el dragado de la principal vía navegable troncal (VNT) —donde está en juego un contrato inicial de 9 meses valuado en US$ 97 millones— quedó planteada entre cuatro grupos que integran grandes dragadoras del mercado internacional y tres empresas locales.
Tras la presentación de los sobres técnicos y económicos, la lista de oferentes quedó encabezada por CDS-Jan de Nul, que tiene como principal antecedente el hecho de ser la empresa que se viene encargando del dragado de la hidrovía desde 1995.
Luego, se encuentra la holandesa Boskalis, que tiene varios pergaminos a nivel internacional y una serie de contratos ganados para dragar canales y accesos portuarios en Argentina y Brasil.
Otro competidor es el consorcio integrado por las compañías belga Dredging International, la china CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus. Estas dos últimas empresas acumulan dos traspiés cercanos con cotizaciones elevadas que le hicieron perder el dragado del puerto de Mar del Plata e incumplimientos contractuales en las obras que tenía adjudicadas en el Canal Martín García.
La cuarta interesada que completa el cuadro de oferentes es la UTE conformada por la danesa Rodhe Nielsen —que en los últimos meses se quedó con la licitación para dragar el puerto marplatense— y la local Emepa S.A., piloteada por Gabriel Romero, el empresario radical fuertemente cuestionado por las huestes kirchneristas.
Tras la recepción de las ofertas concretada a mediados de diciembre, ahora la AGP tiene que pasar el filtro para ver cuáles son los consorcios que quedan habilitados para pasar a la instancia definitoria de los sobres económicos.
Entre otras exigencias, las empresas tienen que demostrar su competencia técnica con la acreditación de obras de dragado similares que hayan realizado en los últimos cinco años y un volumen de sedimentos extraídos equivalente a 26 millones de metros cúbicos anuales, el doble de lo que prevé el contrato en juego.
Por el lado del equipamiento, los pliegos establecen que pueden ser dragas propias o alquiladas que estén bajo bandera nacional o extranjera. Los que propongan la utilización de equipos locales correrán con ventaja con respecto a los que tengan o alquilen dragas extranjeras y podrán quedarse con las obras, aunque sus precios sean hasta 5% superiores a las demás ofertas.
Balizamiento destrabado
Donde los trámites se encuentran menos demorados es en la otra “licitación corta” por el mantenimiento de las balizas y el sistema de señalamiento de la hidrovía que tiene a Emepa como la virtual ganadora.
En este caso se utilizó el mecanismo de un único sobre con los antecedentes y la oferta económica de los oferentes que pugnaron por el contrato valuado oficialmente en 15,8 millones de dólares más IVA.
Emepa presentó la mejor oferta con 13.522.671 dólares más IVA, 15% por debajo del presupuesto oficial. En tanto, la oferta de la segunda competidora integrada por Pentamar y Sade Electromecánica ascendió a 15.182.238 dólares más IVA. Si no aparecen escollos administrativos en el camino, en los próximos 10 días se estaría firmando la adjudicación.
Si bien los nuevos contratos en juego de Emepa con el balizamiento y el correspondiente al grupo que gane el dragado deberían extenderse, en principio, hasta setiembre de este año, la AGP ha dejado una puerta abierta para que se prolonguen más allá de ese mes si el Gobierno no llega a tiempo con la prometida “licitación internacional larga” destinada a elegir al nuevo concesionario privado que operará la hidrovía por un período de 15 años.
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