Por Antonio Rossi
El ordenamiento fiscal y la regularización de las cuentas públicas que forman parte de los principales objetivos de la hoja de ruta trazada por Sergio Massa han generado un nuevo cortocircuito con los gobiernos provinciales, que suma tensión a la reunión que los gobernadores del Norte Grande gestionan para los próximos días con el ministro de Economía para reclamar más subsidios al transporte público. Con el fin de reducir la asistencia económica que demanda la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y ayudarla a cobrar las facturas impagas que bordean los $ 550.000 millones, el equipo económico decidió incluir en el Presupuesto 2023 una medida de alto impacto político y económico para que las distribuidoras y las administraciones provinciales se pongan al día con los pagos atrasados por la energía que reciben del sistema eléctrico nacional.
El artículo 90 del proyecto que está siendo tratado en la Cámara de Diputados establece que "las provincias y municipios deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción".
Tras rotularlas como "solidariamente responsables" de esa obligación de pago, la letra chica del Presupuesto 2023 les fija a las administraciones provinciales un plazo de seis meses para que procedan a adecuar las normativas vigentes con el fin de asegurar la cancelación de las facturas de energía a Cammesa. Además, determina que, ante la falta de pago en tiempo y forma de las distribuidoras eléctricas, el Gobierno “podrá retenerle a las provincias los montos adeudados de los fondos comprometidos de la coparticipación federal y de otros convenios de transferencias presupuestarias vigentes con entidades del sector público”.
Mientras la mayor parte de las espadas legislativas oficialistas y opositoras que responden a los intereses provinciales salieron a cuestionarlo, el nuevo mecanismo de cobro de las deudas eléctricas impulsado por Massa logró el apoyo de Luciano Laspina, uno de los principales referentes económicos de Juntos por el Cambio (JxC) y actual vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.
Para gran parte de los diputados y las diputadas del interior, la movida del Gobierno tiene un costado polémico y desventajoso para las provincias: no deja en claro quién se hará cargo de cubrir las deudas que arrastran Edenor y Edesur, las distribuidoras del AMBA que dependen de la órbita nacional y acumulan más del 50% de las deudas por cobrar que tiene Cammesa.
Sostienen que la responsabilidad de cubrir los pagos de las eléctricas metropolitanas debería recaer en la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof. A Kicillof se le presenta un problema adicional. Si el esquema de cobro que prevé el articulo 90 se aprueba tal como está, la provincia quedaría como “garante solidario y responsable del pago” de la deuda superior a los $ 100.000 millones que acumulan las cuatro distribuidoras privadas controladas por el grupo DESA (Edelap, Eden, Edes y Edea) y las principales cooperativas que operan el servicio eléctrico en el interior del territorio bonaerense.
En la lista de las provincias más comprometidas por las facturas eléctricas impagas a Cammesa también aparecen Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja, Santa Cruz, Córdoba, Chubut, Río Negro y Mendoza.
Reacciones
La jugada de Massa disparó distintas reacciones que buscan acotar las nuevas reglas de juego. El diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), hombre de confianza del senador y candidato a gobernador Alberto Weretilneck, propuso dejar al margen a las provincias con una salida alternativa, que consiste en que Cammesa incluya en las transacciones comerciales de venta de energía dos cambios clave: que en las facturas aparezca destacado y separado el monto correspondiente al valor de la energía mayorista y que las distribuidoras actúen como una suerte de "agente de retención" e implementen un giro automático a Cammesa de los montos correspondientes a la energía que vaya recaudando con el cobro de las facturas.
En los fundamentos del proyecto de ley presentado en la Comisión de Energía y Combustibles, Domingo destacó que "no es menor advertir que las principales deudoras son las distribuidoras del AMBA, quienes nuevamente se benefician con la generación de una deuda que termina siendo afrontada por el Estado y, con ello, por todos los usuarios del país".
En Chubut, el gobierno que pilotea Mariano Arcioni planteó como salida la creación de una empresa energética provincial para acordar la compra de energía en forma directa con Cammesa y sacar del medio a las cooperativas que desde hace varios meses vienen abultando sus cuentas en rojo en el mercado eléctrico mayorista.
En Misiones, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, le reclamó a Massa un tratamiento recíproco con deudas que mantiene la Nación con la provincia. Tras reconocer un pasivo de unos $ 30.000 millones de la estatal misionera, Safrán planteó compensar buena parte de ese pago con los $ 20.000 millones que la administración central le adeuda a la provincia por las regalías hidroeléctricas atrasadas de Yacyretá y Salto Grande.
Por su parte, la diputada radical por Mendoza Jimena Latorre manifestó su desacuerdo con un argumento más legal que económico: sostuvo que las leyes vigentes no permiten compensar deudas de distinto origen y de distintos sujetos y que los gobiernos provinciales son terceros ajenos a la relación acreedor/deudor de las distribuidoras eléctricas con Cammesa.
Ante los cuestionamientos provinciales, la Secretaría de Energía a cargo de la salteña Flavia Royón les recordó a las autoridades provinciales y a las eléctricas morosas que aún está vigente el "régimen especial de regularización" de las facturas impagas que tiene tres aristas relevantes: un período de gracia de seis meses ante de empezar a saldar la deuda, un plazo de cancelación de hasta 96 cuotas mensuales y una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente para las transacciones en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
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