23/11/22

Los factores locales que empujaron la salida de la controlante de Edesur

Detrás del anuncio de desinversión de Enel, que también tiene la represa de El Chocón, surgen reclamos al Gobierno y concesiones por vencer.

Por Antonio Rossi



Más allá del “relato oficial” que esgrimió desde Milán, focalizado en la “necesidad de racionalizar su estructura corporativa, reducir su nivel récord de deudas y encarar un nuevo modelo estratégico de negocios”, la decisión del grupo italiano Enel de poner en venta sus activos energéticos en Argentina también aparece sustentada en una serie de factores económicos y políticos domésticos. Junto con Edesur, la distribuidora eléctrica que presta servicios a más de 2,5 millones de clientes en la Capital Federal y en la zona sur del Conurbano, el portafolio de negocios energéticos que Enel maneja a nivel nacional incluye la Central Costanera, la usina térmica más importante del país con 2.300 MW de capacidad instalada, y el complejo hidroeléctrico de El Chocón-Arroyito, que aporta una generación de 1.328 MW al sistema eléctrico nacional.

Además, posee el 40% de central térmica Dock Sud y participaciones accionarias en las transportadoras eléctricas CTM, Tesa y Yacylec. Completan el tablero de sus fichas locales Enel Green Power (dedicada a proyectos renovables) y Enel X (especializada en movilidad eléctrica y eficiencia energética).

Desde el último año de la gestión macrista y con más intensidad a partir de la asunción de la administración de Alberto Fernández, las empresas piloteadas por Enel han venido funcionando en un marco dominado por la “emergencia económica” y la suspensión de las reglas de juego y renegociaciones contractuales que se habían acordado entre 2016 y 2018.

Entre otros escollos, que también han afectado a los restantes jugadores del sector eléctrico, las compañías controladas por la firma italiana enfrentan una imprevisibilidad tarifaria que condiciona sus ingresos, un constante aumento de los costos operativos, la prohibición de girar dividendos, restricciones para poder importar equipos e insumos críticos y una inseguridad operativa que deviene de la vigencia parcializada del marco regulatorio del sector.

En el caso de Edesur, nave insignia del grupo en el negocio de la distribución eléctrica, los números muestran que entre 2010 y el año de inicio de la pandemia, la empresa acumuló siete estados contables de signo negativo y solo tres períodos anuales con resultados positivos. En las últimas notas remitidas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la directiva de Edesur advirtió que en los últimos tres años sus costos operativos y salariales subieron 321% y que solo tuvieron una mejora acumulada en sus ingresos del 31,5% por los aumentos autorizados en 2021 y en mayo pasado.

Destacó, además, que por los aumentos de mayores costos no reconocidos por el Gobierno, la empresa dejó de recibir desde 2020 hasta ahora una suma total actualizada de $110.204 millones. La contracara de ese reclamo ha sido la decisión de la empresa de dejar de abonar la totalidad de las facturas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y usar parte de esos fondos para cubrir los mayores costos operativos y los aumentos salariales que el Gobierno no ha querido reconocerle en sus ingresos tarifarios. El rojo que arrastra Edesur trepa a unos $ 130.000 millones, que representan casi el 25% del total de las facturas por cobrar de $ 550.000 millones que tiene la administradora del mercado mayorista eléctrico.

A eso se agrega otro dato político que el staff directivo local de Enel no pasa por alto. A diferencia de Edenor, controlada por el trío empresario local de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, Edesur sigue estando en la mira del ala kirchnerista de Energía que anuló y judicializó los acuerdos tarifarios del gobierno de Cambiemos y de algunos intendentes del Gran Buenos Aires que, molestos por los cortes de suministro que se han registrado en los últimos veranos, no dejan de pedir cada vez que pueden la caída de la concesión y la estatización del servicio.

Problemas de generación

En el negocio de la generación, Enel enfrenta dos problemas. En el caso de las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, esas empresas arrastran los denominados “contratos viejos” que dejaron de ajustarse por la variación del dólar y quedaron pesificados desde marzo de 2020.

En lo que va de este año, la remuneración de la energía entregada por esas usinas aumentó solo un 43% frente a una inflación que prácticamente duplicó esa marca. Desde setiembre, aguardan una actualización prometida por la secretaria de Energía, la massista Flavia Royón, que aún no tiene fecha cierta de concreción.

Por el lado de la hidroeléctrica de El Chocón, el tema saliente es que la concesión, que data de la época menemista, tiene fecha de expiración a mediados del próximo año. La intención de las provincias de Neuquén y Río Negro es quedarse con el manejo y control de esa represa junto con las de Cerros Colorados-Planicie Banderita (450 MW), Alicurá (1.000 MW) y Piedra del Águila (1.400 MW), cuyos contratos de concesión también vencen en 2023.

Tras rechazar esa embestida, el Ejecutivo nacional ya advirtió que el destino de las centrales hidroeléctricas será definido por la Casa Rosada en los primeros meses del año que viene.

Nota Editada en Letra P