Por Antonio Rossi
En medio del enfrentamiento interno cada vez más virulento que se registra en la coalición gobernante del Frente de Todos, las audiencias públicas para tratar los ajustes de tarifas y la quita de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas se encaminan a enfrentar una serie de nubarrones que ponen duda tanto la implementación operativa de los nuevos valores que pagarán los usuarios, como el futuro político de los funcionarios de Economía y del área energética que mantienen posturas divergentes sobre los recortes fiscales comprometidos en el acuerdo con el FMI.
A diferencia de todas las audiencias públicas que se han realizado hasta ahora donde los contrapuntos se dieron entre los esquemas de aumentos impulsados por las autoridades y los reparos de los usuarios, está vez las controversias más marcadas y evidentes se plantean entre dependencias oficiales de un mismo gobierno.
Tal como viene sucediendo desde principios de 2020 cada vez que se abordan la posibilidad de una actualización tarifaria en los servicios públicos, nuevamente han vuelto a saltar sobre el tapete las diferencias ideológicas y operativas que separan las aguas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y los funcionarios del sector que responden la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria: Federico Basualdo (Subsecretario de Energía Eléctrica), Soledad Manín (interventora del ENRE) y Federico Bernal (interventor del Enargas).
Posturas contrapuestas
Expuestas sin tapujos en informes y documentos oficiales elaborados para las audiencias, las posturas contrapuestas de los miembros del Gobierno pueden resumirse en las siguientes conclusiones difundidas desde los dos bandos en pugna.
Para el ala K "tanto para los hogares, como para los comercios e industrias, los incrementos de tarifas y eliminación de subsidios en juego atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos".
En cambio, para Guzmán y su gente "la actualización de las tarifas, que contempla la protección del poder adquisitivo de la población y permite la reducción de las inequidades, es un elemento que, en el marco de un programa macroeconómico integral, sirve para facilitar las condiciones de crecimiento, la reducción de la desigualdad y la baja en la inflación".
Audiencias al por mayor
Con el fin de poner en práctica el recorte del gasto en subsidios tarifarios comprometido con el Fondo, Guzmán –por medio del zigzagueante secretario de Energía, Darío Martínez-- convocó a tres audiencias públicas para tratar los nuevos precios mayoristas de la energía eléctrica y el gas y la quita segmentada de las compensaciones económicas que viene aportando el Estado para los usuarios de esos servicios.
La primera quedó agendada para el 10 de mayo con el fin de analizar "los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST)". La segunda tendrá lugar un día después y será para el tratamiento de los "nuevos valores de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST)". Y la tercera—que se concretará el 12 de mayo—se orientará a tratar "la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y energía eléctrica para el bienio 2022-2023".
Pese al reclamo que habían elevado las entidades de usuarios para que se desarrollen de manera presencial y presididas por Guzmán, el ministro decidió que las tres audiencias se realicen en forma virtual por la plataforma Webex y bajo la batuta de Martínez.
Según lo anunciado oficialmente en el momento del llamado a las audiencias, los usuarios de mayor poder adquisitivo, que representan el 10% de la clientela hogareña, deberán afrontar una poda total de los subsidios vigentes. Ese cambio implicaría en las boletas finales subas del 200% al 300% con respecto a lo que han venido pagando hasta ahora. De acuerdo con los cálculos que hicieron los técnicos de Economía, este segmento de usuarios con mayor capacidad de pago recibió el año pasado un doble beneficio de subsidios compuesto de $49.452 en el caso del servicio eléctrico y de $23.312 en las facturas de gas.
En tanto, para los quienes reciben el beneficio de la tarifa social, se resolvió que el incremento anual será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Esa variable arroja un porcentaje anual del 22% que está en línea con los aumentos de luz y gas aplicados a principios de año, con lo cual ahora quedarían al margen de un ajuste tarifario.
En cambio, para los restantes clientes residenciales de ingresos medios que no tienen beneficios sociales, el aumento anual se fijará tomando en cuenta el 80% del CVS de 2021. Eso arroja un porcentaje de incremento del orden del 40% anual. Como ya tuvieron una suba promedio del 20% al inicio de 2022, ahora tendrán que afrontar otro aumento promedio similar del orden del 20% para alcanzar el techo máximo de actualización tarifaria que el Gobierno consensuó con el Fondo para ese segmento de usuarios.
Interrogantes
Además de no conocerse con precisión cuáles serán los aumentos finales que se terminarán aplicando en los distintos niveles de consumo de los clientes hogareños, hay otra cuestión que genera dudas e interrogantes por el lado de los usuarios del AMBA que van a perder los subsidios y pasarán a pagar los precios plenos del gas y la energía eléctrica.
Inicialmente el Gobierno había difundido que, tomando en cuenta el valor de los inmuebles y los lugares de residencia en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires relevados por el ENRE, ese segmento que contaría con un alto poder adquisitivo englobaba algo más de 480.000 usuarios equivalente a casi el 10% de la clientela residencial.
Pero en la última semana, un documento técnico del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio –un hombre del riñón de Guzmán—elevó el alcance de la quita de subsidios a casi el 20% de los usuarios residenciales.
Basado en información de las empresas y los datos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonios, el funcionario que responde a Economía destacó que la región metropolitana serán 921.778 los usuarios del servicio eléctrico que se quedarán sin subsidios y 760.600 los hogares que correrán la misma suerte en el servicio de gas.
Esa ampliación del universo de usuarios que verán suprimidos los subsidios se debe a la inclusión de nuevos criterios económicos que se definieron en el entorno de Guzmán para reforzar los parámetros iniciales del ENRE. Además del tipo de inmueble, se resolvió que tendrán las tarifas plenas aquellos usuarios que tengan ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales ($314.000), 3 o más inmuebles, 3 o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o que sean propietarios embarcaciones o aeronaves de lujo.
Reclamos en puerta
Si bien los funcionarios de Economía destacaron que se habilitará un mecanismo para que los usuarios que consideren que fueron mal excluidos de los subsidios puedan solicitar su reincorporación al status anterior, las distribuidoras eléctricas y gasíferas ven con preocupación los problemas operativos y la marea de reclamos que podrían sobrevenir con la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios.
Esa inquietud se vio reforzada en los últimos días luego de que los mismos técnicos de la Secretaría de Energía reconocieran que "la disponibilidad de información inicial es una limitante y por lo tanto las empresas deberán instrumentar mecanismos para que en los distintos niveles de suministros se informe la cantidad de hogares que están asociados, su composición, nivel de ingresos y situación patrimonial".
El principal escollo que se presenta en este terreno es la baja respuesta que obtuvieron las empresas en las campañas para regularizar la titularidad de los servicios que lanzaron a fines del año pasado. Se estima que todavía algo más del 40% de los hogares no tiene blanqueados, ni al día los últimos cambios de propietarios y titulares de los servicios.
Tras haber mostrado muy activo en la última semana con cuatro reuniones con distintos círculos empresarios, Guzmán deberá transitar los días de las audiencias públicas sin la presencia en el país del presidente Alberto Fernández, quien estará de gira por España y Alemania. Sin su principal defensor y sostén, el ministro deberá enfrentar una semana caliente donde seguramente volverán a la carga los embates del kirchnerismo que apuntan a eyectarlo del Palacio de Hacienda.
Además, justo en los tres días en que están agendadas las audiencias, los movimientos sociales y piqueteros han organizado una movilización nacional que culminará en la Capital Federal para rechazar el acuerdo con el FMI y reclamar mayores ingresos por el avance inflacionario.
Una vez transcurridas las audiencias, todas las miradas se enfocarán en ver cómo jugarán los responsables de los entes reguladores que deben sacar las resoluciones específicas para autorizar los aumentos y las nuevas tarifas.
Hay quienes ven en esa instancia un nuevo capítulo conflictivo que podría demorar la implementación de los ajustes. Y no descartan que Bernal, el interventor del Enargas, cumpla lo que había anticipado el año pasado y llame a una nueva audiencia para analizar los nuevos precios del gas antes de autorizar el traslado o "pass through'' a las tarifas finales de los usuarios.
Fuente: iProfesional.com
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