Por Antonio Rossi
En su debut como sucesor de Alexis Guerrera al frente del ministerio de Transporte, el massista rosarino Diego Giuliano se topó de entrada con tres cuestiones significativas vinculadas con las líneas urbanas de colectivos que operan en la región del AMBA y en las principales ciudades del interior del país. La primera decisión que adoptó, por indicación del ministro de Economía, Sergio Massa, fue la postergación del ajuste tarifario del 40% en los boletos de los colectivos y trenes metropolitanos que estaba agendado para los primeros días de diciembre.
La aplicación de los nuevos cuadros tarifarios se trasladó al 1 de enero y la próxima semana Transporte pondrá en marcha la instancia no vinculante de “participación ciudadana” que establecen las normas vigentes como paso previo a una actualización de los boletos.
El nuevo incremento tarifario será el segundo desde el inicio de 2019. Llevará el valor del boleto mínimo de colectivos actual de $ 25,2 a $ 35,28 pesos, acumulando desde agosto pasado una suba del 95,5%, en línea con la variación inflacionaria que dejará el registro anual de 2022. La segunda sección (de 3 a 6 kilómetros) de las líneas metropolitanas pasará de $ 28 a $39,20; mientras que para la sección más extensa que supera los 27 kilómetros, el boleto cambiará de $32,20 a $45,08.
Por el lado de los trenes metropolitanos, las tarifas mínimas de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y Roca subirán de $ 17,25 a $ 24,15; mientras que la correspondiente al ferrocarril Urquiza trepará a $15,75 y las de las dos líneas Belgrano (Norte y Sur), a $ 13,30.
Con el traslado del ajuste tarifario para el inicio del próximo año, el equipo económico quita un factor de presión inflacionaria que amenazaba con complicar la implementación del nuevo esquema de “Precios Justos” con el cual busca bajar y contener los aumentos de precios hasta marzo dentro de una pauta mensual del 4%. Tal como sucedió con el aumento implementado en agosto, la nueva suba del 40% en el transporte público va a dejar un impacto mensual que oscila entre 0,4 y 0,5 puntos en el índice de precios al consumidor de enero.
Desfasajes
La segunda cuestión relevante referida a los colectivos que debe enfrentar Giuliano tras ocupar el sillón de ministro gira en torno a los planteos de reconsideración e impugnaciones administrativas contra la resolución 804 que decidieron llevar adelante algunas compañías urbanas y dos cámaras empresariales del sector.
Firmada por Guerrera a mediados de noviembre, la resolución 804 actualizó los valores y los cálculos de los costos operativos y salariales que se toman como referencia para la determinación de los subsidios a las líneas del AMBA.
Por esa norma, la cartera de Transporte aprobó un aumento del 32% en el monto total de los subsidios destinados a las empresas de colectivos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Pasaron de un promedio de $ 24.500 millones por mes desembolsados hasta setiembre a un nuevo monto mensual de $ 32.500 millones —equivalente a unos $ 1.083 millones diarios— que van a cobrar las empresas hasta marzo.
En las impugnaciones y solicitudes de reconsideración, las empresas dueñas de los colectivos advirtieron que la mayor parte de los costos y valores de referencia que utilizo el funcionariado se encuentran desfasados y no se ajusten a los precios reales del mercado. Entre otros ítem, remarcaron que el precio consignado de un vehículo nuevo está subvaluado en un 50%, mientras que en repuestos y neumáticos las diferencias de valores llegan casi al 100%. Apuntaron, además, que en el cálculo de los gastos operativos no se incluyó la última suma no remunerativa de $ 25.000 otorgada en setiembre y octubre al gremio de choferes y se redujo de forma unilateral de 8 a 4 puntos el costo de capital y gerenciamiento.
La presentación efectuada por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) destacó que los equipos técnicos del Gobierno “han usado índices y precios de setiembre que ya a fines de noviembre quedaron totalmente desactualizados por la inflación del orden del 20% de los últimos tres meses”.
Al analizar el impacto de los cambios introducidos por la resolución 804, AAETA advirtió que “no incentiva a las líneas cuyos ingresos están por debajo de los costos erogables a ajustar los servicios y asume que todas las líneas que están hoy en día son necesarias, sin realizar un análisis territorial que contemple la superposición de oferta de servicios”.
El piso de las provincias
En tanto, el tercer asunto destacado con las líneas de colectivos como protagonistas que llegó a manos de Giuliano tuvo su origen en la reciente promulgación de la ley del Presupuesto 2023.
El artículo 81 de la nueva ley 27.701 convalidó el acuerdo sellado entre Massa y las autoridades provinciales que prevé destinar el próximo año un total de $ 85.000 millones de subsidios nacionales para las líneas del interior.
Ese monto quedó fijado como un piso “a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Con la ley de Presupuesto aprobada, ahora el nuevo ministro tendrá que instrumentar la creación del nuevo Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros que establece el artículo 81 y que tiene por objeto “evaluar el uso y la aplicación de los subsidios y la extensión de la tarjeta SUBE como único medio de pago de los servicios de transporte público”.
Nota Editada en LetraP
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