Por Antonio Rossi
En medio de la negociación con los equipos técnicos del FMI por la reducción de subsidios, la administración de Alberto Fernández aprobó un ajuste tarifario para clientes residenciales, comercios e industrias de Edenor y Edesur que oscila entre el 19,7% y el 56,2% y regirá a partir de este martes.
Los aumentos finales para los clientes de las distribuidoras de la región metropolitana que entrarán en vigencia a partir del martes quedaron plasmados en dos resoluciones 75 Y 76 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en una atípica edición que el Boletín Oficial sacó a la calle el sábado de carnaval.
A los aumentos finales que registrarán las facturas de Edenor y Edesur se llegó tras la aplicación de un combo de actualizaciones tarifarias en los tres eslabones que componen el servicio eléctrico. En el caso del valor mayorista de la generación, el ajuste fue del 34%. En los ingresos regulados de las transportistas eléctricas, la suba promedio se ubicó en el 41%. Finalmente, en lo que respecta al “Costo Propio de Distribución” (CPD) de las distribuidoras del AMBA, el incremento alcanzó el 8%.
Según las resoluciones que llevan la firma de la interventora del ENRE, la camporista Soledad Manín, el ajuste del 8% otorgado en los CPD significará para Edenor un ingreso adicional estimado de $ 46.717 millones, equivalente al 40% de su facturación total; mientras que para Edesur la recaudación extra será de $ 31.478 millones, equivalente al 36 % de su facturación total.
En los consumos hogareños, los incrementos finales previstos en las boletas irán del 19,7% al 24,2%, según los distintos niveles de consumo. Para las medianas demandas encuadradas en la categoría “T2”, el valor del cargo variable del servicio eléctrico registrará una suba del 45,5%. En el caso de las industrias y grandes comercios enrolados en la “T3 de hasta 300 kW de potencia contratada”, los ajustes en los cargos variables horarios irán del 45,4% al 56,2%.
Generación más cara para todos y todas
Previamente a los aumentos concedidos por el ENRE para Edenor y Edesur, la Secretaría de Energía conducida por Darío Martínez había aprobado, por medio de la resolución 105, los nuevos valores del costo de la generación y la actualización de los ingresos de las operadoras de las redes de media y alta tensión que recaerán sobre todos los domicilios del país.
Con esa actualización estacional del costo mayorista que afrontará la clientela de las distribuidoras y cooperativas eléctricas, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) podrá morigerar parcialmente el peso de los subsidios que destina a los generadores y que el año pasado representaron para las arcas fiscales una erogación de casi US$ 7.350 millones. Con esos fondos, el Estado subsidió en 2021 el 65% del costo promedio de la generación, mientras que usuarios y usuarias del todo el país tuvieron a su cargo solo el 35% restante del costo real de la energía eléctrica.
Para las autoridades provinciales, la actualización del precio mayorista de la energía representa un dolor de cabeza y un nuevo costo político que deberán enfrentar cuando comuniquen a los usuarios el traslado de los aumentos dispuestos por la Nación.
En algunas provincias ya se han registrado subas para las distribuidoras en las primeras semanas del año, mientras que la mayoría tiene previsto salir al ruedo con sus propios ajustes tarifarios en los próximos dos meses.
Los nuevos precios de referencia de la potencia (POTREF) y Precio Estabilizado de la Energía (PEE) que convalidó Martínez representan para la demanda residencial un salto del 34% en el valor de la generación que pasó de $ 1.852 a $ 2.482 el MW en las horas pico y de $ 1.676 a $ 2.246 el MW en las horas valle. En tanto para las pymes y los entes públicos, el incremento de la energía a lo largo del día trepa al 50%.
En el caso de la provincia de Córdoba, el aumento que deberá trasladar por la incidencia que tiene el precio de la energía mayorista en las boletas rondará el 8% y se sumará a la reciente suba del 12% que entró a cobrar la distribuidora estatal EPEC.
Por su parte, el gobierno provincial de Santa Fe conducido por Omar Perotti tendrá que autorizar un nuevo aumento del 10% por la variación de la energía mayorista que se añadirá al incremento acumulado de hasta el 35% que fue aprobado hace dos semanas para que la empresa estatal EPE lo aplique en dos tramos en febrero y abril.
En tanto, para las provincias que integran la región del Norte Grande (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja) la resolución 105 significó un claro revés a la ofensiva que venían desplegando con el fin de obtener un régimen de tarifas diferenciales para los usuarios residenciales de las zonas más cálidas del país.
Al igual que el vigente en el servicio de gas que fue ampliado el año pasado, el esquema tarifario impulsado por los gobernadores del NOA y NEA prevé un mayor desembolso de subsidios a cargo del gobierno nacional para que los clientes hogareños de sus provincias abonen por los kilovatios hora (kWh) que consumen entre un 30% y 50% menos.
El planteo es apoyado sin fisuras ni grietas por autoridades del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y partidos provinciales. Se sustenta en el hecho de que en el norte argentino, que tiene temperaturas que promedian los 40 grados entre octubre y marzo y salarios más bajos, se paga por las facturas eléctricas entre tres y cuatro veces más que los hogares de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
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