Por Antonio Rossi
El capítulo tarifario incluido en el acuerdo que cerraron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el equipo técnico del FMI dejó una certeza política y varias dudas operativas sobre cómo se implementará la reducción de subsidios y quiénes deberán afrontar los mayores aumentos en las facturas de los servicios de energía eléctrica y gas.
En el plano político, las revisiones tarifarias comprometidas a partir de junio implicarán un punto de inflexión para la anormal situación que se registra con el manejo autónomo y desarticulado de la cartera económica que ejerce en el área energética el funcionariado identificado con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria.
El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, y el timonel del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, han venido ejecutando una partitura disonante de los lineamientos que el titular de Economía buscó imponer hasta ahora en el sector energético.
Ese desacople interno quedó expuesto el año pasado en tres movidas clave: con los aumentos mínimos implementados en contra de las fuertes subas en luz y gas que tenía previstas Economía; la falta de avance de la segmentación tarifaria y el rechazo al proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que impulsaban Guzmán y las petroleras. A esto se agregó el intento fallido de despido de Basualdo, que el titular de la cartera económica no pudo concretar ante la oposición de CFK.
A fines de diciembre, volvieron los chispazos cuando Basualdo y las autoridades de los entes difundieron un plan de segmentación tarifaria basado en la geolocalización de las personas usuarias del servicio eléctrico que fue rechazado por Economía por considerarlo limitado y poco eficaz para avanzar con la poda de subsidios y la reducción del gasto público.
Junto con ese modelo de revisión tarifaria, el ala kirchnerista de la Secretaría de Energía también había determinado que los aumentos para las tarifas residenciales de Edenor y Edesur y de las gasíferas nacionales en 2022 iban a tener un tope máximo del 20% promedio, para quedar por debajo de las mejoras salariales previstas a lo largo del año. Ese porcentaje limitado de actualización tarifaria chocó nuevamente con los incrementos de hasta el 126% que habían calculado en el Palacio de Hacienda para empezar a desarmar la pesada carga de los subsidios energéticos, que el año pasado significaron, para el Estado, un desembolso superior a los US$ 10.000 millones.
A escasas horas de que empezaran a regir desde el martes los aumentos finales fijados, entró en escena el acuerdo alcanzado con el FMI, que contiene una nueva reconfiguración tarifaria diseñada por Guzmán con incrementos a corto plazo que podrían ascender hasta el 190% para determinados consumos eléctricos. La hoja de ruta que la administración de Alberto Fernández consensuó con el Fondo establece el llamado a audiencias públicas para fines de abril con el fin de aplicar los nuevos aumentos tarifarios a partir de junio. En Energía, ahora la incógnita radica en saber si continuará funcionando un esquema bifronte en el que convivan, como en la alianza gobernante, el rechazo camporista al FMI y las directivas que ordene Guzmán para hacer cumplir el acuerdo con el organismo.
Dudas por la letra chica
El panorama no está tan claro respecto de los alcances e instrumentación del nuevo esquema de “tarifas razonables” que acordaron Economía y el FMI. Según los comunicados oficiales, la quita de subsidios se aplicará inicialmente “al 10% de los usuarios residenciales que posean mayor capacidad de pago”. Lo que no precisaron en el ministerio de Guzmán es la "letra chica" del nuevo esquema y qué parámetros y base de datos utilizarán para definir los niveles de ingresos de los hogares.
Otra arista no menor que también quedó en el aire en el servicio eléctrico es cómo se van a eliminar parcialmente los subsidios al valor mayorista de la generación y qué impacto tendrá esa medida en usuarios y usuarias de las distribuidoras y cooperativas provinciales que hasta ahora vienen pagando el mismo precio de la energía que Edenor y Edesur.
La identificación de clientes con “mayores capacidades de pago” enfrenta un problema adicional, que es la falta de actualización de la titularidad de los servicios. Hasta ahora, las campañas de reempadronamiento que lanzaron las empresas en diciembre pasado tuvieron una escasa respuesta y solo un 20% de quienes deberían ponerse al día han completado los trámites.
Los primeros cálculos sobre los aumentos que se vienen para clientes de mayor poder adquisitivo de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires perfilan un ajuste por la pérdida de subsidios del 141% al 190% en el precio de la energía consumida. Esos incrementos en el valor de los kWh se acumularán a la reciente suba del 22% promedio que entró a regir desde el 1 de marzo.
En el caso de las pymes de la categoría "T2", la eliminación de los subsidios disparará un aumento en el cargo variable de la energía demandada de 153% que se adicionará al ajuste del 45% aplicado a esta semana. En las industrias y grandes comercios de la categoría T3, de hasta 300 kW de potencia contratada, las subas estimadas en el precio del kWh oscilarían entre el 118% y 165% y se sumarán a las recientes actualizaciones del 45% al 56% que enfrentan desde el martes.
En tanto, para quienes poseen el beneficio de la tarifa social, el incremento total será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. En 2021, ese índice alcanzó el 56,5%, con lo cual el aumento previsto para este segmento de usuarios sería del 22,6%, porcentaje que ya se habría alcanzado con el reciente ajuste final del 20% al 22%.
Para el resto de quienes pagan tarifas residenciales, poseen ingresos medios y no tienen beneficios sociales, el aumento será equivalente al 80% del CVS, que arroja un porcentaje final del 45%. Si se descuentan las subas promedios aplicadas esta semana, los ajustes pendientes tendrían que oscilar entre el 23% en las facturas eléctricas y el 25% en las boletas de gas.
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