Por Antonio Rossi
Encabezadas por Transener (que tiene su sociedad controlante repartida en partes iguales entre el grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin y la estatal Enarsa manejada por el camporista, Agustín Gerez), las transportistas eléctricas se encaminan a afrontar la audiencia pública por la actualización de sus cuadros tarifarios en medio de un marcado descontento con las autoridades energéticas y con pedidos de aumentos que podrían llegar hasta el 200%.
Sin el peso y la exposición pública de Edenor y Edesur y con una incidencia tarifaria mínima en las facturas finales, las empresas que operan las redes de transmisión de media y alta tensión juegan un rol clave en el sistema eléctrico nacional y desde el inicio del actual Gobierno vienen reclamando una mejora en sus ingresos específicos que les permita hacer frente a los crecientes costos operativos y salariales y las inversiones mínimas en mantenimiento que requieren las redes e instalaciones.
A diferencia de lo que ocurre cuando aumentan las tarifas de generación y distribución que tienen un marcado impacto en las boletas, las actualizaciones otorgadas a las transportistas tienen una incidencia mínima en las facturas finales que oscila entre el 1% y 3%.
Tras haber otorgado la última actualización parcial a principios de este año, la administración de Alberto Fernández -por medio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que conduce el massista Walter Martello- llamó a una audiencia pública para el 30 de noviembre con el fin de tratar los ajustes de recomposición tarifaria que soliciten Transener, Transba, Transpa, Districuyo, Transcomahue, Transnoa, Transnea y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).
Los números de la compañías eléctricas
Según los números de las compañías eléctricas, en los últimos tres años solo recibieron una mejora promedio en sus ingresos del 70% frente un incremento acumulado de los costos operativos que superó el 370%.
Tras haber asumido en los primeros días de agosto al frente de la Secretaría de Energía, la salteña Flavia Royón les había prometido un aumento específico del orden del 70% que iba a entrar a correr a partir de septiembre junto con la primera fase de la segmentación tarifaria y quita de subsidios a los usuarios residenciales de mayores ingresos.
Esa suba -que se iba a extender hasta marzo del próximo año para instrumentar luego con la demorada Revisión Tarifaria Integral (RTI)- quedó en el olvido y, dos meses después, Energía decidió llamar a audiencia pública para que las transportistas expongan qué porcentajes de aumentos necesitan para cubrir sus gastos e inversiones prioritarias hasta la expiración del mandato del actual Gobierno en diciembre de 2023.
De esta manera, tanto Royón, como su superior, el ministro de Economía, Sergio Massa, apuntan ahora a conceder sólo un aumento antes de que termine este año y transitar todo el 2023 y la próxima campaña electoral con las tarifas del transporte eléctrico congeladas.
Tarifas: la herencia que dejará la "adecuación tarifaria transitoria"
Además, al haber definido al aumento en juego como una nueva "adecuación tarifaria transitoria", Royón y Massa también le están pasando como herencia a la gestión que asuma a fines del próximo año la tarea de definir e implementar las RTI destinadas a normalizar los contratos de concesión que el actual Gobierno interrumpió a fines de 2019 bajo el paraguas de la emergencia de económica y solidaridad social.
En los documentos presentados de cara a la audiencia pública, todas las transportistas coincidieron en destacar que enfrentan una situación económica y financiera crítica debido a la disparada inflacionaria y los incrementos que se registraron en los últimos seis meses en sus costos de operación y pagos de mejoras salariales.
Para poder seguir operando y manteniendo el servicio hasta diciembre de 2023, los cálculos de las transportistas indican que sería necesario un aumento específico en sus ingresos que oscile entre el 180% y 200%.
Esa actualización tarifaria incluye los aumentos de costos que se esperan hasta fin de este año, la inflación prevista para 2023 y una porción orientada a atender las obras e inversiones más atrasadas y urgentes. Según las estimaciones de las empresas, el impacto final de esos aumentos en las boletas de luz representarían entre $30 y $80 más por mes para los usuarios residenciales de todo el país.
La situación de Transener
En las últimas notas enviadas al ENRE, Transener -la principal compañía del sector que opera 57 estaciones transformadoras y 12.400 kilómetros de líneas propias más 6.228 km. de la transportista regional Transba- destacó que "el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión requiere de una readecuación de ingresos de manera integral para poder recuperar los niveles de inversión compatibles con la obsolescencia de las instalaciones, contar con capacidad de financiar los incrementos de los costos operativos y recuperar una razonable rentabilidad".
Además, puntualizó que su situación actual "es crítica ya que los ingresos de 2022 fueron definidos por el ENRE bajo las premisas de una pauta de inflación anual del 33%; la no incorporación de una cláusula de ajuste tarifario periódico y el pago sin mora de las facturas de servicio a cargo de la Cammesa".
Los directivos de Transener advirtieron que, sin un aumento adecuado antes de que termine el año, arrancarán 2023 con "niveles mínimos operativos de caja en enero" y una "concreta falta de liquidez en febrero que impedirá satisfacer, entre otras cuestiones, los pagos de los salarios acordados en la última paritaria".
Al igual que las restantes transportistas, la empresa -cuyo 50% está en manos del propio Estado a través de Enarsa- alertó sobre "la impostergable necesidad de recuperar los niveles de inversión en el sistema, para lo cual resulta imprescindible contar con el mecanismo que asegure la disponibilidad de los dólares suficientes, al tipo de cambio previsto, para poder afrontar la compra de los equipos y materiales que en su gran mayoría son expresados en dicha moneda".
En tanto, para hacer frente a los estragos que provoca la inflación, Transener y sus colegas del sector también han sumado a sus reclamos "el establecimiento de un mecanismo de actualización periódica trimestral con una cláusula gatillo que permita preservar el valor de las tarifas".
Fuente: iProfesional
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