17/07/23

A 5 meses del cambio de mando, el Gobierno busca inversiones privadas para ampliar las redes de transporte eléctrico

El sistema de transporte del sistema eléctrico funciona al límite de su capacidad técnica por la falta de inversiones que arrastra desde más de una década

Por Antonio Rossi



A menos de un mes de haber aprobado el "Plan de Obras Prioritarias del Sistema de Transporte Eléctrico" que el país necesita llevar adelante y con un reconocimiento indirecto de que carece de los recursos suficientes para ese fin, la administración de Alberto Fernández decidió abrir el juego al sector privado con una convocatoria oficial que apunta a recibir "manifestaciones de interés" destinadas a "gestionar y financiar" las ampliaciones de redes de transmisión eléctrica que permitan la incorporación de nuevas centrales de generación y el desarrollo de explotaciones mineras.

El sistema de transporte del sistema eléctrico nacional viene funcionando al límite de su capacidad técnica por la falta de inversiones que arrastra desde más de una década en obras de ampliación y tendido de nuevas líneas de alta y media tensión.

A diferencia del sector de distribución donde las empresas operadoras como Edenor y Edesur tienen que hacerse cargo de las inversiones de expansión del servicio, las transportistas eléctricas (Transener, Transnoa, Transnea, Transcomahue, Distrocuyo, EPEN, Transba y Transpa) solo tienen la obligación de "mantener y operar" las redes de transporte.

Según las reglas de juego vigentes, el que tiene la responsabilidad de diseñar, aprobar y autorizar las obras de ampliación de las redes de transporte -con los mecanismos de repago correspondientes- es el Estado a través de la Secretaría de Energía.

Una situación crítica que el Gobierno busca corregir

A menos de cinco meses de traspasar el mando, ahora el Gobierno busca corregir la situación crítica del transporte eléctrico con un atípico llamado para movilizar la inserción y el financiamiento del sector privado.

Por medio de la resolución 562/23, la Secretaría de Energía comandada por la massista salteña, Flavia Royón puso en marcha un esquema que se había utilizado durante la gestión macrista para que empresas e inversores privados presenten proyectos destinados a ampliar la capacidad de transporte eléctrico con aportes de fondos propios que permitan cubrir entre el 50% y 100% del costo total de cada obra.

A través del artículo 1 de la nueva norma, el Gobierno convocó a "realizar manifestaciones de interés para gestionar y financiar o cofinanciar con otros interesados o con el Estado Nacional ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte que permita el ingreso de nueva oferta de generación y el transporte de la energía eléctrica generada hasta los centros de consumo".

Las empresas del sector y firmas interesadas en el negocio eléctrico podrán "acompañar propuestas de mecanismos de comercialización de energía y condiciones que permitan instrumentar las manifestaciones de interés propuestas".

Extensión de la red nacional de líneas de 500 kV

Por esta vía los funcionarios esperan recibir propuestas de inversión orientadas a extender la red nacional de líneas de 500 kV y a readecuar y ampliar las estaciones transformadoras en el ámbito federal. Para las ampliaciones de transporte destinadas a vincular nueva oferta de generación con los grandes centros de demandas, el porcentaje máximo de participación que tendría el Estado será, en principio, del 50%, quedando el resto del cofinanciamiento a cargo del impulsor privado.

En tanto, el segundo artículo de la resolución estableció una convocatoria específica de "manifestaciones de interés para realizar aportes económicos a fines de gestionar y financiar o cofinanciar con otros interesados la ejecución de ampliaciones de transporte eléctrico para promover el abastecimiento de explotaciones mineras ubicadas en áreas aisladas". En este caso, la totalidad de la inversión de cada iniciativa deberá ser cubierta con fondos privados. Con esta alternativa, los funcionarios de Energía consideran que "los proyectos de inversión minera centrados en el norte de San Juan y en las provincias que integran la Región del NOA podrían mejorar su factibilidad en caso de contar con el abastecimiento de energía desde la red eléctrica en condiciones más eficientes en términos de costos y de mayor seguridad en el suministro".

La lista de las principales obras que el Gobierno quiere llevar adelante con inversiones privadas incluye las nuevas líneas de alta tensión en 500 Kv de Atucha-Belgrano II, Anillo AMBA; Diamante – Charlone; Bahía Blanca – Choel Choel III; Minera Oeste – La Rioja Sur; Charlone – Plomer; Central Hidroeléctrica Néstor Kirchner – Futaleufú – Piedra del Águila; Rodeo-Proyecto Minero José María; Lavalle-Chumbicha; Minera Oeste-Antofagasta y las interconexiones Santa Cruz-Tierra del Fuego y Formosa-Paraguay.

En tanto, entre las readecuaciones prioritarias de estaciones transformadoras figuran las correspondientes a: Malvinas (Córdoba); Rosario Oeste; Alicurá; Arroyo Cabral; San Juan; Chaco; Salto Grande, Formosa, San Isidro, Resistencia y Santiago del Estero.

Los fundamentos del Gobierno

Entre los fundamentos de la convocatoria lanzada para sondear el interés privado, el Gobierno admitió que "en los últimos años la incorporación de potencia para abastecer el crecimiento de la demanda eléctrica se vinculó al sistema de transporte eléctrico en puntos alejados de los grandes centros de carga y no fue acompañada por inversiones de magnitud en dicho sistema, lo que ha derivado en la operación del sistema a plena capacidad, produciéndose inclusive congestiones en la red de alta tensión".

Agregó que "para dar continuidad al desarrollo del sector resulta oportuno propiciar mecanismos para articular las inversiones en generación y en el transporte asociado a las mismas". Y añadió, también, que "la prioridad de uso de instalaciones de transmisión establecida en la regulación eléctrica nacional constituye parte del incentivo para articular los desarrollos mineros con inversiones en el transporte eléctrico que permitan asegurar el abastecimiento de energía en los niveles requeridos por dicha industria".

Los interesados tendrán un plazo de 90 días corridos para entregar sus propuestas con los cronogramas previstos para las obras y las fechas de habilitación comercial de cada iniciativa.

Además, deberán "expresar los criterios que consideren válidos para el recupero del financiamiento como ser el período de amortización y la tasa de descuento. De forma complementaria, podrán presentar mecanismos de comercialización de energía. En todos los casos, se tomarán las propuestas de ejecución de obras de transporte y de mecanismos de comercialización como dos cuestiones independientes".

Fuente: iProfesional