31/08/23

AySA sale a reclutar abogados externos para el cobro judicial a los deudores morosos

Los interesados deberán presentar sus antecedentes profesionales y acreditar experiencias en cobranza judiciales el próximo 19 de setiembre

Por Antonio Rossi



Tras haber aplicado de manera silenciosa desde el 1 de agosto un ajuste tarifario para los clientes hogareños que osciló entre el 20% y 197% y ante las primeras señales que dan cuenta de un mayor atraso en los pagos de las facturas, la compañía estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) salió a reclutar abogados en la Capital Federal y los principales partidos del Gran Buenos Aires para que lleven adelante las "gestiones de cobranza judicial" de los usuarios morosos.

La empresa que preside Malena Galmarini -la esposa del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa que perdió las elecciones internas del oficialismo para la intendencia de Tigre- abrió un proceso licitatorio para contratar por un período de 24 meses a abogados externos de la Capital Federal y los principales partidos del Gran Buenos Aires que se deberán encargar de "todas las acciones conducentes para la gestión de cobranza judicial de deudores morosos por la provisión de agua potable, desagües cloacales y trabajos vinculados a la prestación del servicio público".

Según los plazos en juego, los interesados deberán presentar sus antecedentes profesionales y acreditar experiencias en cobranza judiciales el próximo 19 de setiembre, con el fin de que la empresa pueda avanzar con la selección y adjudicación a los ganadores antes de las elecciones del 22 de octubre.

La movida para reforzar los mecanismos de cobro y atacar la morosidad en los pagos se dio a menos de un mes del último incremento tarifario que fue aprobado por medio de la resolución 331/23 de la Secretaría de Obras Públicas y que impactó en forma plena en los hogares de zonas de "alto valor" y de manera parcial y diferenciada en las viviendas catalogados de "valor medio y bajo".

Desde 2019 hasta mediados del año pasado, el coeficiente de ajuste tarifario K de AySA se mantuvo sin cambios. Desde que Massa se hizo cargo de la cartera de Economía, ese coeficiente lleva acumulado en 13 meses, por actualizaciones tarifarias y quita de subsidios, una suba del 727%.

El nuevo cuadro tarifario y esquema de subsidios -que surgieron tras una remarcación del 197% en "coeficiente de modificación tarifaria K"- implicó para los usuarios de los barrios y sectores zonificados como de "valor alto" un aumento de ese mismo tenor en sus facturas mensuales.

En el caso de los usuarios residenciales localizados en "áreas de coeficientes zonales bajos", las subas quedaron pautadas de la siguiente manera: 20% en las facturas de agosto y septiembre; 36% en el período octubre y noviembre y 22% en los meses de diciembre y enero de 2024.

A su vez, para los hogares de las zonas de valor medio, el incremento en los meses de agosto y septiembre llega al 80%, al cual se agregará otro adicional del 33% en el bimestre octubre-noviembre. Esos niveles de aumento también corren para los comercios e industrias de la Capital Federal y los 26 partidos del Gran Buenos Aires que integran el área de concesión de AySA. Los únicos que seguirán pagando los facturas sin ajustes son los beneficiarios del "Programa de Tarifa Social" ya que continuarán con descuentos adicionales que neutralizan las subas establecidas para la mayor parte de los clientes residenciales.

Cómo es el mecanismo para sumar abogados

El mecanismo lanzado por AySA apunta a contratar letrados externos para la cobranza judicial con ejecuciones fiscales en las jurisdicciones de Capital Federal, Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín y Campana. En la Capital Federal, las acciones se impulsarán en la Justicia Nacional en lo Civil; mientras que, en el territorio bonaerense las actuaciones se canalizarán en el fuero federal en lo Civil y Comercial.

Los abogados y estudios interesados deberán acreditar experiencias en "cobranzas judiciales masivas en empresas de servicios públicos, organismos oficiales, entidades bancarias y tarjetas de créditos". Según pliego licitatorio, se debe entender como "cobranzas judiciales masivas cuando la cartera de cada abogado o empresa supere los 500 juicios en trámite en forma simultánea".

En cuanto a las tareas en juego, los abogados que salgan elegidos tendrán que encargarse de la "promoción e impulso de juicio de ejecución fiscal y de toda otra acción o gestión que condujese a la regularización de las deudas".

Además, deberán tener una "oficina abierta al público y a AySA de lunes a viernes de 9 a 17 horas para satisfacer las necesidades y asesoramientos que deriven de la gestión de deudas y convenios de pagos".

Como retribución por sus servicios, cobrarán por cada juicio iniciado el equivalente al 10% de la deuda si el pago se efectúa antes del dictado de sentencia. En los casos donde se obtenga sentencia favorable a AySA, la comisión a cobrar será del 12%.

De acuerdo con las cláusulas del pliego, los estudios y abogados contratados "no podrán pedir regulación judicial de honorarios en los procesos iniciados con su intervención, renunciando expresa e incondicionadamente a invocar las leyes de aranceles nacionales o provinciales que resulten de aplicación y cualquiera fuere la parte condenada en costas".

Con respecto a los gastos que demanden las gestiones judiciales, la empresa reintegrará todos los importes por tasas, informes de dominio, inscripción de embargos, sellados y los montos equivalentes a los "Bonos de Derecho Fijo" que se pagan en los juicios iniciados en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los recargos y cuando se puede cortar el servicio

Según las normas vigentes, a los que no abonan la factura en el primer y segundo vencimiento, se les aplica un interés capitalizado mensualmente en función de la cantidad de días de mora que toma en cuenta la tasa activa para descuentos comerciales a 30 días del Banco Nación. Pasado el primer mes impago, se adiciona un recargo punitorio del 5% sobre el monto original facturado.

En caso de que la empresa inicie las gestiones de cobranza con un apoderado, habrá un recargo del 10% calculado sobre el monto original más los intereses punitorios y resarcitorios. En tanto, si el cobro pasa a la vía judicial, el recargo será del 15% más los punitorios y resarcitorios.

Si persiste la deuda, AySA podrá proceder al corte del servicio cuando el período de mora de una factura supere los 120 días de plazo.

Fuente: iProfesional