Por Antonio Rossi
En medio de la corrida cambiaria y la ola de aumentos de precios que se registran tras la brusca devaluación posterior a las PASO del tipo de cambio oficial, la Secretaría de Energía comandada por la salteña Flavia Royón se topó con un nuevo conflicto protagonizado por las empresas productoras de biocombustibles de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Royón no logró convencer a las autoridades de YPF para que retrasaran hasta la próxima semana la remarcación en los surtidores que las restantes petroleras ya habían llevado a la práctica con subas promedios del 12,5% en las estaciones de servicios y del 20% en el rubro mayorista. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un incremento similar en la noche del jueves que, dijo, regirá hasta el 31 de octubre. Mientras, las firmas locales elaboradoras de biodiesel resolvieron paralizar la producción en 27 establecimientos localizados en las tres provincias para exigir una inmediata actualización del precio del biocombustible que venden a las petroleras.
El fin es poder compensar los fuertes incrementos en el aceite de soja y el metanol que rigen desde el lunes tras la devaluación que dispuso el candidato presidencial del oficialismo.
Alerta de desabastecimiento
Por medio de una nota conjunta remitida a Royón, las entidades representativas del sector -Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Cámara Santafesina de Energías Renovabes (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA)-advirtieron que enfrentan una “situación de extrema gravedad” y que si el Gobierno no ajusta de manera urgente el precio regulado del biodiesel “la actividad productiva se vuelve económicamente inviable”.
Resaltaron que “los actuales ingresos en pesos generados por la venta del biodiesel a las petroleras no son suficientes para cubrir los costos de producción variables que están en un 90% dolarizados”.
Tras destacar que “se pone en riesgo la continuidad de las empresas y de casi 4.000 empleos directos e indirectos”, las asociaciones que agrupan a las pymes locales alertaron que cualquier demora en la corrección del precio podría generar serios problemas de abastecimiento interno, tal como sucedió a mediados de 2022 cuando la falta de biodiesel se tuvo que cubrir con una mayor importación de gasoil y que, de repetirse, ahora implicaría otro fuerte golpe al crítico panorama generado por la escasez de divisas.
Cómo se reparte el negocio
El negocio interno del biodiesel está dividido en dos segmentos. Uno está integrado por las grandes aceiteras que producen biocombustibles para vender a mercados externos y el otro lo conforman las pymes locales, que tienen prioridad de abastecimiento a las petroleras que deben cumplir con el porcentaje de 7,5% de corte en el gasoil.
El actual mecanismo de actualización del precio fue aprobado a mediados de mayo por medio de la resolución de Energía 324/23. Esa norma estableció los precios de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil para los meses de mayo, junio, julio y agosto. Las cuatro subas mensuales llevaron el precio de agosto a $344,41 la tonelada, acumulando un aumento de casi 17% con respecto al valor que había regido en abril.
Las elaboradoras de biodiesel sostienen que, para cubrir el actual desfasaje de costos, resulta necesario un ajuste en el precio interno que oscila entre el 35% y 40%.
Si ahora Massa y Royón acceden a actualizar el precio del biodiesel en línea con lo que reclaman las productoras locales, lo más probable es que las petroleras vuelvan a la carga con otra remarcación del 4,5% en el valor del gasoil que afectará esencialmente a la actividad agropecuaria y a las empresas de transporte de cargas y pasajeros.
El conflicto planteado entre el Gobierno y las productoras de biodiesel se da a poco más de un mes de la puesta en marcha del Programa de Financiamiento para Capital de Trabajo en la Industria del Biodiesel.
Tras tomar en cuenta los planteos que venían haciendo las cámaras del sector, las autoridades de Economía diseñaron el esquema que tiene como objetivo “ofrecer condiciones de financiación altamente beneficiosas para la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del biodiesel por parte de las empresas habilitadas para el abastecimiento del corte obligatorio con gasoil”.
Lanzado por medio de resolución 947/23 de la cartera económica, el programa cuenta con una partida inicial de $988 millones destinada a otorgar una bonificación de 14,5% en la tasa de interés de los créditos que tomen las productoras para compensar el “descalce financiero que registran en el plazo de 30 días que transcurre entre la compra de insumos y el cobro del producto terminado en el contexto macroeconómico actual”.
Para justificar la implementación del programa, que según las empresas viene a paso de tortuga, el Gobierno utilizó dos argumentos que, curiosamente, coinciden con el reclamo de ajuste de precios que está sobre el tapete. Las autoridades económicas reconocieron que “garantizar la disponibilidad de biodiesel para el abastecimiento del mercado interno reviste una gran importancia puesto que reduce la salida de divisas por la importación del gasoil necesario para cubrir el eventual faltante de dicho biocombustible y permite abastecer correctamente las necesidades del mercado interno”.
Admitieron, además, que “cualquier distorsión que ponga en riesgo los objetivos trazados en la Ley N° 27.640, no sólo atentarían contra el normal desarrollo de las actividades de los operadores de biocombustibles, sino que podrían llegar a generar inconvenientes futuros en el mercado de expendio de gasoil”.
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