Por Antonio Rossi
Tras la remarcación de precios registrada en los surtidores de combustibles que el Gobierno trató de presentar como un “congelamiento” hasta fines de octubre, la secretaria de Energía, Flavia Royón, salió a confirmar que se viene una nueva tanda de aumentos para los servicios de energía eléctrica y gas.
Los incrementos en juego apuntan a un doble objetivo. El primero es compensar el impacto negativo que produjo en los costos de la generación eléctrica y el valor del gas la brusca devaluación del 22% del tipo de cambio oficial que tras la derrota en las PASO llevó adelante el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa. Y mantener en pie la continuidad de los recortes de subsidios energéticos que el Gobierno asumió con el FMI para reducir el déficit fiscal.
Tal como anticipó la timonel de Energía, los nuevos aumentos de luz y gas que recaerán sobre todos los hogares, comercios e industrias del país se definirán la próxima semana, cuando Massa retorne del viaje que tiene agendado a Washington para terminar de cerrar el acuerdo con el directorio de FMI y destrabar un desembolso de US$7.500 millones destinado a apuntalar las alicaídas reservas del Banco Central.
Aumentos cercanos a la devaluación
Los primeros cálculos que manejan los técnicos de Energía arrojan que, para poder contrarrestar el efecto del salto devaluatorio, resultaría necesario aplicar un aumento general promedio del 18% en el servicio eléctrico y otro del orden del 20% en el sector gasífero.
Más allá de los porcentajes finales que tengan los ajustes, los funcionarios del área energética tienen que resolver dos cuestiones salientes. Por un lado, si trasladan los incrementos a todos los hogares o sólo a los usuarios residenciales de mayores ingresos que, por el esquema de segmentación tarifario, quedaron encuadrados en el Nivel 1 (N1). Y, por otro lado, si los nuevos cuadros tarifarios van a regir de manera retroactiva desde el 1 de agosto o empezarán a correr desde el primer minuto de setiembre.
Según el último estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), si el Gobierno no retoca las tarifas para neutralizar el golpe de la devaluación tendría que salir a reforzar las partidas de subsidios energéticos en $ 70.000 millones mensuales.
El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) precisó que, en el caso del negocio eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80%. En el sector gasífero, en tanto, el costo de abastecimiento del gas natural se encuentra dolarizado en un 100% debido a los contratos del Plan Gas.Ar.
Tras recordar que “las tarifas finales no están dolarizadas y se expresan en pesos, siendo el Estado quien decide la porción del costo que absorbe y la que traslada a los usuarios”, el informe advirtió que “cualquier opción de traslado parcial de la devaluación representará un aumento de subsidios, mientras que cualquier opción de traslado total a los usuarios va a implicar un ajuste tarifario”.
Desde mayo, el segmento residencial N1-que agrupa a casi 5,4 millones de clientes hogareños de todo el país- viene pagando la tarifa plena de energía eléctrica.
En tanto, los usuarios de bajos ingresos N2 y los del sector medio N3 -que totalizan casi 11 millones de hogares- siguen conservando distintos grados de subsidios y están pagando hasta ahora sólo entre 13% y 17% del costo total de la energía eléctrica, mientras que el Estado cubre con recursos fiscales entre el 87% y 83% restante.
Por el lado del servicio gasífero, ningún segmento de los usuarios residenciales está abonando una tarifa que cubra la totalidad del precio del gas natural. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas es del 47% para los hogares N1, mientras que en los N2 llega solo al 14% y en los N3 alcanza al 18%.
Desde agosto del año pasado, la tarifa eléctrica en términos reales de un hogar N1 lleva acumulado un aumento por encima de la inflación del 209%. En cambio, por el mantenimiento de subsidios, las facturas promedio de los hogares N2 y N3 registraron en los últimos 12 meses caídas reales de 16% y 6% respectivamente.
En el caso del gas, los comparativos tarifarios muestran que entre agosto de 2022 y junio de 2023, las facturas de los usuarios N1 tuvieron un incremento por encima de la inflación del 14%, en tanto que los N2 y N3 registraron caídas en términos reales del 33% y 34% por aumentos más bajos y el mantenimiento de subsidios.
A la espera del visto bueno del FMI
En la región metropolitana del AMBA, el nuevo aumento que Massa y Royón tienen en las gateras representará para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur el sexto que acumulan en el transcurso de este año. En febrero y mayo, los incrementos correspondieron a quitas de subsidios en el precio de la energía eléctrica. En tanto, los aplicados en abril y junio fueron por la actualización de los ingresos específicos concedidos a las dos distribuidoras privadas que prestan servicios en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El último entró en vigencia con el inicio de agosto y fue por la readecuación del precio estacional de la energía.
Antes de convalidar el alcance de los aumentos en danza, los técnicos de Energía quieren ver si Massa logra arrancarles a las autoridades del FMI alguna flexibilización para poder actualizar e incrementar las partidas de subsidios.
Mientras tanto, buscan argumentos para salir a contrarrestar los posibles cuestionamientos que esperan recibir desde el sector gasífero. A diferencia del sector eléctrico donde los ajustes se pueden implementar con una simple rectificación de los precios del mercado mayorista, en el caso del gas las normas vigentes indican que se debería llamar a audiencia pública. En principio, esa instancia no figura en los planes de las autoridades de Energía que buscarán aprobar los aumentos gasíferos y eléctricos por la vía directa de resoluciones.
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