Por Antonio Rossi
Mientras siguen esperando que el Enargas termine de definir los aumentos tarifarios de sus ingresos específicos que se trataron en la audiencia pública realizada en los primeros días de enero, las distribuidoras privadas de gas quedaron bajo la lupa de los asesores económicos de los principales candidatos presidenciales por las dos cuentas en rojo que arrastran con las petroleras.
Una de ellas tiene que ver con las deudas por los suministros de gas que reciben de las la estatal Enarsa.
La otra, en tanto, factura impaga corresponde a las deudas que se remontan a 2018 por las denominadas "Diferencias Diarias Acumulada" (DDA) que surgieron por la dolarización tarifaria del gas que había aprobado el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y que la actual administración de Alberto Fernández dejó en la nebulosa.
En lo que respecta a las deudas por los volúmenes de gas contratados y no pagados a Enarsa, el último relevamiento del Enargas que presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi en su visita a la Cámara de Diputados consignó que el monto total asciende a $ 46.664 millones, casi un 50% más que la cifra registrada a principios de 2022.
Si bien no alcanzan la magnitud del rojo que acumulan las distribuidoras y cooperativas eléctricas con Cammesa, las deudas que mantienen las gasíferas con la energética estatal constituye un dato relevante que genera ruido en el sector.
La lista de las principales morosas por este concepto está encabezada por Metrogas y las dos distribuidoras de Camuzzi (Gas Pampeana y Gas del Sur) que, ante la falta de ingresos tarifarios suficientes, han optado por financiar sus costos operativos y pagos salariales con lo que dejan de abonarle a Enarsa por el gas que ésta importa desde Bolivia y el GNL que llega por medio de barcos metaneros a las plantas regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca.
Quiénes son las distribuidoras de gas que le deben a Enarsa
De acuerdo con el informe desagregado que Rossi llevó al Congreso, la mayor deudora de Enarsa en la distribuidora Metrogas, cuya principal accionista es, paradójicamente, YPF, la petrolera de mayoría accionaria estatal. Debe un total de $ 26.885 millones, casi cinco veces más que el monto que tenía atrasado de pago en 2021.
A continuación, aparecen Gas del Sur con un rojo de $ 13.511 millones y Gas Pampeana, con una factura impaga que trepa a $ 4.088 millones. Luego le siguen Gas Cuyana ($ 1.033 millones); Gas del Centro ($ 957 millones); Litoral Gas ($ 228 millones) y Gasnea ($ 192 millones). En tanto, las que están al día y sin deudas son Naturgy y Gasnor.
Desde la conducción de Enarsa que pilotea el santacruceño K, Agustín Gerez, le vienen pidiendo al ente regulador que intervenga para tratar de poner fin a lo que consideran un "trato discriminatorio" de las distribuidoras que solo han dejado de pagar las deudas con Enarsa y no con las restantes petroleras privadas.
En lo que respecta a las deudas por las DDA, la situación se presenta más compleja y difícil de resolver debido a los compromisos incumplidos del Gobierno y la renovada presión que ejercen las petroleras para cobrar los montos en juego.
Inicialmente, las diferencias en pesos por las subas del dólar que se fueron registrando desde mediados de 2018 entre los precios acordados entre productoras y distribuidoras iban a ser trasladadas a los usuarios en 24 cuotas mensuales.
Pero, tras el escándalo político que generó la medida, la administración macrista decidió dar marcha atrás y transferir la deuda al Estado. Por medio del decreto 1053/2018, Macri resolvió cancelar ese compromiso en 30 cuotas mensuales y consecutivas, de las cuales sólo pagó la primera en los últimos días de su mandato.
El impacto de la deuda en el cambio de gobierno
Tras el cambio de gobierno, en los primeros meses de 2020 el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el exsecretario de Energía, Sergio Lanziani habían acordado con las petroleras liquidar las seis cuotas correspondientes al período enero-junio de ese año con un pago total de $ 3.400 millones que tenía como principales beneficiarios a YPF ($ 1.491 millones), Total ($ 517 millones), PAE ($ 301 millones) y Pampa Energía ($ 267 millones).
Pero cuando llegó el momento de efectuar las transferencias, Lanziani argumentó que no podía liberar los pagos por la demanda judicial promovida por el entonces interventor del Enargas, Federico Bernal contra los ex funcionarios y reguladores macristas que implementaron el esquema de dolarización tarifaria.
En junio de 2020, Bernal acudió a la Justicia para que se investigue si las autoridades energéticas del anterior gobierno incurrieron en los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública" cuando a principios de 2018 aprobaron un nuevo esquema de tarifas dolarizadas para el servicio de gas natural.
En su denuncia, Bernal planteó que Aranguren y los ex directivos del Enargas intervinieron de manera ilegal para favorecer a las productoras de gas "con una deliberada concertación de precios que se trasladó a las tarifas finales y provocó un perjuicio económico al Estado y a los usuarios de US$ 561 millones".
Con la excusa de que esa movida puso sobre el tapete la legalidad del esquema tarifario que el Estado se comprometió a compensar, Lanziani frenó hasta nuevo aviso los pagos que estaban agendados para saldar las deudas por las DDA.
Los técnicos del Enargas consideraron que las diferencias en pesos que se registraron por el impacto de la devaluación en las tarifas de gas que habían sido dolarizadas por el macrismo "no pueden ser compensadas por los usuarios ni por el Estado". Consideran que era un riesgo financiero que debían prever las empresas y que cualquier pago por ese concepto implicaría un beneficio económico desmedido que el Gobierno no debe reconocer.
A fines de 2020, el exministro de Economía, Martín Guzmán retomó las negociaciones con las petroleras. A cambio del apoyo del sector al programa de estímulos a la producción gas, se comprometió a resolver el tema de las DDA con la emisión de un título de deuda pública por $ 29.514 millones que había sido incluido en el proyecto de Presupuesto 2021.
El artículo que autorizaba el pago mediante un nuevo título público fue eliminado por los legisladores kirchneristas y desde entonces el tema de la deuda por las DDA sigue en aire y a la espera de que alguien lo resuelva.
Mientras las distribuidoras consideran que es tema que deben solucionar las petroleras con el Gobierno, las petroleras entienden que las deudas siguen en cabeza de las distribuidoras y que deben hacerse cargo.
Al igual que con deudas por los suministros de gas, la principal afectada por las DDA es la estatal Enarsa. Luego se encolumnan YPF; PAE, TotalEnergies, Pampa, Wintershall Dea, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista y Compañía General de Combustibles (CGC).
En tanto por el lado de las distribuidoras, las que más deudas tendrían que afrontar por la DDA son Gas Pampeana, Metrogas, Gas del Sur, Litoral Gas, Gas Cuyana, Gas del Centro y Gasnor
Si bien todas las petroleras mantienen actualizados sus reclamos de pagos a las distribuidoras, la que más avanzó en su intento de cobrar ha sido PAE -la petrolera del grupo Bulgheroni, BP y el holding chino CNOOC- con la presentación de una demanda contra Gas Pampeana y Gas del Sur ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC)
Fuente: iProfesional
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