Por Antonio Rossi
Pese al impacto político que provocó la confirmación en boca del presidente electo, la “reprivatización” de YPF que Javier Milei incluyó entre sus primeras definiciones junto con la venta de los medios de comunicación estatales no se avizora como una medida de inmediata implementación. Dos motivos salientes se interponen entre los dichos y el objetivo.
En primer lugar, porque el propio Milei y su principal referente energético y posible titular del área de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, han destacado que, antes de ponerle el cartel de venta a las acciones estatales, la empresa petrolera va a tener que pasar por un proceso de “despolitización institucional” y “revalorización” de sus unidades de negocios.
En segundo lugar, porque la ley 26.741 vigente desde mayo de 2012, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la empresa y que aún tiene un par de puntos relevante pendiente de concreción, establece que cualquier transferencia futura de esas acciones deberá contar con el visto bueno de la dos terceras partes del Congreso.
Tras la privatización menemista de los años 90, YPF había quedado en manos de la española Repsol. Entre fines de 2007 y mediados de 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el grupo local Eskenazi accedió al 25% de la empresa mediante una polémica operación donde prácticamente no tuvo que desembolsar dinero propio: recibió un préstamo de la vendedora, que era Repsol, y otro de un grupo de bancos europeos que fueron repagados con las ganancias que iba obteniendo YPF a costa de recortar las inversiones.
Tras un duro enfrentamiento con Repsol, en 2012 la petrolera fue nacionalizada cuando el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, era el timonel de Economía. En ese momento, la administración kirchnerista le abonó a Repsol US$ 5.000 millones por el 51% de YPF, dejando al margen al resto de los accionistas privados. Por ese desembolso parcial que no tuvo en cuenta el estatuto de la empresa, la Justicia de Nueva York condenó recientemente al país a pagar una indemnización de US$ 16.000 millones, casi cuatro veces más de la valorización que tiene actualmente la compañía al tipo del cambio CCL.
Al referirse a la privatización de YPF, Milei sostuvo que “primero hay que recomponerla y racionalizar sus estructuras internas”. Sin nombrarla, el ganador del ballotage apuntó contra la conducción de la empresa que está en manos del kirchnerista santacruceño Pablo González, con una fuerte presencia en el directorio de integrantes de La Cámpora.
La hoja de ruta para YPF del gobierno que asumirá el 10 diciembre contemplaría una primera etapa basada en un reordenamiento interno, una conducción profesionalizada, que podría estar en manos del ex titular de Vialidad y de Energía del gobierno macrista, Javier Iguacel, y la puesta en valor de sus unidades de negocios: petróleo, combustibles, gas, generación eléctrica y renovables. Después, en una segunda instancia, la intención de Milei sería avanzar con una privatización gradual de la petrolera en un contexto más ordenado y sin los fuertes desequilibrios económicos actuales.
Para poder desprenderse de las acciones de YPF, el nuevo gobierno deberá superar la traba normativa que introdujo el Congreso al sancionar la ley 26.741 que habilitó la reestatización parcial de la petrolera.
El artículo 10 de esa norma establece expresamente que “a efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”.
Con 39 bancas en la Cámara de Diputados y siete en el Senado, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) sólo podría superar ese escollo legal con el apoyo mayoritario de otras fuerzas en el Congreso, algo que a priori se vislumbra complicado y bastante improbable.
Pendientes
Pese a que ya acumula más de 11 años de vigencia, la ley de expropiación de YPF contempla dos medidas relevantes que aún siguen en la nebulosa y sin una fecha cierta de ejecución.
Por un lado, se encuentra la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, que debería estar integrado por la Nación, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires. Ese ente, según el artículo 4, tiene como función saliente “expedirse sobre toda cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la ley y a la fijación de la política hidrocarburífera que el Poder Ejecutivo Nacional someta a su consideración”.
En tanto, la segunda arista pendiente es nada más y nada menos que el reparto secundario de las acciones de YPF expropiadas en 2012.
El artículo 8 de la ley determina que “las acciones quedarán distribuidas del siguiente modo: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos”.
Esa distribución todavía no se llevó a la práctica y contempla la “cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación” y un “ejercicio de los derechos accionarios en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”. Además, les otorga a las provincias petroleras la chance de designar a quienes integran el directorio en forma proporcional a la tenencia de esas acciones.
Mientras continúe pendiente ese paso, el encargado de ejercer “los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones expropiadas” y designar a las autoridades de YPF es el gobierno nacional, una prerrogativa que ejercieron CFK, Mauricio Macri y Alberto Fernández y que ahora también tendrá en sus manos Milei.
Nota Editada en LetraP
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