Por Antonio Rossi
La movida insólita y sorpresiva del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de convocar a un “paro activo” para militar la campaña del candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en contraposición a las propuestas que prevé la oposición para el sector; sumó cuatro hechos negativos que pueden restarle al ministro de Economía en las últimas cinco semanas hasta las elecciones generales del 22 de octubre.
La jugada atípica de Katopodis puso al descubierto las demoras y recortes de fondos que registran las obras públicas que dependen de su cartera; reflotó los reclamos de gobernadores por los proyectos que no se concretaron; puso en guardia a las constructoras que vienen exigiendo la redeterminación de los valores contractuales y la reprogramación masiva de los trabajos; y disparó dos demandas penales por violación de la normativa electoral y supuesta malversación de caudales públicos.
Pensado esencialmente como acción de campaña para contrarrestar las medidas extremas que propone para las obras públicas el candidato libertario Javier Milei; el paro y las asambleas en los lugares de trabajo -a las que se sumó también el presidente Alberto Fernández- solo le sirvieron a Massa para desviar transitoriamente la atención del impacto político fuerte que provocó el 12,4% del índice inflacionario de agosto.
Los números y el relato oficial
Según los datos oficiales e informes de consultoras privadas, los problemas y el posible freno de las obras públicas que Katopodis preanuncia en caso de que pierda Massa ya están registrándose en la actualidad.
El índice de coyuntura de actividad de la construcción que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) cerró en julio con una caída interanual del 5,8% y en los primeros siete meses del año, el sector acumula un descenso del 2,6% con respecto a igual período de 2022.
Por su parte, la consultora Analytica detectó que, en números absolutos y a precios constantes, el gasto público entre agosto de 2022 y julio de este año sufrió una poda de $ 5,5 billones. La mayor parte de los recortes recayeron en los recursos destinados a obras públicas con $ 1,4 billones menos; seguido de las bajas aplicadas en “subsidios económicos” ($ 1,3 billones), jubilaciones y pensiones ($ 800.000 millones) y asignaciones familiares y programas sociales ($500.000).
En la perspectiva de la cartera que comanda Katopodis, en el sector hay ocupación plena y durante la gestión actual se pusieron en marcha 6.711 proyectos de distintas escalas que se distribuyeron entre todas las provincias y los municipios del país.
Reclamos de las provincias
Uno de los primeros que salió a retrucar al ministro fue el candidato presidencial cordobés Juan Schiaretti. En sus redes sociales, el mandatario provincial les reclamó a las autoridades gubernamentales que “hagan y terminen las obras que prometen” y le recordó a Katopodis que “en Córdoba las obras nacionales están paralizadas, como la autovía 19 desde hace 5 años al igual que la reconstrucción de la ruta nacional 158″.
En La Rioja, funcionarios locales indicaron que Vialidad Nacional tiene paralizados los trabajos en la ruta nacional 76 que están cargo de la constructora del grupo Roggio. Lo mismo sucede en Santa Fe con el tramo de la autovía de la ruta nacional 34 entre Rafaela y Sunchales.
A su vez, un informe interno presentado en el último martes en la mesa ejecutiva de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) dio cuenta de que, a nivel nacional, cerca del 70% de las obras públicas se encuentran frenadas o con avances mínimos por los atrasos en los pagos que oscilan entre los 4 y 6 meses y la falta de actualización de los contratos.
Entre otras provincias que tienen las obras ralentizadas figuran Entre Ríos, Chaco, Tucumán, San Juan, Río Negro y Chubut. Las únicas obras que están razonablemente al día son aquellas que cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.
Atrasos, insumos y juicios
Las constructoras del interior volvieron a plantearle al titular de la cámara, Gustavo Weiss que la demora en los pagos de los certificados de obras les genera un perjuicio económico cada vez más marcado en medio del avance inflacionario. También le advirtieron que el Gobierno tampoco está reconociendo los intereses establecidos en la ley de Obras Públicas y que se deberían incorporar cuando el retraso en los pagos supera los 60 días.
En el caso de las rutas nacionales, el ministerio de Economía les comunicó a las empresas que durante el transcurso de setiembre prevé girarle a Vialidad las partidas presupuestarias para que abone los certificados de obras que están pendientes del mes de mayo.
En cuanto a la redeterminación de los precios de las obras, las constructoras denunciaron que el mecanismo vigente -que data de los años 90- resulta muy perjudicial y no sirve para compensar las pérdidas en un contexto de inflación mensual alta. La queja principal se focaliza en el hecho de que, con la fórmula actual, deben esperar un promedio de 6 meses para poder reclamar una actualización de valores de las obras; cuando la realidad impone que ese ajuste sea más automático y cada 30 días para que las empresas no se descapitalicen y puedan hacer frente a los mayores costos operativos y salariales.
A eso se agrega otro problema que afecta a todos los sectores productivos y de servicios por igual: la provisión en tiempo y forma de los materiales e insumos nacionales e importados que necesitan para las obras. Salvo las empresas grandes, que tienen mayor margen de acción y capacidad económica que les permiten afrontar la situación, para las pequeñas y medianas constructoras la adquisición de materiales resulta cada vez más complicada por la falta de entregas; los ajustes constantes de precios que aplican los proveedores para cubrirse; y el cepo importador que impide la entrada de elementos y equipos del exterior.
En el terreno judicial, el “paro activo” de Katopodis sumó, hasta ahora, dos demandas impulsadas por dirigentes opositores. Una fue promovida por la diputada nacional de Evolución Radical, Carla Carrizo, por el supuesto delito de abuso de autoridad y violación de las normas electorales. La otra la motorizaron los integrantes de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán y Yamil Santoro, a fin de que se investigue si el ministro incurrió en una malversación de los caudales públicos y si incumplió con sus deberes de funcionario público.
Nota editada en LetraP
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