Por Antonio Rossi
Llamada a silencio con respecto a los nuevos ajustes tarifarios de luz y gas que el ministro de Economía, Sergio Massa se comprometió a llevar adelante ante las autoridades del FMI; la secretaría de Energía, Flavia Royón quedó en la mira de la oposición en la cámara de Diputados que salió a pedirle explicaciones y certezas sobre tres cuestiones de alto impacto político: el costo y estado de las obras del gasoducto Néstor Kirchner, las marcadas diferencias que muestran los datos oficiales de las exportaciones de petróleo y gas y los motivos por los cuales se mantiene la intervención del Enargas.
Por medio de un pedido de informes, un grupo de 15 legisladores que integran el Interbloque de Juntos por el Cambio y el espacio Identidad Bonaerense pusieron sobre el tapete el tanta veces anunciado y prometido gasoducto troncal "Presidente Néstor Kirchner" que el Gobierno aspira a tener en funcionamiento antes del invierno para poder incrementar el abastecimiento interno de gas con la producción de Vaca Muerta.
La movida quedó plasmada con una presentación impulsada por Jimena Latorre (UCR-Mendoza) que cuenta con el apoyo y la adhesión de los siguientes diputados: Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Fabio Quetglas; Ana Clara Romero; Gabriela Lena; Graciela Ocaña; Germana Figueroa Casas; Carlos Zapata; Ximena Garcia; Marcela Campagnoli; Juan Martin; Alejandro Cacace; Victor Hugo Romero y Mónica Frade.
Ante la falta de precisiones oficiales, los legisladores opositores le exigieron a Royón que concurra al Congreso para responder cinco interrogantes clave sobre el gasoducto de 573 kilómetros que unirá Tratayen (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires).
Los interrogantes
Quieren saber cuál es el estado real de avance de obra respecto al cronograma original, la fecha de finalización estimada y el presupuesto inicial que estaba previsto para el proyecto.
La lista de preguntas también incluyó un punto referido a si existen retrasos en la ejecución de los trabajos y otro específico acerca de cuándo se estaría concretando la habilitación técnica definitiva del gasoducto.
El pedido de informes advirtió que existe una diferencia superior a los $54.000 millones entre el presupuesto original y el total que surge del financiamiento requerido por la estatal Enarsa, que tiene a su cargo la ejecución, el control y los pagos de las obras.
Otro aspecto difuso que quedó señalado gira en torno a si Enarsa cuenta con la suficiente capacidad técnica para la operación y mantenimiento del gasoducto o si, en su defecto, tiene previsto firmar contratos con las transportadoras gasíferas TGN o TGS para que se hagan cargo de esas tareas.
Pedido de informes
La segunda cuestión relevante del pedido de informes hizo foco en las marcadas diferencias registradas en las exportaciones de petróleo crudo y gas de 2022 entre los datos publicados por el INDEC y los que figuran en el "Registro de Contratos de Exportación" que lleva la Secretaría de Energía a través de la plataforma SESCO.
"El INDEC informa que las exportaciones de petróleo crudo en 2022 fueron de u$s3.867 millones, mientras que el SESCO indica ventas por u$s3.316 millones, lo cual deja una diferencia de u$s 552 millones. Por su parte, las exportaciones de gas natural para el INDEC fueron de u$s 740, 8 millones, mientras que para el registro de Energía alcanzaron a US$ 497,8 millones, unos US$ 243 millones menos", advirtieron los diputados en los fundamentos de su embestida contra las autoridades energética.
Tras exigir una urgente explicación sobre la diferencia existente de u$s795 millones en los documentos oficiales, remarcaron que el tema tiene "una importancia relevante derivada del carácter estratégico de los recursos involucrados y por las posibles derivaciones fiscales tanto nacionales, como provinciales que podrían generarse ante esta polémica situación".
El tercero y último punto del planteo opositor se centralizó en las prolongadas intervenciones que arrastran las conducciones del ENRE y el Enargas.
Por qué siguen las intervenciones
Sobre esta cuestión, los interrogantes dirigidos a Royón apuntan a que explique cuáles son los motivos que justifican la continuidad de las intervenciones, cuánto tiempo más demorará la normalización de los directorios y la selección de las nuevas autoridades por concursos de antecedentes y cuáles han sido los beneficios para la ciudadanía que aportaron las gestiones de los interventores.
Los legisladores fundamentaron su postura sobre la necesidad de regularizar cuanto antes los entes de control con un doble argumento.
Por un lado, resaltaron que "transcurridos más de tres años no hay motivos de urgencia pública aparentes para justificar dichas intervenciones y tampoco se han realizado las revisiones tarifarias extraordinarias que establecen los marcos regulatorios eléctrico y gasífero".
Y a eso le sumaron que "la discrecionalidad de las intervenciones y las anomalías regulatorias, no sólo desvirtúan las funciones propias de los entes, sino que conforman un ambiente de incertidumbre adverso a cualquier proceso de inversión".
Fuente: iProfesional
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