Por Antonio Rossi
En medio del cortocircuito registrado entre las provincias norteñas por la decisión del gobierno de La Rioja de avanzar con la aprobación de una ley que lo declara "recurso estratégico" y abre la puerta a un mayor intervencionismo estatal; el ministro de Economía, Sergio Massa resolvió eliminar los reintegros a las exportaciones de litio y sus derivados que estaba pagando el Estado para apuntalar las inversiones privadas destinadas a la producción del denominado "nuevo oro blanco".
Por medio de la resolución 15/23, Massa decidió "instruir a los secretarios del ministerio de Economía a que proyecten el acto administrativo necesario para proceder a que quede sin efecto el reintegro a las exportaciones de litio, óxido e hidróxido de litio, cloruro de litio y carbonato de litio".
De esta manera, las empresas mineras que están despachando su producción al mercado internacional dejarán de embolsar los reintegros fiscales vigentes que representan entre el 2,5% y 5% del valor exportado.
La cartera de Economía justificó la medida destacando que "en la actualidad, el sector litífero ha registrado un crecimiento exponencial, tanto en materia de los precios del mineral --impulsados por una gran demanda global--, como en avances de los numerosos proyectos que están radicados en el país".
Apuntó, además, que "la minería del litio, a partir de su desarrollo, ha visto mejoras significativas tanto en materia de competitividad, como tecnológica y de infraestructura".
Tras indicar que "el estímulo del reintegro a las exportaciones ha cumplido los objetivos establecidos", la resolución remarcó que "la electromovilidad ha provocado un cambio del mercado internacional y un crecimiento abrupto en la demanda de litio que produjo un incremento en forma exponencial en el precio y también en la rentabilidad de los proyectos".
El escenario actual donde se vienen desarrollando los proyectos de inversión y producción de litio se vio alterado en los últimos días por la jugada del gobernador riojano Ricardo Quintela de darle curso a una ley que declara al litio y sus derivados como un "recurso estratégico" y permite dejar en suspenso los permisos exploratorios otorgados previamente en esa provincia.
El cambio legal—que fue votado en el parlamento provincial a mediados de diciembre y ahora el gobernador se apresta a promulgar— generó una marcada preocupación en los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca que tienen en marcha los proyectos de explotación más avanzados con una fuerte participación de capitales e inversores privados que tallan fuerte en el negocio internacional del litio.
Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Saénz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) consideran que la movida riojana podría ahuyentar a las empresas y grupos mineros que tienen en carpeta nuevas inversiones en el sector. Esa inquietud se vio potenciada al ver que el espíritu de la modificación legal coincide con el planteo efectuado recientemente por el senador nacional ultrakirchnerista, Oscar Parrilli.
El principal vocero de la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a reclamar publicamente que el litio pase a integrar la lista de los "recursos estratégicos" con el fin de "ordenar la actividad para que las provincias y la Nación recauden lo que corresponde, se agregue valor en territorio nacional, se genere empleo y las empresas privadas tengan una ganancia razonable".
Litio, recurso estratégico: la reacción de la UIA
Uno de los principales cuestionamientos que cosechó la postura de Quintela y Parrilli provino de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Tras destacar que "los proyectos en marcha generaron en 2022 más de 8.000 puestos de trabajo y u$s700 millones de ingresos por exportaciones", la entidad industrial conducida por Daniel Funes de Rioja advirtió que "la suspensión de concesiones y permisos de la ley riojana daña este potencial a futuro en la región, tanto para las inversiones en curso como para aquellas que se están planificando para los próximos años".
"¿Qué queremos? ¿Qué se frenen? ¿Qué se pase la hora del litio?", se preguntó el titular de la UIA y destacó que "si uno de repente cambia las reglas de juego, lo que se genera es una retracción no solo respecto de La Rioja sino en todo el universo de posibles proyectos de inversiones orientadas a la producción de litio".
Según datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el país, con el 21% del total, cuenta con la segunda mayor reserva de litio del mundo, luego de Bolivia que concentra el 24%. Por su parte, la fundación de estudios económicos y energéticos Fundar calculó que, en un quinquenio, el actual nivel de exportaciones de u$s700 millones anuales podría elevarse a más de u$s5.100 millones anuales si se concretara la mayor parte de los proyectos que tienen permisos exploratorios.
En lo que respecta a la evolución que han tenido los precios del mineral a nivel global, un informe de la consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence (BMI) resaltó que, en los últimos cinco años, el valor del carbonato de litio -- la materia prima que se utiliza para las baterías de iones de litio—se incrementó de promedio anual de u$s14.000 la tonelada a un poco más de u$s80.000. Según las proyecciones de BMI, el crecimiento que se espera en la producción de vehículos eléctricos promete elevar la comercialización actual de 600.000 toneladas anuales de litio a más de 2,4 millones de toneladas en 2030.
El mapa de los proyectos provinciales de Litio
El mapa de los proyectos de producción de litio más desarrollados muestra que, en la provincia de Jujuy, los principales emprendimientos están en manos del grupo minero australiano Orocobre y la japonesa Toyota Tsuho.
En la provincia de Catamarca, sobresale el proyecto Fénix que está a cargo de Livent Corporation, una subsidiaria del grupo FMC de EEUU.
En Salta, en tanto, el holding anglo-australiano Rio Tinto adquirió la mina de litio de Rincón por u$s825 millones y la minera surcoreana Posco anunció el desembolso de u$s4.000 millones en otro proyecto de extracción a largo plazo. A ellos se suma el grupo chino Ganfeng Lithium que compró a mediados de 2022 un salar que era propiedad de la petrolera local Pluspetrol con un compromiso de inversión de u$s1.000 millones.
Y en La Rioja, el permiso de exploración más significativo que está vigente y que podría ser suspendido con la nueva legislación está en cabeza de la canadiense Origen Resources.
Fuente: iProfesional
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