12/10/23

Hidroeléctricas: Sergio Massa postergó la reestatización y le deja la carga al futuro gobierno

El ministro candidato prorrogó hasta enero el nuevo esquema para El Chocón, Cerros Colorados y Alicurá. Los planes de Milei y Bullrich y el reclamo de las concesionarias.

Por Antonio Rossi


Central Hidroeléctrica El Chocón

Sobre la hora y para no sumar más complicaciones y cuestionamientos en el tramo final de la campaña electoral, el ministro de Economía, Sergio Massa ordenó volver a prorrogar la reestatización de las primeras tres centrales hidroeléctricas del Comahue, prevista para el 9 de octubre. El candidato presidencial de Unión por la Patria postergó así hasta después de las elecciones una decisión, con costo político, que deberá asumir si el oficialismo continúa en el poder o cuya responsabilidad recaerá en Javier Milei o Patricia Bullrich. En caso de llegar a la Casa Rosada, las dos figuras opositoras tiene sus propios planes para las represas.

Por medio de la resolución 815/23 de la Secretaría de Energía que comanda la salteña Flavia Royón, el Gobierno extendió hasta el 17 de enero de 2024 el vencimiento de las concesiones de las represas hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados.

La ampliación del plazo que Massa había fijado para el retorno de las centrales al manejo estatal se dio en medio de la movida que llevan adelante dos concesionarios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por un reclamo económico que rondaría los US$ 1.300 millones. También por las posturas favorables a la continuidad de los operadores privados que, con matices, plantean los equipos técnicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

Las hidroeléctricas en disputa se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios que abonaron las personas usuarias del servicio eléctrico; que fueron a parar a las cuentas del Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas y del Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados.

Concesiones menemistas

Durante la gestión de Carlos Menem, las centrales fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de tres grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, la sociedad controlante tiene como cabeza al grupo estadounidense AES.

Por su parte, Piedra del Águila -cuyo contrato expira el 29 de diciembre- está en manos de Sadesa, la dueña de Central Puerto. A su vez, Pichi Picun Leufú, que aún tiene por delante ocho años de concesión, es manejada por Pampa Energía. A esta lista se agregan otras ocho usinas de la Patagonia y el NOA que tienen fechas de vencimientos entre 2024 y 2044: Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Futaleufú, Cabra Corral, Ullum, Cadillal y Ameghino.

Reclamos ante el CIADI

Tanto Orazul (Cerros Colorados), como AES (Alicurá) tomaron la decisión de acudir al tribunal internacional del CIADI para denunciar al Estado por el incumplimiento de los tratados de protección de inversiones extranjeras. Se trata de reclamos a raíz de las medidas adoptadas en los últimos 20 años por las distintas administraciones y que -aseguran las denunciantes- alteraron las reglas originales de juego y recortaron los precios dolarizados que tenían reconocidos en los contratos de venta de energía.

Fuentes de las dos empresas advirtieron que las causas ya pasaron por la etapa de presentación de pruebas y alegatos y que, en principio, los laudos arbitrales se conocerían en el segundo semestre del próximo año.

Si bien la valuación definitiva del daño económico que aducen haber sufrido recién se terminaría de calcular unos días antes de las sentencias, los montos de indemnización que apuntan a embolsar rondarían los US$ 500 millones, en el caso de Orazul, y alrededor de US$ 800 millones por el lado de AES.

En el caso de ENEL (El Chocón), la estrategia pasa por esperar y apostar a una nueva prórroga que le permita seguir operando la central entre 5 y 10 años más. De no lograrlo, seguiría el camino que las otras dos colegas extranjeras y llevaría su reclamo por la pérdida de ingresos al CIADI.

Sorpresa para los equipos técnicos de ENARSA

La resolución de Royón tomó por sorpresa a los equipos técnicos de Energía Argentina (ENARSA), que completaron los deberes para hacerse cargo de las primeras hidroeléctricas que iban a retornar a la órbita estatal.

Con las concesionarias de El Chocón, Cerros Colorados y Alicurá; la empresa comandada por el santacruceño kirchnerista Agustín Gerez había coordinado las condiciones de traspaso en las cuestiones vinculadas con los sistemas informáticos de operación y control, la cantidad de personal y los contratos de obras y servicios que están en curso y los que continuarán durante el próximo año.

Además, ya tenían los borradores preparados para crear la nueva unidad de negocios destinada a operar y administrar las centrales que Massa incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto 2024. Con la continuidad de las operadoras privadas hasta enero, la conformación de esa sociedad estatal ha quedado en stand by y sujeta a lo que resuelvan las futuras autoridades.

Los planes de Javier Milei y Patricia Bullrich

Desde el espacio libertario, Milei manifestó su rechazo a la creación de otra estructura estatal y anticipó que piensa encarar una nueva licitación para dejar las usinas en manos privadas.

En tanto, los referentes energéticos de Bullrich plantean como salida una presencia privada más acotada y limitada a la operación de las usinas dentro de un esquema de empresa mixta, donde el Gobierno nacional mantendrá la propiedad de las represas y designará a quienes estarán al frente.

En cualquier caso, los cambios no serán inmediatos. Desde las dos fuerzas opositoras coinciden en señalar que harán uso de la cláusula contractual que obliga a los actuales concesionarios a seguir operando las centrales, como máximo, hasta agosto de 2024.

Nota Editada en LetraP