Por Antonio Rossi
Preocupadas y expectantes. Así esperan las constructoras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada; y los anuncios sobre el reordenamiento estatal y las nuevas reglas de juego para el sector que implementará el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Con casi el 80% de las obras que dependen del Gobierno paralizadas, las empresas aguardan las primeras medidas de la administración libertaria para volver a mover las máquinas e implementar cambios internos que les permitan acoplarse rápidamente al nuevo contexto económico y político.
Más allá de la promesa de terminar con la “obra pública tradicional” y las críticas que recibieron de Milei por respaldar al candidato oficialista Sergio Massa; quienes integran la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) evalúan que, por el momento, no estarían dadas las condiciones para que las nuevas autoridades puedan utilizar la topadora a pleno en el sector.
Lo que sí tienen claro, por las señales que recibieron desde los equipos de asesores de Ferraro y del designado ministro del Interior Guillermo Francos, es que habrá una renegociación masiva de los contratos y un alargamiento de los plazos de las obras en curso. Estos cambios harán que en los próximos dos años la mayoría de las empresas tengan que sostenerse con un nivel bajo de actividad e ingresos menores en sus cajas.
Para las constructoras, el remplazo del sistema de contratación vigente por un mecanismo íntegramente privado de financiación, construcción y mantenimiento como el que pregona Milei resulta impracticable en el escenario económico actual. También estiman que podría aplicarse para proyectos de infraestructura una vez que se equilibren las cuentas fiscales, se reduzca drásticamente la inflación, desaparezcan los cepos y se recupere la posibilidad de acceder a líneas de crédito con tasas de interés razonables.
Suspensión masiva de personal
Más allá de la incertidumbre generalizada por la nueva gestión gubernamental, la suspensión masiva de personal que comenzó a darse tras el ballotage responde, básicamente, a dos factores relevantes que las empresas reconocen en off: el atraso en los pagos de las obras certificadas que acumula la administración saliente; y la suba constante de los insumos y costos operativos, que no pueden cubrir con el cobro de las últimas facturas con precios que ya quedaron desactualizados.
En la mayoría de los casos no se trata de despidos, sino de lo que definen como una “inactividad temporaria y adelanto de vacaciones”. Lo que en la práctica implica que las constructoras tienen que seguir pagándole a quienes trabajan en las obras. En los casos donde hubo ceses definitivos, se activó el mecanismo previsto en el seguro de desempleo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Es el sistema que Milei quiere extender a las organizaciones gremiales industriales y de servicios, para remplazar el esquema actual de indemnizaciones. Se basa en un aporte del empleador durante el primer año de empleo equivalente al 12% del salario mensual y del 8% a partir del segundo año. Esos pagos se acumulan en una cuenta bancaria especial denominada Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la Industria de la Construcción, que genera intereses y es inembargable. Al finalizar la relación laboral con la constructora que lo había tomado, el trabajador pasa a recibir de esa cuenta una suma mensual inicial equivalente al 50% del mejor sueldo de los últimos seis meses.
Los números del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que el sector tiene un total de 440.098 personas registradas. Según los cálculos de Camarco, hasta fines de enero, la cantidad de trabajadores que fueron enviados a sus casas rondaría los 200.000. A eso se sumaría otro número indeterminado de empleos indirectos de las industrias y servicios complementarios de la construcción que, por efecto dominó, sufren el impacto del cierre de los obradores.
La paralización de obras se extiende a casi todas las áreas y provincias. En Vaca Muerta, la industria petrolera suspendió casi 1.000 de personas trabajadoras. En la provincia de Córdoba, están frenadas la circunvalación de Villa María y las autopistas Río Cuarto-Holmberg, San Francisco-Córdoba y el tramo de la zona de Laboulaye de la ruta 7. En territorio santafesino, se congelaron las obras en las rutas nacionales 7, 9, 11, 33 y 34. También las del circunvalar ferroviario de Santa Fe y las renovaciones de vías del Belgrano Cargas. En la provincia de Buenos Aires, las obras viales afectadas son la variante Chacabuco, la autopista Presidente Perón y la transformación en autopista de un tramo de la ruta 3.
Balance albertista
De acuerdo con el balance de gestión que difundió el Ministerio de Obras Públicas de Gabriel Katopodis, durante la administración de Alberto Fernández se completaron un total de 4.434 obras de repavimentación, autopistas, caminos rurales, pasos a desnivel, plantas potabilizadoras, conexiones de agua, hospitales modulares y aulas universitarias.
Según el informe oficial, a esas obras terminadas se agrega otro paquete de 2.831 en ejecución y en proceso de adjudicación y contratación, que son las que más riesgo corren de ser reprogramadas o eliminadas por la nueva gestión de La Libertad Avanza.
Mientras hacen cuentas para ver cómo asimilan el impacto de las medidas económicas y fiscales de la era Milei, las constructoras encontraron una ayuda inestimable por el lado de quienes gobiernan las provincias.
En las negociaciones que lleva adelante Francos para que apoyen los proyectos de ley que ingresarán al Congreso, los gobernadores pusieron sobre la mesa una lista de temas para acordar, incluyendo el mantenimiento de las obras públicas. La respuesta que se llevaron del futuro ministro del Interior, y que trajo algo de alivio a las constructoras, fue: “Los contratos firmados y en ejecución se van a respetar”.
Nota Editada en LetraP
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