Por Antonio Rossi
Tres de las principales iniciativas de infraestructura que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta llevó adelante con recursos nacionales durante la presidencia de Mauricio Macri quedaron en la mira de la Auditoría General de la Nación (AGN). Fue tras detectar irregularidades en el mecanismo de financiamiento y falta de control de los fondos transferidos a la Ciudad para el pago de las obras.
Con el visto bueno de los auditores de Juntos por el Cambio y las firmas de los representantes del kirchnerismo y el massismo, la AGN aprobó un informe con cuestionamientos duros a la enajenación de terrenos e inmuebles ferroviarios en la Ciudad que llevó adelante el gobierno macrista, para financiar las obras porteñas del Paseo del Bajo y los viaductos de las líneas Mitre y San Martín.
Al analizar la gestión desplegada por Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entre 2016-2019, la AGN constató que las ventas de los terrenos de origen ferroviario de Empalme Norte para la construcción del Paseo del Bajo y de la Playa Colegiales “resultaron perjudiciales para el Estado Nacional”.
El informe confirmó los cuestionamientos y objeciones que, oportunamente, recibió la decisión del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich de delegar la licitación y el pago de esas obras con recursos nacionales a la administración de Larreta. La auditoría también dejó mal parado al intendente electo de San Isidro, Ramón Lanús, quien estaba al frente de la AABE durante el gobierno macrista.
Tres iniciativas bajo la lupa
Uno de los proyectos que quedó bajo sospecha es el denominado Paseo del Bajo, el enlace vial para camiones y ómnibus de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia, 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata. Inauguradas parcialmente en mayo de 2019, las obras fueron blanco de varias denuncias por irregularidades y direccionamiento de los contratos más abultados a favor de la constructora IECSA que controlaba Angelo Calcaterra, primo de Macri.
Por el lado ferroviario, son dos los proyectos observados. Uno es el Viaducto de la línea Mitre-Ramal Tigre; una obra de casi cuatro kilómetros de extensión, cuya licitación y construcción quedó bajo la órbita de la empresa estatal porteña AUSA. El otro, el Viaducto de la línea San Martín de cinco kilómetros de extensión, entre Palermo y Paternal, que fue inaugurado de forma parcial antes de las elecciones de 2019.
El gobierno porteño dejó sin concluir y cerradas las estaciones elevadas de Villa Crespo y Paternal que habían sido adjudicadas a las firmas Green y Rottio; dos constructoras afines al macrismo que, tras cobrar la mayor parte de las obras, incumplieron los contratos. Esas estaciones las terminó construyendo y equipando la Nación por medio de la empresa estatal ADIF.
Pérdidas millonarias para el Estado
El informe de la AGN advierte que la ABBE “no ejecutó las políticas y procedimientos que rigen la administración y disposición de los bienes inmuebles del Estado Nacional conforme a los criterios de eficacia y equidad. Eso se fundamenta principalmente en la doble ausencia de un relevamiento previo e integral de los inmuebles ociosos o subutilizados y de datos actualizados, completos y confiables que permitan efectuar una selección de los inmuebles para su venta y posterior afectación del producido a las políticas del Estado Nacional”.
Firmado por el titular del organismo, Jesús Rodríguez y el cuerpo de auditores que integran Alejandro Nieva, Francisco Javier Fernández, María Graciela De la Rosa, Gabriel Mihiura Estrada, Juan Ignacio Forlón y Miguel Ángel Pichetto; el informe constató la existencia de “una baja participación de oferentes en las subastas que generó un impacto directo en la formación de los precios de los inmuebles, a lo cual se sumó el hecho de que la AABE habilitó a participar de las subastas públicas a oferentes que no cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”.
De acuerdo con los cálculos de los auditores, la comparación entre los “valores venales de los inmuebles y los valores a los cuales se terminaron adjudicando a los compradores” arrojó una pérdida de ingresos al Estado Nacional de casi US$ 62 millones.
Informe con lupa
Entre otras conclusiones, el trabajo de la AGN resaltó el tratamiento altamente favorable que tuvo la ABEE con la administración porteña entre 2016 y 2019. El 77,14% de las ventas de inmuebles de ese período se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires con la transferencia posterior de los fondos recaudados a obras de la jurisdicción porteña.
“En el caso de los inmuebles afectados al proyecto ‘Catalinas Norte II’ y cuyos valores se transfirieron para el Paseo del Bajo, se comprobó que la ausencia de un precio base debidamente justificado y la baja participación de oferentes generó que los inmuebles fueran adjudicados por montos inferiores al del valor venal con una diferencia negativa US$ 56.787.498”, se puntualizó en el informe.
Asimismo, se advirtió que en los inmuebles subastados para financiar los viaductos Mitre y San Martín “se verificaron errores de cálculo del monto de las transferencias del producido de las ventas que impactaron negativamente en $ 426 millones en los importes que debían ser transferidos al Estado Nacional”.
La AGN también aseguró que “se detectaron transferencias de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires bajo el concepto de 'dación en pago' que contravinieron el marco legal vigente y sobre los cuales la AABE tampoco ejerció el control pertinente respecto de la contraprestación asumida por el gobierno porteño”.
La conclusión de la Auditoría es que tanto las ventas como las transferencias de terrenos estatales para pagar obras de la Ciudad “no respetaron los criterios de fomento de desarrollo urbano conforme al principio de equidad, ni fueron realizadas conforme a las políticas de ordenamiento territorial plasmadas en el Plan Estratégico Territorial”.
Fuente: LetraP
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