Por Antonio Rossi
El presidente electo Javier Milei heredará una agenda energética condicionada por los problemas de suministro que podrían registrarse desde mediados de diciembre en el servicio eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y durante el próximo invierno por la falta de gas en las provincias norteñas. Así se lo transmitió el futuro secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, luego de participar de la primera reunión para ordenar la transición con la actual titular del área, la massista Flavia Royón.
Pese haberlo prometido varias veces, la administración de Alberto Fernández terminará sus cuatro años de gobierno sin haber regularizado los contratos de concesión de Edenor y Edesur. La futura gestión libertaria también recibirá un esquema energético con las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) atrasadas y con un sector de distribución que tiene sus redes y equipos funcionando al límite de sus capacidades técnicas.
Junto con los “ajustes graduales” que prometió Milei para no traspasar los límites que impuso la Corte Suprema, tras el tarifazo que aplicó la administración de Mauricio Macri en 2016; Chirillo tendrá que llevar adelante las RTI, con los planes de obras para los próximos cinco años, en medio de un pronóstico de complicaciones de abastecimiento para los meses de verano.
En el equipo de asesores de Chirillo consideran que las inversiones mínimas que realizaron durante el año Edenor, la empresa controlada por los empresarios locales José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; y Edesur, la compañía manejada por el grupo italiano ENEL, no serían suficientes para poder evitar las fallas y cortes de suministros que se registran por el incremento de la demanda residencial en los días de altas temperaturas.
El temor principal que sobrevuela entre los técnicos que rodean a Chirillo es toparse en las primeras semanas de gestión con un “apagón masivo” que las cuadrillas de las distribuidoras no puedan solucionar rápidamente; y deje a los porteños y bonaerenses sin luz durante un período prolongado de tiempo.
Más condicionamientos eléctricos
Más allá de que pueda suceder con el abastecimiento a partir del 10 de diciembre, existen otras tres cuestiones que también van camino a afectar el funcionamiento del sistema eléctrico.
El primero: la situación que atraviesa el ENRE, el ente regulador eléctrico que está intervenido desde los primeros meses de 2020. Si bien Chirillo ya avisó que buscará terminar con la intervención para crear un nuevo y único organismo de control que absorba también al Enargas; ese trámite no será inmediato y requerirá de un período de transición y acoplamiento que, por ahora, es incierto.
El segundo condicionamiento es la intención de revisar los convenios de pago a 96 meses de plazo que las autoridades actuales acordaron con Edenor y Edesur por la deuda millonaria que habían acumulado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El futuro responsable de Energía pretende recalcular lo adeudado, acortar el tiempo de cancelación y firmar acuerdos de pago nuevos con la intervención de la Procuración del Tesoro.
La tercera variable está vinculada con lo que suceda en el corto plazo con Edesur. Desde principios de año, el grupo controlante ENEL tiene en venta sus acciones mayoritarias. Su salida se pospuso hasta la asunción del nuevo Gobierno y, ahora, todas las miradas apuntan a ver cuándo se concreta esa movida y quiénes serán los nuevos dueños.
Gasoducto, frenado
Por el lado del sector gasífero, la preocupación de los futuros funcionarios se focaliza en cómo pasar el invierno en las provincias del Noroeste Argentino (NOA), donde se avizoran problemas de abastecimiento a raíz de la decisión reciente del ministro de Economía, Sergio Massa de congelar la adjudicación de las obras de reversión del Gasoducto Norte. Se trata de una obra clave, destinada a suplantar el gas importado que dejará de enviar Bolivia por la producción local de Vaca Muerta, que ya debería estar en ejecución para poder tenerla habilitada antes del próximo invierno.
En la pelea licitatoria, el consorcio integrado por Techint y SACDE -la constructora de Marcelo Mindlin y los principales ejecutivos de Pampa Energía- presentó la oferta más baja para la ingeniería de detalle y la reconversión del gasoducto. La oferta inicial ascendió a $146.996 millones con un descuento adicional de 3,80%, que bajó el precio final a $141.410 millones. En segundo lugar, quedó la propuesta de BTU Hermanos de $183.384 millones.
El problema que apareció es que la oferta más baja supera el presupuesto oficial de referencia y ahora los funcionarios de la empresa estatal Enarsa no quieren firmar la adjudicación por temor a ser demandados después del 10 de diciembre.
Tras el anuncio de Milei de que se iban a paralizar todas las obras públicas, Massa ordenó frenar la adjudicación y dejarle la resolución a la nueva administración. Lo llamativo del caso es que la mayor parte del costo de las obras ya tienen el financiamiento asegurado con un crédito de US$ 540 millones del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.
La demora en la reversión del Gasoducto Norte obligaría a los funcionarios entrantes a tener que incrementar las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) por barco y remplazar el gas destinado a las centrales térmicas por combustibles líquidos más caros, para evitar las restricciones de suministro a las provincias norteñas.
Al igual que las eléctricas del AMBA, las distribuidoras Metrogas, Litoral Gas, Naturgy, Gasnea, Ecogas, Camuzzi y Gasnor también tienen pendientes sus renegociaciones contractuales y RTI. Si bien los aumentos tarifarios de este año mejoraron sus ingresos específicos para seguir operando, todas las compañías ya advirtieron que necesitan actualizar sus recaudaciones y redefinir los planes de obras lo más pronto posible.
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