19/05/23

Las constructoras se despegan del Gobierno y dejan a Gabriel Katopodis en offside

La Cámara de la Construcción advirtió que se están paralizando las obras públicas por atrasos en los pagos. La respuesta oficial y el impacto del ajuste fiscal.

Por Antonio Rossi



La cámara que agrupa a las empresas constructoras y de ingeniería decidió despegarse del gobierno de Alberto Fernández tras haber mantenido desde diciembre de 2019 una posición de apoyo y acompañamiento, a diferencia de otras entidades sectoriales que se mostraron más distantes. Lo hizo con un duro documento que golpea al Ministerio de Obras Públicas que comanda el ministro Gabriel Katopodis y que puso sobre el tapete la crítica situación que enfrentan en todas las provincias por los atrasos en los pagos y el impacto nocivo que provoca la escalada inflacionaria que las autoridades económicas no pueden controlar.

Al término de una reunión donde participaron representantes de todas las delegaciones del interior, la conducción de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), encabezada por Gustavo Weiss, advirtió públicamente sobre “el impacto extremadamente grave que ocasiona en las empresas la insuficiencia de los pagos de los trabajos realizados, a causa de la alta inflación y el tardío reconocimiento y compensación de sus efectos, tanto por parte del gobierno nacional como de los provinciales y municipales”.

“La mora en los pagos genera siempre un enorme perjuicio, situación que se agrava en un contexto de alta inflación. Además, esa mora no es compensada debido al no pago de los intereses establecidos por la Ley de Obras Públicas, que se deberían pagar a partir de los 60 días de retraso desde la emisión de los certificados”, destacó la declaración de las constructoras.

Agregó, además, que a eso “se suma un escenario complejo derivado de la ineficiencia del esquema de redeterminación de precios que, en un contexto de alta inflación, torna las obras absolutamente impracticables”.

La directiva de la cámara reclamó a los ministerios de Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Hábitat y a las administraciones provinciales y municipales “una urgente normalización del esquema de pagos y de redeterminación de precios” para no afectar “la continuidad de las empresas y la cadena de valor de la industria y poder revertir la paralización de las obras y la reducción de empleos”.

El contragolpe

Luego de que el crítico documento de la Camarco saliera a la calle, la cartera de Obras Públicas intentó contrarrestar los cuestionamientos con un relato que para las constructoras no se ajusta a la realidad.

“El ministerio viene ejecutando obra pública ininterrumpidamente desde hace tres años en niveles altísimos. Los procesos de pagos se encuentran en los plazos que corresponden: cuando llegamos, las empresas cobraban a seis, ocho y 10 meses y actualmente, los pagos están en 60 días", indicó la cartera de Obras Públicas.

Directivos de la cámara y empresarios del interior retrucaron los argumentos de Katopodis y advirtieron que, en varias provincias, la obras que se financian con recursos de ese ministerio registran atrasos en los pagos que oscilan entre los seis y nueve meses.

Explicaron que las únicas obras que están casi al día con los pagos de los trabajos certificados son las que están atadas a préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por su antigua denominación de Corporación Andina de Fomento). Esas obras quedaron en manos de las empresas más grandes y con mayor respaldo económico.

En cambio, la mayor parte de las obras que se pagan con recursos presupuestarios y que están a cargo de las pequeñas y medianas constructoras arrastran demoras en los pagos que han llevado a la semiparalización y al freno completo de los trabajos.

Se trata de las obras y emprendimientos que, mediante las firmas de convenios, las provincias y municipios licitan y ejecutan con los fondos que aportan los distintos ministerios de la Nación que desde finales del año pasado vienen sufriendo una poda constante de sus presupuestos por la aplicación del ajuste fiscal pactado con el FMI que lleva adelante el equipo económico.

Recortes y quejas

Los números y cuentas que manejan los economistas muestran que en abril se aceleró el recorte del gasto público con el fin de reducir el rojo fiscal. Según un informe de la consultora Analytica, el nivel de ajuste es tal que el gasto primario se ubicó 2 puntos porcentuales por debajo del promedio que había tenido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para Analytica, la menor ejecución de obra pública se concentra en proyectos de vivienda social y el Procrear, que iniciaron el año con un recorte presupuestario del 24% en términos reales. A su vez, las transferencias de capital a empresas públicas se redireccionaron mayoritariamente hacia Enarsa para que pudiera concluir el nuevo gasoducto troncal de Vaca Muerta, la única obra de infraestructura relevante de este Gobierno. En este caso, los envíos a la energética estatal registraron un crecimiento anual del 893%.

A su vez, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) consignó que en el primer cuatrimestre del año el déficit primario devengado cayó más de 9 puntos porcentuales en términos reales. El grueso del ajuste se dio en gastos de capital (-26%); subsidios energéticos (-29,5% anual) y asignaciones familiares (-29,9%).

Según los técnicos de la OPC, las “transferencias de capital” a las provincias para el pago de obras públicas se redujeron entre enero y abril un 28,4% comparado con igual periodo de 2022.

A los problemas en los pagos por los giros tardíos e incompletos de los fondos nacionales se añade otro perjuicio económico que deben afrontar las constructoras con los trámites de “redeterminación de precios” de las obras que suelen tardar entre cinco y 10 meses.

“Los índices que se utilizan para redeterminar el costo de las obras están muy atrasados y no funcionan en períodos de alta inflación como el que atravesamos hoy. Los contratos pierden valor económico y cuando las empresas empiezan a cobrar menos de lo que gastan, y encima tarde, las consecuencias son muy graves”, destacó el titular de Camarco.

Otra complicación diaria que afecta a las empresas son las trabas vigentes para la importación de insumos, materiales y maquinarias. Sobre este punto, Weiss alertó que “de muchos materiales no hay stock, no hay entregas y no hay precios. Los valores cotizados duran 24 o 48 horas porque los fabricantes no pueden garantizar o no tienen claro a qué dólar van a poder reponer los materiales”.

Nota Editada en Letra P