Por Antonio Rossi
Aplicado durante el fin de semana largo y en medio de informaciones confusas y cruzadas, el último aumento en los precios en los combustibles dejó al descubierto tres datos salientes: un nuevo incumplimiento del programa "Precios Justos" que deja mal parados a los funcionarios de Economía y Energía; un acuerdo interno entre las petroleras para acoplar las subas en los surtidores a la inflación mensual y la declaración de "estado de emergencia" de los dueños de las estaciones de servicios.
A mediados de abril, el Gobierno y las petroleras YPF, Raizen, Trafigura y Axion Energy habían acordado -dentro del esquema de "Precios Justos"- un sendero de incrementos mensuales del 4% promedio hasta agosto.
Tras haber encuadrado los aumentos de abril y mayo dentro de esa pauta, las petroleras resolvieron llevar adelante en junio un ajuste que osciló entre el 4,5% en la Capital Federal y el 8% promedio en Neuquén, Río Negro y la región del NEA.
La primera señal de que se iba a incumplir el acuerdo la dieron las petroleras la semana pasada cuando salieron a advertir que necesitaban un aumento del 7% promedio para no quedar tan desfasadas de la inflación de mayo del 7,8%. Por distintas vías y voceros, las empresas plantearon que frente a una inflación acumulada del 42% en los primeros cinco meses del año, los valores de las naftas y el gasoil solo habían registrado hasta mayo un alza del 23%.
La reacción oficial
Ante la advertencia de las petroleras, la reacción oficial encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa fue la de salir a decir que no se iba a permitir un aumento superior al 4,5%, que de por sí ya estaba 0,5% por encima de lo pactado hasta las PASO de mediados de agosto.
Con una engañosa comunicación de YPF de que el aumento era de "11 pesos por litro promedio país que representa un 4,5% promedio país"; las petroleras comenzaron a remarcar los surtidores con subas que, salvo en la Capital Federal, se ubicaron entre el 6% y 8% promedio y con el dato saliente de que en varias provincias el precio del gasoil premium pasó a superar la barrera de los $ 300 por litro.
Tras la entrada en vigencia de los nuevos valores, las autoridades económicas y energéticas hicieron "mutis por el foro" y con sus silencios terminaron convalidando la movida de las petroleras que sumó un nuevo desmarque del cada vez más insustancial programa "Precios Justos".
Ante la situación planteada con las petroleras, muchas empresas—sobre todo las comercializadoras de alimentos—quieren ver ahora qué medidas adopta el secretario de Comercio, Matías Tombolini ante el incumplimiento de la pauta de aumentos que estaba prevista para los combustibles.
¿Habrá sanciones?
Hace menos de un mes, frente un ajuste de precios que había superado en 3,3% el límite de 5% de aumento que estaba vigente, el massista Tombolini le aplicó con bombos y platillos una fuerte sanción a la cadena de "Supermercados Día".
El castigo consistió en la suspensión del acceso prioritario al uso de divisas para el pago de importaciones por 30 días y la señalización de las sucursales porteñas y bonaerenses con fajas llamativas para que los consumidores tomen conocimiento del incumplimiento de la empresa.
Más allá de que nadie espera ver la foto de Tombolini sancionando a las petroleras, lo que genera una marcada preocupación entre las empresas y los usuarios es que pasará a mediados de julio y agosto cuando llegue el momento de actualizar los precios de las naftas y el gasoil.
Todo indicaría que las petroleras ya dieron por caído el compromiso de aumento del 4% cada 30 días y que en los próximos dos meses los surtidores van a seguir la variación inflacionaria con subas que no bajarían del 7% promedio.
La advertencia de las estaciones de servicio
En medio del escenario, los dueños de las estaciones de servicios volvieron a advertir que atraviesan una "crítica situación" y se autodeclararon en "estado de emergencia". La Cámara de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) remarcó la creciente caída de la rentabilidad del sector que se encuentra prácticamente con la "soga al cuello" y casi sin posibilidades de poder pagar los aumentos salariales,
"Necesitamos medidas paliativas concretas que nos permitan salir de la crisis, poder cubrir los costos de la operación diaria y cumplir con los acuerdos paritarios. Con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las estaciones y los miles de puestos de trabajo, declaramos el estado de emergencia", resolvieron las cámaras y federaciones que integran la CECHA.
"Desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente, pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores", destacó la entidad.
Los directivos de CECHA indicaron que los ingresos específicos de las estaciones por venta de los combustibles -que bordean el 10% del precio del surtidor- quedaron en el freezer entre mayo 2021 y enero 2022 y luego permanecieron contenidos por los acuerdos de precios que fueron pactando las petroleras.
"Si proyectamos a agosto de este año, el descalce entre los ingresos contenidos y los egresos actualizados llevará a que la mitad de las estaciones de todo el país no puedan alcanzar el punto de equilibrio actual que tiene un piso de venta de 330.000 litros por mes", alertaron las autoridades de la CECHA.
Fuente: iProfesional