16/03/23

Nueva pulseada entre petroleras y el Gobierno por los próximos aumentos de combustibles

Las sucesivas postergaciones de los ajustes de esos tributos van camino a convertirse en un serio problema normativo y un agujero económico

Por Antonio Rossi


Las petroleras quieren alinear los aumentos de precios con la inflación

Con los surtidores de las estaciones de servicio recién remarcados con un aumento promedio del 3,8% -correspondiente al último escalón del sendero de ajustes de precios que habían acordado con el Gobierno a fines del año pasado-, el principal interrogante que ha comenzado a ganar terreno en el ámbito petrolero gira en torno a cuáles serán los porcentajes de incrementos que tendrán las naftas y el gasoil a partir de abril.

Tras haber cumplido con el esquema de subas mensuales que habían consensuado con el ministro de Economía, Sergio Massay que dio lugar a ajustes mensuales del 4% promedio entre noviembre y febrero y del 3,8% en marzo, ahora las productoras y comercializadoras de combustibles líquidos -con YPF a la cabeza- quieren alinear los precios al público con la disparada inflacionaria registrada en lo que va del año y cubrirse con un alza adicional antes de los primeros días de junio.

Ante un índice de precios minorista que va a camino a acumular en el primer trimestre del 2023 una variación del orden del 20%, los valores de los combustibles arribarán a fines de marzo con un aumento promedio acumulado de apenas el 12,27%.

Desde las petroleras señalan que hay tres motivos salientes que apuntalan la aplicación de nuevas y reforzadas actualizaciones de precios en los combustibles. En primer lugar, se encuentra la necesidad de mejorar sus ingresos para hacer frente a los mayores costos operativos y salariales.

A eso se agrega, el traslado de los mayores valores de los biocombustibles que viene aprobando el Gobierno y que deben adquirir para poder cumplir con los porcentajes de mezcla establecidos para cada tipo de producto. Y, por último, está la presión adicional de los dueños de las estaciones de servicio que buscan mejorar sus márgenes de ingresos para afrontar el encarecimiento de sus gastos corrientes y atender las demandas salariales de sus empleados.

Con ese combo de razones, las petroleras buscarían convencer al equipo económico de que requieren nuevas subas mensuales que dupliquen las aplicadas hasta ahora y lleguen lo más cerca posible a un promedio del 10% cada 30 días.

Combustibles: petroleras y Gobierno discuten por nuevos aumentos

Frente a ese planteo -que ya han comenzado a deslizar en estricto off desde las oficinas de las petroleras-, la postura inicial de Massa y la secretaría de Energía, Flavia Royón sería volver a negociar un nuevo sendero de aumentos igual al anterior que no supere el 4% mensual para no seguir alimentando la marca inflacionaria que ya se ubica entre las más elevadas del mundo con una variación interanual del 102,5%.

Si bien aún no hay fecha cierta, se estima que a partir de la próxima semana los integrantes del equipo ecónomo y los directivos de las petroleras se verán otra vez las caras para tratar de delinear una pauta de ajuste para los combustibles que deje conformes a ambas partes.

Tanto los funcionarios, como los empresarios tienen en claro que los próximos aumentos deberían aplicarse entre abril y los primeros días de junio porque a partir de ese momento el desarrollo de la campaña electoral llevará al Gobierno a impedir cualquier retoque de precios que le impliquen asumir costos políticos de cara a las PASO.

Más allá de los argumentos estadísticos que tienden a minimizar el impacto de los incrementos de los combustibles en el índice inflacionario, lo cierto es que en el actual escenario económico cualquier suba en los surtidores tiene un efecto múltiple sobre los precios de los alimentos y los servicios de transporte.

En el caso del transporte de cargas, afecta tanto a las tarifas de los fletes terrestres de los granos, como a todos los traslados por camiones, trenes y barcos.

En tanto, por el lado del transporte público de pasajeros, los aumentos que recaen sobre el gasoil empujan para arriba los gastos operativos de las líneas de ómnibus y ferroviarias y disparan los subsidios tarifarios que viene desembolsando el Estado para no trasladar la totalidad de los costos reales de cada viaje a los usuarios.

¿Se posponen aumentos de impuestos internos?

Aunque todavía no ha sido confirmado, en el sector petrolero ya dan como un hecho que la cartera económica volverá a postergar el traslado de los aumentos de impuestos internos que se han venido frenando y acumulando desde fines de 2021.

Se trata de las actualizaciones trimestrales de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) que la administración de Alberto Fernández tiene pendientes de aprobación desde hace un año y medio.

Las sucesivas postergaciones de los ajustes de esos tributos van camino a convertirse en un serio problema normativo y un agujero económico que deberá afrontar como herencia el próximo gobierno que surja de las elecciones.

Según un informe elaborado por la consultora Economía y Energía (E&E)-- dirigida por el economista y exvicepresidente de Administración Finanzas de YPF entre 2012 y 2015, Nicolás Arceo--, el Estado ha dejado de recaudar hasta fines de 2022 un total de u$s1.800 millones por la no aplicación de los aumentos que correspondían en los impuestos internos a los combustibles.

El trabajo de la consultora destacó que a esa suma hay que agregar otros u$s600 millones por la no actualización de los importes del ICL e IDC durante el primer trimestre de este año.

De acuerdo con los cálculos de E&E, si a partir de abril el ministro de Economía, Sergio Massa, decidiera dar el visto bueno para el traslado de todas las actualizaciones pendientes, la carga impositiva en las naftas y gasoil debería registrar un aumento del 137%.

Según las reglas de juego vigentes tras los cambios introducidos durante el gobierno de Mauricio Macri, los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) deben actualizarse por la inflación trimestral pasada en los meses de enero, abril, julio y octubre.

Hasta ahora, ya se llevan acumuladas siete postergaciones de las subas correspondientes a los dos últimes trimestres de 2021, los cuatro de 2022 y el primer de este año. En los próximos días, saldría un nuevo decreto para patear para más adelante la actualización que debe entrar en vigencia a partir de abril.

Fuente: iProfesional