Por Antonio Rossi
Casi al mismo en que era confirmado en un comunicado de la la cuenta de X de la Oficina del Presidente Electo de Argentina (@OPEArg), el futuro secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo se topó el martes con otra mala noticia proveniente de la administración saliente de Alberto Fernández que podría afectar seriamente el abastecimiento gasífero en el próximo período invernal.
Ante la deserción anticipada de los posibles oferentes y para no tener que afrontar el costo político de un fracaso licitatorio, el ministerio de Economía y la empresa estatal Enarsa decidieron postergar la apertura de las ofertas para la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que estaba agendada para el viernes y pasarla para los últimos días de diciembre cuando ya se encuentren en funciones las nuevas autoridades de la gestión Milei.
La decisión de estirar los plazos de la licitación del segundo tramo del GPNK se suma a otra medida relevante del ámbito gasífero que adoptaron la semana pasada el ministro Sergio Massa y el titular de Enarsa, Agustín Gerez.
Tras el anuncio de Milei de que se iban a paralizar todas las obras públicas, Massa ordenó frenar la adjudicación del proyecto de reversión del Gasoducto Norte y dejarle la resolución del tema a los futuros funcionarios del área energética.
Gasoducto Norte: una obra clave
La reversión del Gasoducto Norte constituye una obra clave destinada a suplantar el gas importado que dejará de enviar Bolivia por la producción local de Vaca Muerta, que ya debería estar en ejecución para poder tenerla habilitada antes del próximo invierno.
La demora en la definición de las empresas que llevarán adelante esa obra ha encendido una doble señal de alerta y preocupación en el equipo de asesores de Rodríguez Chirillo por los problemas de suministro de gas que se registrarían desde fines de mayo en las provincias del Noroeste Argentino (NOA).
Para contrarrestar la situación y reemplazar los menores ingresos de Bolivia, no se descarta que para el período invernal el gobierno entrante disponga una mayor importación de Gas Natural Licuado (GNL) por barco, junto con la sustitución de parte del gas destinado a las centrales térmicas por combustibles líquidos más caros.
En la pelea licitatoria por el Gasoducto Norte, el consorcio integrado por Techint y SACDE -la constructora de Marcelo Mindlin y los principales ejecutivos de Pampa Energía- tiene presentada la oferta más baja para la ingeniería de detalle, la ampliación de la red y las nuevas plantas compresoras.
Su oferta inicial ascendió a $146.996 millones con un descuento adicional de 3,80%, que terminó bajando el precio final a $141.410 millones. En tanto, la segunda oferta en carpeta corresponde a la empresa BTU Hermanos y asciende a un total de $183.384 millones.
El escollo que enfrentan los funcionarios de Enarsa es que la oferta más conveniente está por encima del presupuesto oficial de referencia que se había establecido en el llamado a licitación.
Si bien inicialmente los abogados de la empresa había indicado que se podía actualizar el presupuesto teniendo en cuenta el impacto inflacionario de los últimos meses, el directorio de Enarsa y el ministerio de Economía decidieron no firmar la adjudicación al tándem de Techint-SACDE y pasarle la pelota a las autoridades que asumirán el 10 de diciembre.
Financiamiento externo asegurado
A diferencia de la mayor parte de las obras públicas que se pagan íntegramente con recursos presupuestarios y que ahora corren el riesgo de quedar paralizada por el recorte de gastos que anunció Milei, la reversión del Gasoducto Norte tiene un financiamiento externo asegurado por el 75% del costo total. De los u$s710 millones de inversión que demandarán los trabajos, el Gobierno ya cuenta con u$s540 millones provenientes de una línea de crédito específica otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.
En lo que respecta a la ampliación del GPNK, la apertura de ofertas para la compra de los caños y las tuberías para la segunda etapa entre Salliqueló (Buenos Aires) con San Jerónimo (Santa Fe) ha sido prorrogada hasta el 20 de diciembre
Según el cronograma oficial, la obra destinada a incrementar los despachos de gas de Vaca Muerta hasta unos 39 millones de metros cúbicos diarios (MM3/día) iba a ser inaugurada en agosto del próximo año. Pero por el retraso que arrastra el proceso licitatorio, ahora se estima que la terminación de los trabajos podría extenderse hasta mediados de 2025.
La licitación demorada comprende la adquisición de caños de 36 pulgadas de espesor, 12 metros de largo y unos 5.000 kilos de peso cada uno. El segundo tramo del gasoducto tiene una extensión de 524 kilómetros y cuando esté terminado permitirá abastecer a grandes ejes urbanos e industrias del centro y norte del país. En San Jerónimo, además, se podrá acoplar con el Gasoducto Norte de TGN y a otros dos gasoductos para exportar a Uruguay y Brasil.
A diferencia de lo que pasó con las cañerías de la primera etapa Tratayen-Salliqueló que se adquirieron con recursos presupuestarios, ahora las empresas interesadas tienen que presentar sus ofertas con propuestas de financiamiento, condición que limita la lista de los posibles proveedores y deja abierto el precio final que terminará pagando el Estado.
Compromiso brasileño
Al igual que las licitaciones del primer tramo y las correspondientes a las obras de reversión del Gasoducto Norte, el principal candidato para quedarse con la provisión de los caños vuelve a ser el grupo Techint que cuenta con un compromiso de financiamiento del BNDES del Brasil.
Esa asistencia crediticia se extiende hasta u$s690 millones y está condicionada a que el suministro de las chapas y la fabricación de los caños queden a cargo de la brasileña Confab y la local Siat Tenaris, dos empresas controladas por Techint.
Más allá de lo que pueda suceder con la licitación de los caños, lo que está bajo un gran signo de interrogación es de dónde saldrán los restantes u$s1.300 millones que se necesitan para pagar las obras de ingeniería y montaje.
Con un Estado sin recursos y sobreendeudado, no sería extraño que la administración Milei decida dar baja lo hecho hasta ahora y proceda a lanzar una nueva convocatoria bajo el sistema PPP, el mecanismo de participación público-privada mediante el cual las empresas privadas primero construyen con financiamiento propio y luego recuperan lo invertido con bonos públicos a largo plazo y el cobro de tarifas o peajes a los usuarios que utilizan las nuevas obras de infraestructura.
Fuente: iProfesional
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