11/12/23

PPP: la riesgosa receta de Milei para remplazar las obras públicas estatales

La gestión libertaria promete traspasar las nuevas obras públicas a manos privadas con el polémico modelo PPP que fracasó durante el macrismo.

Por Antonio Rossi



A juzgar por las señales que han estado bajando los futuros ministros del Interior, Guillermo Francos y de Infraestructura, Guillermo Ferraro en las reuniones mantenidas con empresarios, consultores y banqueros; la eliminación por completo de la obra pública tradicional a cargo del Estado que prometió Javier Milei en la campaña electoral no se dará en forma inmediata y su concreción en la práctica dependerá de los resultados que pueda mostrar en el mediano plazo el programa económico del nuevo Gobierno.

Al igual que el fin de la casta política, la dolarización y la implosión del Banco Central; el traspaso de las obras públicas y de infraestructura íntegramente a manos privadas mediante el sistema PPP quedó condicionado a que no queden en el camino las medidas de fondo de “primera generación” pergeñadas por Milei para reducir el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales, domar la inflación y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas locales.

Según los datos oficiales de la administración saliente, actualmente hay un total de 2.831 obras públicas de diversas características que están en ejecución y adjudicadas.

Tanto Francos, como Ferraro destacaron que “los contratos firmados y en ejecución se van a respetar” y que iban a ser sometidos a “un proceso de renegociación para reprogramar los plazos de las obras” en sintonía con los recursos disponibles.

De esa manera, los nuevos ministros buscaron despejar el escenario extremadamente negativo que se iba a registrar si se daban de baja todos los contratos en curso. A los 2.831 juicios que interpondrían contra el Estado las constructoras afectadas, se sumarían los despidos de alrededor de 220.000 trabajadores que dependen de las obras publicas y el pago de millonarias penalidades económicas por la no utilización de los créditos concedidos por organismos internacionales (Banco Mundial, BID, Banco de Desarrollo de América Latina-CAF) para proyectos de infraestructura y servicios que están en marcha.

La idea que tiene Milei para cambiar el paradigma actual del negocio de las obras públicas consiste en la aplicación generalizada del mecanismo de Participación Pública Privada (PPP) para llevar adelante los nuevos proyectos y programas de obras en las áreas de energía, transporte, agua y saneamiento, salud, vivienda y seguridad.

Nacidos en los 80 en Inglaterra, los PPP tuvieron su época de auge en España y algunos países de Latinoamérica unos años después; pero nunca llegaron a hacerse masivos.

Técnicamente consisten en convenios entre contratistas privados que adelantan los fondos y construyen las obras y el Estado que asegura el repago de la inversión a largo plazo y autoriza el cobro de aranceles, peajes o tarifas por su uso.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los convenios PPP “son una modalidad de contratación en la cual los riesgos y responsabilidades se distribuyen ente el sector público y el privado. En un contexto de restricción presupuestaria como el actual, permiten diferir en el tiempo la carga sobre las cuentas públicas dado que, en el corto plazo, el financiamiento es aportado por el sector privado”. De esta manera, el Estado está tomando deuda pública a largo plazo sin que sea contabilizada en los balances.

Las estadísticas del Banco Mundial muestran que las obras de infraestructura y servicios concretadas bajo el paraguas de los PPP no superan el 10% a nivel global y que en muchos casos fracasaron antes de tiempo por fallas de instrumentación y el fuerte encarecimiento financiero de los costos finales de los proyectos.

En el plano local, los contratos PPP están regulados por la ley 27.328 aprobada en 2016. En los presupuestos de los años 2018 y 2019, la administración de Mauricio Macri había conseguido la autorización para avanzar con una serie de proyectos PPP destinados a obras viales, de infraestructura energética, construcción de viviendas y proyectos hídricos.

De todos ellos, solo logró poner en marcha los PPP para seis corredores viales con un ambicioso programa de obras privadas de US$ 6.000 millones que terminó en un marcado fracaso.

Las inversiones iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y luego repagadas con el cobre de peajes y títulos de deuda del Estado que se rescatarían en forma semestral. Al poco tiempo de haber arrancado, los concesionarios debieron afrontar la crisis cambiaria y económica que llevó al gobierno de Macri a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el cierre de todas las fuentes externas de financiamiento. A eso se sumó un contratiempo judicial inesperado: la mayoría de las constructoras que integraban los consorcios quedaron salpicadas en la causa de los “cuadernos de Centeno”.

Sin posibilidad de obtener el financiamiento que habían prometido y con marcados atrasos en las obras, los PPP viales fueron mantenidos en pie hasta la salida de Macri, con prórrogas y modificaciones en las reglas de juego de dudosa legalidad.

Congelados durante varios meses tras la llegada del Gobierno de Alberto Fernández, los PPP viales se dieron de baja en el segundo semestre de 2020. De acuerdo con el estudio de la OPC, los trabajos concretados representaron solo 1,18% del total de las obras que estaban previstas y le terminaron generando al Estado una deuda de US$ 112 millones por los bonos que había entregado como anticipo de las futuras inversiones.

“A la luz del fracaso reciente a nivel local y a los disímiles resultados obtenidos en la región y en el mundo con los modelos de PPP, es menester sincerar las dificultades políticas, económicas, financieras y sociales que ofrece nuestro país para esta modalidad de contratos con inversiones millonarias y plazos prolongados”, destacó el profesor e investigador de la UTN, Hugo Daniel Bianchetto.

En un análisis crítico sobre los alcances e impactos de los PPP publicado hace dos años en la revista “Rumbos Tecnológicos”, Bianchetto dejó por anticipado una advertencia que ahora tiene una marcada actualidad: “Es imprescindible ponderar seriamente los graves problemas ese sistema ha generado al maltratado Estado Nacional antes de reincidir en su circunstancial implementación para nuevas obras de infraestructura porque es altamente probable que vuelva a ser el sector público el más perjudicado”.

Fuente: Nota Editada en LetraP