Aunque faltan casi ocho meses para las internas y diez para las elecciones presidenciales, el escenario político ha comenzado a poblarse con los esbozos y borradores de las propuestas económicas que deberían encarar las próximas autoridades nacionales que desembarquen en la Casa Rosada a partir de diciembre.
La mayor actividad se registra en el campamento de Juntos por el Cambio donde los potenciales candidatos a encabezar la fórmula presidencial tanto del lado del PRO, como de la UCR ya tienen alistados a distintos economistas y consultores políticos.
En ese marco, salió a la luz en el inicio de enero el primer “plan específico destinado al sector energético” elaborado por el histórico y reconocido “think tank” del Instituto “General Mosconi” que conduce el exsecretario de Energía, Jorge Lapeña.
Si bien está identificado con el radicalismo, el plan diseñado por el Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi contiene un paquete de reformas y una hoja de ruta que puede llevar adelante una administración de cualquier signo opositor centrista y moderado.
La política energética delineada por los técnicos del IAE--que abarca el período de gestión del próximo gobierno—comprende la revisión de las principales medidas que viene implementando la actual administración de Alberto Fernández; la aprobación de nuevos mecanismos de precios, tarifas y subsidios; la definición de nuevos planes quinquenales para obras de infraestructura y la regularización de los entes reguladores y la administradora del mercado mayorista eléctrico (Cammesa).
Entre las principales medidas del “Plan Energético” del Instituto Mosconi sobresale la que impulsa “nuevos criterios para la fijación de los precios mayoristas del petróleo y del gas natural”.
Los precios del petróleo en boca de pozo se regirán por los valores correspondientes al valor FOB exportación del crudo menos los costos de transporte entre el yacimiento y el punto de exportación. A su vez, los precios de venta de productores a refinerías nacionales se regirán por el precio en boca de pozo de la cuenca respectiva más el costo de transporte auditado hasta la refinería.
En el caso del gas natural, precio en boca de pozo surgirá de un valor negociado y calculado sobre la base de costos auditados de producción más ganancia razonable o bien valor FOB exportación menos los costos de transporte reales pagados a las transportistas hasta el punto de exportación. Y por el lado del GNL, se adicionará a ese valor los costos reales de la planta de licuefacción.
Junto con ese esquema que implica la eliminación del actual mecanismo de precio sostén o barril criollo, el plan contempla la formulación de un “programa de certificación de reservas auditadas” para determinar el alcance real de la potencialidad de Vaca Muerta.
TARIFAS Y SUBSIDIOS
En capítulo referido a los servicios de luz y gas, el documento del IAE plantea la necesidad de encarar una marcada “recomposición tarifaria y una focalización de subsidios” para remplazar el esquema actual de “segmentación” por medio de revisiones tarifarias integrales (RTI) en los primeros 180 días de gestión.
En este sentido, la propuesta sostiene que “la política de subsidios tendrá como norte solo la población vulnerable, cuyos integrantes deberán acreditar su condición, ya sea a través de las bases de datos con las que cuenta el Estado o a través de un sistema de presentación espontánea con asignación de beneficios condicionados a la comprobación previa de medios de vida. El resto de la demanda deberá recorrer un sendero de recomposición que finalice con precios que reconozcan la totalidad del costo de la energía consumida”.
En el caso específico del servicio de gas, el plan establece la derogación lisa y llana de la ley de zonas frías “por estar basada en subsidios energéticos irracionales desde el punto de vista técnico y por ser socialmente innecesarios y conspirar contra la eficiencia energética”.
CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS
Con respecto a las concesiones de las usinas hidroeléctricas de la Patagonia que expiran este año, el Mosconi considera que se deben prorrogar por 12 meses y volver a la órbita del Estado Nacional a partir de 2024, tal como está previsto en los contratos firmados en 1993.
Una vez en manos del Gobierno nacional “se deberá con criterios técnicos un nuevo sistema de tarifario para la retribución de la energía generada que reconozca la totalidad de los costos de operación y mantenimiento de las centrales y la provisión de fondos para financiar la extensión de la vida útil de las instalaciones”.
OBRAS BAJO LA LUPA
Otra medida que promete generar ruido es la que prevé poner en revisión una serie de proyectos y emprendimientos energéticos críticos que, a juicio del IAE, no tienen aprobada su “factibilidad integral”.
La lista de las obras y contratos cuya continuidad o cancelación serán puestas bajo la lupa comprende a: las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y las líneas de transporte de alta tensión para despachar la energía de esas usinas; la actividad productiva de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); la central nuclear Atucha III; las importaciones de gas natural de Bolivia y la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner.
NUEVO ENTE REGULADOR
En cuanto a los entes reguladores de energía eléctrica y gas que seguirán intervenidos hasta el cambio de gobierno, el plan del Mosconi promueve una “regularización inmediata” y posterior fusión en un único organismo de control de alcance nacional.
A las actuales intervenciones que encabezan Osvaldo Pitrau (Enargas) y Walter Martello (ENRE) se les exigirán que envíen a consideración del Congreso “informes detallados de las anomalías que detectaron junto con las medidas que adoptaron para solucionarlas”.
El plan del IAE también hace foco en una “inmediata regularización institucional de la Cammesa para que deje de ser un canalizador ilegal de subsidios del Estado nacional a los actores del mercado eléctrico y se pueda concentrar en sus funciones específicas”.
Para los técnicos del Mosconi, la Cammesa deberá dedicarse solo “administrar el despacho nacional de cargas y las transacciones mayoristas” y no podrá volver a comprar y vender energía, intermediar entre productores de combustibles y generadores, firmar contratos de compra de centrales y emitir garantías en nombre del Estado”.
Por último, el plan contempla la creación de una “comisión técnica para el análisis y propuesta de modificación del marco regulatorio eléctrico”.
Esa comisión “deberá evaluar en un plazo de 180 días nuevos criterios de tarificación eléctrica alternativos a los vigentes que promuevan mayor equidad y la aplicación de una tarifa uniforme para todo el territorio nacional, determinando un sistema racional y autosuficiente para la absorción y reparto de la totalidad de los costos incurridos”.
Fuente: iProfesional
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