Por Antonio Rossi
La acelerada normalización del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que el gobierno de Alberto Fernández quiere dejar cerrada antes del 10 de diciembre, chocó con un fuerte rechazo en el Congreso impulsado por senadores nacionales de Juntos por el Cambio.
En línea con la propuesta de reordenamiento y unificación de los organismos de control eléctrico y gasífero que vienen planteando los principales asesores energéticos de Patricia Bullrich y Javier Milei; un grupo de 17 senadores salió a reclamar la suspensión y anulación del proceso de selección de las nuevas autoridades del ENRE que lleva adelante la Secretaría de Energía comandada por la massista salteña, Flavia Royón.
El Gobierno busca renovar autoridades del ENRE antes de las elecciones
El ENRE fue intervenido a principios de 2020 bajo el paraguas de la ley 27.541, que declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social". La intervención iba a durar solo de 180 días, pero se fue prorrogando varias veces sin que se diera cumplimiento a la instrucción que ordenaba la normalización del directorio.
El primer interventor el ENRE fue el kirchnerista Federico Basualdo, quien a los pocos meses le pasó la posta a la camporista Soledad Manín. Tras el desembarco de Sergio Massa en la cartera de Economía en agosto del año pasado, Manín fue remplazada por el massista bonaerense, Walter Martello, quien hasta ahora se mantiene al frente del organismo de control.
Tras haberlo mantenido intervenido más de tres años y medio y sin que se diera a conocer el informe final de las supuestas irregularidades que habían disparado la defenestración del anterior directorio nombrado durante la gestión macrista; las autoridades de Energía decidieron regularizar contrarreloj el ENRE para poner en funciones a la conducción antes del cambio de mando en la Casa Rosada.
Por medio de la resolución 607/23, la Secretaría de Energía puso en marcha a fines de julio un "concurso abierto de antecedentes y oposición para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del ENRE".
El período de inscripción expiró el último día de agosto y, según los datos que se barajan en el sector, se habrían presentado alrededor de 15 postulantes para los puestos en juego.
Los inscriptos deberán pasar ahora por el filtro de un "comité de evaluación" armado con funcionarios provinciales afines al Gobierno y un gremialista oficialista de Luz y Fuerza que tendrá que decidir quienes pasan a formar parte de las ternas finales para cada cargo.
Senadores de Juntos por el Cambio ponen en duda el concurso del ENRE
El pedido de suspensión del concurso lanzado para el ENRE que emergió del Congreso lleva las firmas de los siguientes senadores: Edith Terenzi, Juan Carlos Romero, Luis Naidenoff, Julio Martínez, Mario Fiad, Luis Juez, Victor Zimmermann, Humberto Schiavonni, Pablo Blanco, Mercedes Valenzuela, Gladys González, Eduardo Vischi, Lucila Crexell, Silvia Giacoppo, Flavio Fama, Carolina Losada y Dionisio Scarpin.
Tras denunciar que la jugada oficial "tiene como objetivo condicionar al próximo Gobierno", basaron su planteo para voltear la selección de los nuevos reguladores eléctricos en cinco puntos relevantes.
En primer lugar, cuestionaron "la manifiesta pretensión de designar en el Comité de Selección a funcionarios que ejercen en la actualidad cargos políticos en el área de energía provinciales y nacionales, en lugar de profesionales idóneos con antecedentes académicos suficientes".
En ese sentido, los dardos de los legisladores de la oposición apuntaron contra Pablo Cuenca, titular del Ente Regulador Eléctrico de Corrientes; Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires; Jorge Horacio Guibergia, director de Energía Eléctrica de Salta; Gustavo Monesterolo, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut; Guillermo Moser, titular de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza; Luciano Paulin, director del Ente Regulador Eléctrico de Entre Ríos; y Victor Sinagra, gerente de Estudios Eléctricos de la Cammesa.
En segundo lugar, advirtieron que "el artículo 9 de la resolución 607/2023 violenta las facultades de contralor de la oposición al limitar la participación del Congreso en dicho comité de selección a la de dos representantes, uno por cada Cámara, seleccionado por las "presidentas" y no por la decisión de los integrantes de las respectivas cámaras".
En tanto, en tercer lugar, denunciaron que la maniobra del Gobierno constituye "un deliberado apartamiento del objetivo del marco regulatorio que es establecer la independencia de los reguladores, tanto del poder político como de las empresas reguladas, gestándose a través de concursos que legitiman la libre concurrencia de los participantes y el principio de igualdad en la selección garantizando la independencia de los elegidos".
Agregaron, también, que "la auditoría técnica, jurídica y económica que debía realizar la intervención no se encuentra publicada, lo cual estaría violando las previsiones de la ley 27275 de acceso a la información pública".
Por último, destacaron que "el inexplicable apuro y la urgencia oficial por normalizar el ente que está intervenido desde marzo de 2020 torna dudoso el concurso, habida cuenta que el país se encuentra en un pleno proceso eleccionario que dará paso a la asunción de un nuevo gobierno".
Los senadores de Juntos por el Cambio resaltaron también que "las intervenciones en el ENRE y el Enargas dejaron como resultado tarifas congeladas y subvencionadas que, además, de haber producido una permanente inequidad, contribuyeron a generar un elevado déficit fiscal, una exagerada emisión de moneda y una inflación que ya ha superado el 100% anual".
Nota Editada en LetraP
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